A vueltas con la realidad urbanística y el catastro inmobiliario

En el número de octubre de 2012) de esta Revista de Urbanismo -EDC 2012/2049...

En el número de octubre de 2012) de esta Revista de Urbanismo -EDC 2012/204998 afirmaba que u0022conseguir la identidad, o al menos la aproximación fiable, entre las situaciones físicas, registrales y urbanísticas de los inmuebles constituye la clave del arco de todo sistema catastral. Pero, ¿cuál es esa “realidad” que debe reflejar el Catastro? ¿Y cómo hacer que la descripción catastral concuerde con dicha “realidad”?u0022 .

Lo cierto es que casi tres años después, seguimos sin poder contestar claramente a esta pregunta, e incluso la respuesta se ha complicado más a raíz de la STS de 30 mayo 2014 (recurso de casación en interés de ley nº 2362/2013  -EDJ 2014/85803-) y de la reciente reforma del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario operada por Ley 13/2015, de 24 de junio, cuya entrada en vigor el 1 de noviembre de 2015 eleva a rango de ley la interpretación del Tribunal Supremo. Y así, la Ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria y la del Catastro Inmobiliario (BOE nº 151 de 25 junio 2015) -EDL 2015/102048 ha dado nueva redacción al artículo 7.2.b) del texto refundido de la Ley catastral -EDL 2004/2896-, con el objetivo de recoger el criterio jurisprudencial que considera que los suelos urbanizables sin planeamiento de desarrollo detallado o pormenorizado deben ser clasificados como inmuebles de naturaleza rústica.

Hasta ahora, la frontera entre las fincas urbanas y las rústicas a efectos catastrales -y, por tanto, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), entre otros-, se encontraba entre el suelo urbano y el urbanizable sectorizado o delimitado, por un lado, y el suelo urbanizable no sectorizado o no urbanizable, por otro. Ello conducía a que suelos que no se podían urbanizar porque no contaban con el correspondiente instrumento de ordenación pormenorizada tributaran como urbanizados a pesar de encajar en la situación de suelo rural. Con el parón del proceso urbanístico por el estallido de la crisis inmobiliaria, la espera podía alargarse indefinidamente y los resultados no siempre eran justos.

El Tribunal Supremo afirma que no es suficiente con que el suelo urbanizable haya sido calificado como sectorizado o delimitado para tributar como urbanizado a efectos catastrales, sino que para ello se tiene que haber aprobado el correspondiente plan parcial o instrumento equivalente que establezca las determinaciones para su desarrollo.

La sentencia tiene su origen en un conflicto entre el Ayuntamiento de Badajoz y los propietarios de unos terrenos a los que les había recalificado fincas rústicas como urbanas, que lucharon para seguir pagando el IBI rústico. El fallo del Tribunal Supremo es claro y pleno de sentido común: el valor catastral del suelo materialmente rústico pero recalificado urbanísticamente no puede ser el propio del suelo urbano aunque la varita del planeamiento municipal lo haya sectorizado (o sea, calificado como destinado a ser urbanizado), mientras no se hayan aprobado los planes o instrumentos de desarrollo que permitan dicha urbanización.

Según el Alto Tribunal, el suelo urbanizable sectorizado o delimitado por el planeamiento general no tiene per se la consideración catastral de suelo urbano, sin distinguir si se encuentra ordenado o no ordenado, puesto que el artículo 7.2.b) del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario -EDL 2004/2896 (antes de la reforma por Ley 13/2015 -EDL 2015/102048 ) sólo excluía de tal consideración al urbanizable no sectorizado sin instrumento urbanístico de desarrollo aprobado (FJ. 6). Ratificando el criterio de la sala de instancia (STSJ de de Extremadura de 26 marzo 2013 -EDJ 2013/67585-), el Tribunal Supremo confirma que “hay que entender que el legislador catastral quiso diferenciar entre suelo de expansión inmediata donde el plan delimita y programa actuaciones sin necesidad de posteriores tramites de ordenación, de aquel otro que, que aunque sectorizado carece de tal programación y cuyo desarrollo urbanístico queda pospuesto para el futuro, por lo que a efectos catastrales sólo pueden considerarse suelos de naturaleza urbana el suelo urbanizable sectorizado ordenado, así como el suelo sectorizado no ordenado a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo. Antes de ese momento el suelo tendrá, como dice la sentencia recurrida, el carácter de rústico” (FJ 6).

