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ARAGÓN

Educación, función pública y sanidad componen el grueso de las 2.090 quejas al Justicia en 2010

La crisis y las quejas de los ciudadanos aragoneses respecto de la función pública, la sanidad y la educación sostenida con fondos públicos han sido los principales ejes de actuación del Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, durante 2010, año en el que ha recibido 2.090 quejas, lo que ha motivado 300 resoluciones.
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Fernando García Vicente, el Justicia de Aragón Fernando García Vicente

El 17% de sus sugerencias y recomendaciones no han tenido respuesta de las Administraciones Públicas, principalmente por parte de ayuntamientos, ha lamentado.

García Vicente ha protagonizado este miércoles el primer Pleno de las Cortes de Aragón del presente curso político, en el que ha dado cuenta de su informe anual, una "auditoría externa" que recoge algunas de las 2.090 quejas ciudadanas, de las que 213 corresponden al área de Educación, 173 a Función Pública y 169 a Sanidad.

Además, hubo 153 quejas referidas a Justicia, 144 a Interior, 136 a asistencia social, 120 a urbanismo, 116 a medio ambiente, 113 a servicios públicos, 108 a Derechos, 102 a Hacienda y 96 a vivienda.

Un total de 85 quejas aludían a asuntos relativos a menores, 75 a trabajo, 50 a cultura y patrimonio, 40 a obras públicas, 36 a agricultura, 34 a comercio, 34 a seguridad social, 25 a industria, 18 a economía, 7 a ganadería, tres a contratación pública, dos versaban sobre la defensa del Estatuto de Autonomía y una sobre turismo.

Una de las quejas ciudadanas que más apoyo ha concitado ha sido la presentada por la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación (AZAJER) con motivo del recorte presupuestario introducido por el Gobierno de Aragón, que suspendió la subvención, lo que pudo abocar al cierre de la entidad, lo que finalmente se subsanó. Esta queja llegó al Justicia acompañada de 100 firmas.

Además, 29 ciudadanos rechazaron el cierre de la emisión por satélite de Aragón Televisión y 19 exigieron la mejora de las condiciones del Colegio Público Miralbueno de Zaragoza.

De las 2.090 quejas presentadas al Justicia en 2010, 582 encajaban en el ámbito de competencias de las administraciones locales, 740 de la autonómica y 60 de la Administración General del Estado. El resto fueron expedientes rechazados que se remitieron a otros organismos.

CRISIS

Una de las fuentes de quejas de 2010 ha sido la crisis, ya que "mucha gente nunca pensó que tendría dificultades para pagar el recibo de la luz", casos en los que la Institución les informa sobre los lugares a los que pueden acudir para solucionar su problema.

Sobre las quejas relativas a la función pública, García Vicente ha hecho un llamamiento "para que se reconozca el papel que los funcionarios tienen", que en muchos casos es una "labor ingrata". El Justicia se ha preguntado "cuántos médicos operan a las tres de la mañana" y ha reclamado "un reconocimiento" a los mismos.

El titular de la institución ha valorado positivamente que el Departamento de Educación aplique el principio de proximidad del domicilio para asignar centro escolar y ha comentado que las quejas por este proceso de asignación de plazas son cada vez menores. Ha rechazado la posibilidad de aplicar como criterio la proximidad del centro al centro de trabajo de los padres y ha pedido "flexibilidad".

"Hacen falta más centros de educación infantil" porque hay una "carencia clara" en las capitales de provincia, ha proseguido el Justicia. Además, ha dicho, han aumentado las quejas de padres por sanciones impuestas a sus hijos en el centro escolar. García Vicente ha detectado la falta de plazas de Formación Profesional

De las quejas sanitarias, García Vicente ha señalado que los médicos asumen su responsabilidad y ha considerado necesario evitar la "medicina defensiva" por el coste personal que supone. "Hay que intentar que la medicina se utilice solo cuando es necesaria".

García Vicente ha aludido al caso de los ciudadanos aragoneses que no han podido comprar medicamentos en Cataluña por no aceptar la sanidad de la región vecina sus tarjetas. El Justicia se dirigió a su homólogo catalán, el Síndic de Greuges, obteniendo una respuesta positiva. También se ha dirigido a la defensora del pueblo español.

Además, ha lamentado el escaso número de respuestas a sus intervenciones relativas a urbanismo por parte de los ayuntamientos y ha considerado que en unos casos se debe a que "no saben cuál es la forma de arreglar aquello" y en otros porque "detrás del urbanismo hay muchos intereses".

El Justicia ha recomendado reducir los ingresos en prisión y ha alertado de las malas condiciones de los centros de detención de la comunidad autónoma, excepto el de Ejea de los Caballeros. También ha lamentado la escasa oferta de trabajos en beneficio de la comunidad, la pena alternativa con que se sancionan algunos delitos.

Sobre el litigio de los bienes de la Franja, Fernando García Vicente ha recordado que ya hay una sentencia firme "que nos beneficia" y ha añadido que "tenemos la razón jurídica". También ha aludido al litigio de los bienes de Sigena (Huesca), el más antiguo y que se encuentra atascado en el Tribunal Supremo (TS) porque el Pleno rechaza siempre el informe del ponente, Eugenio Gay.

En el área de agricultura, Fernando García Vicente ha propuesto actualizar los registros de las comunidades de regantes, porque algunos títulos están a nombre del "abuelo" y "cualquier notificación que se haga es nula". También ha apostado por acelerar la concentración parcelaria haciendo ejecutivas algunas decisiones. Ha anotado quejas referentes a las carreteras N-II y N-232, y a la travesía central pirenaica (TCP) y los precios del AVE.

EN PERSONA

Los ciudadanos siguieron dirigiéndose al Justicia personalmente en su mayoría. El año pasado se personaron 1.027 ciudadanos, un 16% más que en 2009. Las quejas por internet se redujeron de 688 a 634.

En 2010 se inauguró un nuevo servicio, "la oficina móvil del Justicia", de la que ha indicado que "somos una auditoría externa de los problemas que hay" en las Administraciones públicas, y ha considerado preciso "que los ciudadanos tengan voz" y que los políticos deben ser "leales con ellos" porque "se deben a ellos".

El Justicia ha defendido la Cámara de Cuentas y ha solicitado apoyo a los funcionarios destinados a tareas de control, como los secretarios e interventores municipales. "Hemos visto casos en que se ha tratado de suplir a un interventor con una gestoría", ha alertado.

GRUPOS

La socialista María Victoria Broto ha recordado que las quejas aluden a la crisis, la igualdad de oportunidades y los servicios públicos y ha comentado que "es muy importante la empatía entre la Administración y los administrados".

El portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Adolfo Barrena, ha recordado que la financiación municipal "está sin resolver desde 1978" y ha proclamado que hay una "gran deuda" una "deuda clarísima con los ayuntamientos, las instituciones más cercanas a la ciudadanía" que tienen encomendada la prestación de servicios.

El diputado de CHA José Luis Soro ha defendido el papel de la institución y ha considerado "escandaloso" que algunas instituciones no respondan a las sugerencias y recomendaciones del Justicia. Soro ha criticado la vigencia del Concordato Estado-Iglesia y ha felicitado al Justicia por crear la oficina móvil y por su sitio web, que es trilingüe.

La popular Yolanda Vallés ha resaltado cómo algunas quejas son recurrentes y ha comentado que el Ayuntamiento de Zaragoza es uno de los que más quejas reciben.

El portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha agradecido al Justicia su "austeridad" y ha señalado la importancia de la institución en temas como la política hidráulica o el Archivo de la Corona de Aragón, así como su defensa del derecho aragonés.

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