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Economía

España defiende una reforma lo más simple del Tratado de Lisboa para hacer permanente el fondo de rescate

España defiende una reforma "lo más simplificada posible" del Tratado de Lisboa para convertir en permanente el fondo de rescate creado en mayo para asistir a los países con problemas para refinanciar su deuda y que expira en 2013, ha informado el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, en la Comisión Mixta para la UE que forman diputados y senadores.
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Diego López Garrido Diego López Garrido

Esta es la posición que España defenderá en el Consejo Europeo que se celebrará la semana próxima en Bruselas, en el que los líderes europeos abordarán la creación de un fondo permanente que sustituya al actual de 750.000 millones de euros, para lo que se plantean, a instancias de Alemania, reformar el Tratado de Lisboa que lleva apenas un año en vigor.

Aunque esta reforma persigue garantizar la estabilidad financiera en los países que comparten la moneda única, el resto de Estados miembros de la UE que no están en la zona euro participarán inevitablemente en la negociación de la reforma del Tratado, ya que para llevarla adelante se requiere la "unanimidad" de los Estados miembros, con la aprobación de sus respectivos parlamentos, ha explicado.

La reforma, ha informado López Garrido, se realizará a través de un procedimiento de revisión simplificada, lo que impide que la creación del mecanismo de rescate "implique nuevas transferencias de competencias a la Unión" y que sea necesario convocar una convención para modificar el Tratado.

La hoja de ruta que manejan los países miembros es que los trabajos sobre ese futuro mecanismo de rescate terminen "en marzo del año que viene", cuando los Gobiernos de la UE tendrán que aprobarlo y luego deberán remitirlo a sus parlamentos para que lo ratifiquen con el objetivo de que pueda entrar en vigor el 31 diciembre de 2013, fecha en la que expira el mecanismo actual, según López Garrido.

En estas últimas semanas, el equipo del presidente permanente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, se ha entrevistado con los países miembros para consultar con ellos cómo debería orientarse esa reforma.

Según López Garrido, "ha habido bastante consenso" respecto a que habría que modificar el artículo 136 sobre la coordinación de las políticas económicas en la eurozona y al que se le quiere "añadir la posibilidad de ese mecanismo de resolución de crisis".

Los Estados miembros, ha recordado, pactaron el pasado 28 de noviembre unos "elementos generales" sobre cómo debería ser ese mecanismo que incluyen la aceptación de "una posible participación del sector privado basada en función de la situación presupuestaria de los Estados que pudieran estar necesitados de esa ayuda".

"En ese supuesto --ha continuado-- sería necesario que el Estado negociase un plan de reestructuración con los acreedores privados y, para facilitar este proceso habría que concluir en las nuevas emisiones de los Estados miembros a partir de 2013 lo que se ha llamado las cláusulas de acción colectiva para impedir que una minoría de acreedores pueda bloquear la adopción de un plan de reestructuración".

Esta fue una propuesta que surgió de Alemania y que, en opinión de España, "ha quedado bastante acotada y muy matizada respecto de la pretensión inicial, de tal forma que se hará caso a caso en función de la situación presupuestaria del Estado beneficiario de la ayuda", ha señalado.

España, ha agregado, "ha aceptado que haya una participación del sector privado, pero no de forma automática", sino "voluntaria". También ha aceptado que haya unas cláusulas de actuación colectiva, "pero manteniendo siempre el valor presente de los títulos puesto que entendemos que la deuda soberana tiene siempre unas características que no son asimilables a las deudas privadas".

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