Con todo, y así creo contestar a la primera de las preguntas formuladas, se puede admitir cierta discordancia entre la realidad urbanística y la catastral, o entre la valoración a efectos tributarios y la descripción catastral del bien, puesto que responden a principios y dinámicas de funcionamiento diferentes. No es contradictorio afirmar que el catastro debe acercarse a la realidad urbanística (no sólo física, sino también económica y jurídica, como sabemos), y admitir que la situación de suelo urbanizado no puede ser tratada como un bloque homogéneo a efectos tributarios.

Así que, efectivamente, hay que perder el miedo a la diferencia y aceptar que las situaciones básicas del suelo del TRLS -EDL 2008/89754 no permiten un trato monolítico a efectos catastrales. Lo que no se puede aceptar es una brecha demasiado profunda entre el valor del mismo inmueble cuando se trata de pagar (catastro) y cuando se trata de cobrar (indemnización expropiatoria). El problema es, pues, también cuantitativo y no sólo cualitativo: cuánta discordancia resulta admisible para mantener un estándar mínimo de justicia tributaria y asignación equitativa de los recursos públicos.

Por lo que se refiere a si los Ayuntamientos están obligados a revisar sus clasificaciones urbanísticas o catastrales por efecto directo de la sentencia, hay que recordar que el Tribunal Supremo inadmite el recurso de casación en interés de Ley, rechazando fijar como doctrina legal la tesis defendida por la Administración General del Estado y la Dirección General del Catastro. Los efectos vinculantes de esta sentencia son, por tanto, limitados, al no ser estimado el recurso. Pero el Abogado del Estado ha conseguido que la doctrina contraria a sus intereses tenga una enorme repercusión. El espaldarazo definitivo lo ha dado, sorprendentemente, el propio legislador estatal al reformar el artículo 7.2.b) de la Ley catastral -EDL 2004/2896 por Ley 13/2015 -EDL 2015/102048 , a pesar de que, como digo, la STS carecía de efectos vinculantes generales.

De los eventuales efectos que va a tener la generalización de este criterio jurisprudencial podemos hacernos una idea si leemos los pronósticos del Abogado del Estado expuestos en el fundamento jurídico primero. Se estima que en toda España hay cerca de un millón de parcelas de suelo urbano sin edificar, paralizadas desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, cuyos propietarios podrían beneficiarse de esta medida y que dejarán de pagar por ellas el IBI urbano.

La Ley tendrá, por tanto, un impacto notable en la recaudación municipal. ¿Pero cuándo entrará en vigor la nueva medida? Según la redacción dada a la disposición transitoria 7 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario -EDL 2004/2896-, el cambio de naturaleza de los inmuebles afectados será de aplicación a partir del primer procedimiento simplificado de valoración colectiva que se inicie con posterioridad a su entrada en vigor, prevista para e1 1 de noviembre de 2015. A tales efectos, los Ayuntamientos están obligados a comunicar a la Dirección General del Catastro la situación urbanística de sus suelos urbanizables para que pasen a la situación de rústico los que carezcan de ordenación detallada. En el caso de los inmuebles rústicos cuyo suelo haya sido clasificado como urbanizable, mientras no cuenten con ordenación pormenorizada, habrá que esperar a los módulos de valoración que se aprueben por Orden del Ministro de Hacienda (disposición transitoria 2), aplicándose mientras tanto unos valores transitorios que tampoco serán efectivos hasta el 1 de enero del año en que se inicie el procedimiento simplificado de valoración colectiva. A la vista de la reforma legal, veo complicado que los contribuyentes puedan reclamar a la Administración que les devuelva lo pagado indebidamente por el IBI u otros impuestos invocando la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que no fija doctrina legal (circular 27/2014 de la FEMP), y dado que la reforma legal no contempla su aplicación retroactiva.

Por último, tampoco creo que la interpretación del Tribunal Supremo, ahora incorporada a la Ley, deba considerarse como una injerencia excesiva del legislador catastral (estatal) en el legislador urbanístico (autonómico), que puede seguir manteniendo la realidad del suelo urbanizable como hasta ahora. Pero sí que podría servir de estímulo para la aprobación masiva del planeamiento de desarrollo, paralizado por la crisis, con el objetivo de hacer efectivo y consolidar el valor urbanizado de los inmuebles a efectos catastrales. Sin embargo, la crisis inmobiliaria no se ha superado, así que será más fácil dar marcha atrás en la calificación urbanística de los terrenos, que aprobar los instrumentos de desarrollo necesarios para ello (véase la circular 47/2015 de la FEMP).

