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JUSTICIA

El Equipo Psicosocial Judicial de Euskadi atendió en 2014 a más de 5.000 menores infractores

EL EPJ realiza pruebas periciales psicosociales en procesos matrimoniales y de protección de menores, entre otras funciones.

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El Equipo Psicosocial Judicial de Euskadi atendió en 2014 a 9.475 personas. De ellas, 5.058 han sido menores infractores y sus familias, así como víctimas de sus delitos en proceso restaurativos, 4.191 han sido componentes de las unidades familiares evaluadas en informes de Familia y 226 personas lo han sido como menores víctimas en pruebas pre-constituidas o en la evaluación de la credibilidad del testimonio o daño psicológico.

Estos datos han sido dados a conocer por el director de Administración de Justicia del Gobierno vasco, Jon Uriarte, quien ha clausurado este miércoles en San Sebastián el curso de verano de la UPV/EHU 'Niños y niñas víctimas y testigos en los procedimientos judiciales. Implicaciones desde la Psicología Forense'.

En su intervención, Uriarte ha explicado que el Equipo Psicosocial Judicial (EPJ) es un órgano técnico que se encarga de auxiliar a la Administración de Justicia en Euskadi y ha precisado que su origen se sitúa en las transferencias al País Vasco de los psicólogos, trabajadores sociales y educadores que realizaban sus funciones en los Juzgados de Menores, Juzgados de Familia, Clínicas Forenses y Juzgados de Vigilancia Penitenciaria dependientes del Ministerio de Justicia que se produjo en 1996.

Asimismo, ha indicado que el EPJ actúa bajo el principio de independencia en sus funciones técnicas, emite sus informes periciales o de asesoramiento y facilita los programas restaurativos, de acuerdo con los criterios de investigación científica y de interés de los menores y de las víctimas, a demanda directa de los órganos judiciales o de las Fiscalías de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Con respecto a su estructura, se concibe como una unidad de servicio, con ámbito de actuación en toda la CAPV, organizándose en tres equipos que se ubican en las sedes judiciales de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, y con un ámbito territorial de actuación que corresponde en cada caso a Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

En cuanto a sus funciones, se pueden concretar en tres áreas. La primera de ellas sería la Jurisdicción Civil, con la realización de la prueba pericial psicosocial en procesos matrimoniales (guarda y custodia, régimen de comunicación y estancias, nulidad civil del matrimonio, emancipación de menores. A solicitud tanto de los juzgados de Familia como de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer), y en procedimientos de protección de menores (oposición a órdenes forales de tutelas, privación de la patria potestad, acogimientos familiares, adopciones).

"Testimonios vulnerables"

El segundo área sería la Jurisdicción Penal, con la realización de la evaluación psicológica de testimonios vulnerables en las pruebas pre-constituidas y anticipadas, así como asistencia a las declaraciones. El objetivo es "obtener un testimonio de calidad en víctimas y testigos vulnerables, así como evitar la revictimización", ha explicado Uriarte.

Finalmente, el Equipo Psicosocial Judicial asume la evaluación psicológica, sociofamiliar y educativa destinada al informe de asesoramiento sobre menores infractores, que se realiza en diferentes momentos procesales (instrucción, audiencia, ejecución de medidas), así como las funciones de mediación y organización en las denominadas soluciones extrajudiciales (expresiones de la Justicia Restaurativa).

Uriarte ha detallado que durante 2014 el Equipo Psicosocial Judicial ha recibido 2.970 demandas de intervención pericial. De ellas, 1.242 evaluaciones psicosociales de unidades familiares en Derecho de Familia, 1.537 demandas de informes o procedimientos de mediación sobre menores infractores, 177 asistencias psicológicas a testimonios mediante pruebas pre-constituidas y 14 informes relacionados con daño psicológico en víctimas.

Estas demandas han supuesto que durante ese mismo año el EPJ haya atendido a 9.475 personas. De ellas, 5.058 han sido menores infractores y sus familias, así como víctimas de sus delitos en proceso restaurativos, 4.191 han sido componentes de las unidades familiares evaluadas en informes de Familia y 226 personas lo han sido como menores víctimas en pruebas pre-constituidas o en la evaluación de la credibilidad del testimonio o daño psicológico.

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