Lo que está claro es que la brecha entre la realidad catastral y la urbanística se hace de nuevo patente y que en los próximos años seguiremos asistiendo a desencuentros entre Catastro y Ayuntamientos, con la especulación como escenario y el ciudadano de cobaya.

Quizás no esté de más comenzar estas líneas recordando que la Sentencia d...

Quizás no esté de más comenzar estas líneas recordando que la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014, desestimó el recurso de casación en interés de ley núm. 2362-2013 -EDJ 2014/85803-, interpuesto por la Abogacía del Estado respecto de una Sentencia dictada por la Sala de ese mismo orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, sobre calificación catastral del suelo urbanizable sectorizado sin instrumento urbanístico de desarrollo. Lo que conlleva, ex art. 100.7 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que la parte dispositiva de esta resolución no fija la doctrina legal vinculante para los órganos judiciales inferiores en grado del orden contencioso.

Lo dicho no supone negar trascendencia a la función hermenéutica llevada a cabo por esta Sentencia, en particular si se repara en el hecho de que en su fundamento de Derecho sexto se realiza una interpretación del art. 7.2 b) del texto refundido de la Ley del catastro inmobiliario -EDL 2004/2896 en los siguientes términos: “hay que entender que el legislador catastral quiso diferenciar entre suelo de expansión inmediata donde el plan delimita y programa actuaciones sin necesidad de posteriores tramites de ordenación, de aquel otro que, que aunque sectorizado carece de tal programación y cuyo desarrollo urbanístico queda pospuesto para el futuro, por lo que a efectos catastrales sólo pueden considerarse suelos de naturaleza urbana el suelo urbanizable sectorizado ordenado así como el suelo sectorizado no ordenado a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo. Antes de ese momento el suelo tendrá, como dice la sentencia recurrida, el carácter de rústico.”

Debe hacerse notar que la literalidad del art. 7.2 b) del texto refundido de la Ley del catastro -EDL 2004/2896 ha sido modificada por la Ley 13/2015, de 24 de junio -EDL 2015/102048-, de modo que allí donde el texto originario atribuía la condición de suelos de naturaleza urbana a los urbanizables “siempre que estén incluidos en sectores o ámbitos especiales delimitados, así como los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo”, en su redacción actual esa condición se predica de los suelos incluidos en sectores o ámbitos espaciales delimitados siempre que “se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada”. Con esta reforma, el legislador ha “abandonado” las posiciones en su día sostenidas por la Abogacía del Estado, que defendiera en el recurso de casación en interés de ley la consideración como suelo urbano —a efectos catastrales— del suelo sectorizado o delimitado, y ha venido a consagrar la tesis del Tribunal Supremo en la materia. Este cambio legislativo atempera, por ello mismo, los efectos que pudiera haber tenido el acogimiento incondicionado de la tesis en su día propugnada por la Abogacía del Estado.

Dicho esto, podemos responder ya a la primera de las preguntas que se nos plantean en este tema: la relativa a la oportunidad de seguir manteniendo “dos realidades diferentes, la urbanística y la catastral sobre el mismo terreno”. En este punto creo que debemos ser conscientes de que es la visión jurídica la que moldea los objetos sobre los que opera el ordenamiento y no al revés. El Derecho transforma las realidades prejurídicas para poder proceder a la ordenación de la vida social y de las relaciones entre los ciudadanos. Lo que implica que los hechos no le son “dados” al Derecho sino que este los “toma” y lo hace desde diversas perspectivas jurídicas; son estas perspectivas jurídicas las que determinan el enfoque y, a su través, las conclusiones a las que pueden llegar los operadores jurídicos.

En el caso concreto de los terrenos, su consideración como rústicos o urbanos no puede reputarse como un hecho natural sino puramente convencional, de modo que la clasificación final será el resultado el contraste del bien con los criterios seleccionados por la norma de aplicación al caso. Nada impide, por más que pueda resultar en ocasiones poco aconsejable desde la perspectiva de la coherencia del sistema y aun del principio de seguridad jurídica, que unos mismos hechos puedan recibir tratamientos distintos según sean contemplados desde perspectivas jurídicas diversas, como sucede, sin ir más lejos, con las perspectivas proporcionadas por las normas catastrales y urbanísticas. Unas y otras atienden a finalidades distintas y pueden, por ello mismo, dar soluciones distintas y aun aparentemente contradictorias. Así ha sucedido, por lo demás, habitualmente en nuestro Derecho y así parece inevitable que continúe sucediendo en el futuro por las razones antes apuntadas.


No creo, sin embargo, que el texto refundido de la Ley del catastro inmobiliario abra la puerta a una clasificación urbanística del suelo por el Estado, ni siquiera a efectos puramente tributarios. Basta con leer con cierta atención la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 -EDJ 2014/85803-, para caer en la cuenta de que este Alto Tribunal no solo no ha considerado que la regulación catastral “encierre” una clasificación urbanística del suelo, sino que, apoyándose expresamente en las SSTC 61/1997, de 20 de marzo -EDJ 1997/860-, y 164/2001, de 11 de julio -EDJ 2001/14932-, ha hecho hincapié en que la utilización por el legislador estatal de determinados conceptos o expresiones urbanísticas no prefigura un modelo de crecimiento de la ciudad ni predetermina el proceso de transformación urbanística del suelo sino que tiene, exclusivamente, un valor instrumental para la definición catastral del bien.

Cuestión distinta es que la Sentencia pueda, en efecto, servir de acicate a la aprobación de instrumentos de planeamiento a cuyo albur puedan clasificarse como urbanos no pocos terrenos. Intereses tributarios existen para ello, nadie lo duda. Ahora bien, la Sentencia del Alto Tribunal está redactada desde el que parece escrupuloso respeto al orden de distribución de competencias en materia urbanística, sin invadir el órgano judicial la esfera de atribuciones reservadas a otros poderes públicos. Es posible que algunos municipios vean en esta Sentencia una buena ocasión para proceder a la modificación de sus instrumentos de planeamiento urbanístico. Pero convendrá no olvidar que esa visión será el fruto de un hecho previo: que esa misma Sentencia ha obligado a formalizar la caracterización urbanística del suelo sin que sea legítimo prescindir del ejercicio de la potestad de planeamiento para obtener, subrepticiamente, unas determinadas rentas tributarias.

No creo, en fin, que los ayuntamientos vengan obligados a revisar sus clasificaciones urbanísticas, pues, como ya se ha indicado, la consideración de determinados terrenos como “urbanos” a efectos catastrales se efectúa justamente desde la perspectiva que ofrece la legislación catastral, que es distinta de la que proporciona la normativa urbanística. Cuestión distinta es que el catastro venga obligado a revisar y corregir sus clasificaciones allí donde no se cumplan las exigencias establecidas por la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 -EDJ 2014/85803-, ahora incorporadas al art. 7.2 b) del texto refundido de la Ley del catastro -EDL 2004/2896-. Si así no lo hiciera, la clasificación urbanística de un terreno como urbano pese a no existir instrumento de sectorización o delimitación debería ser objeto de revisión. Respondo con ello, implícitamente, a la última pregunta, pues entiendo que, en tanto no haya caducado la acción para reclamarlo, los ciudadanos podrán fundar su impugnación de la liquidación de los tributos correspondientes en la incorrecta clasificación catastral del suelo. Creo que la Sentencia de 30 de mayo de 2014 proporciona buenos y sólidos fundamentos en Derecho para ello.

Desde una perspectiva general, quizá conviene recordar que la Legislación e...

Desde una perspectiva general, quizá conviene recordar que la Legislación estatal se ha apartado de las técnicas de tipología de planes y de clasificación de suelo por la denominada “legislación negativa” del Tribunal Constitucional como se refleja paradigmáticamente a partir de la Exposición de Motivos de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo -EDL 2007/28567-. Así, en la misma se establecía:

“.. Pero además, del nuevo orden competencial instaurado por el bloque de la constitucionalidad, según ha sido interpretado por la doctrina del Tribunal Constitucional, resulta que a las Comunidades Autónomas les corresponde diseñar y desarrollar sus propias políticas en materia urbanística. Al Estado le corresponde a su vez ejercer ciertas competencias que inciden sobre la materia, pero debiendo evitar condicionarla en lo posible.

Aunque el legislador estatal se ha adaptado a este orden, no puede decirse todavía que lo haya asumido o interiorizado plenamente. En los últimos años, el Estado ha legislado de una manera un tanto accidentada, en parte forzado por las circunstancias, pues lo ha hecho a caballo de sucesivos fallos constitucionales. Así, desde que en 1992 se promulgara el último Texto Refundido Estatal de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, se han sucedido seis reformas o innovaciones de diverso calado, además de las dos operaciones de «legislación negativa» en sendas Sentencias Constitucionales, las número 61/1997 -EDJ 1997/860-, y 164/2001 -EDJ 2001/14932-. No puede decirse que tan atropellada evolución -ocho innovaciones en doce años constituya el marco idóneo en el que las Comunidades Autónomas han de ejercer sus propias competencias legislativas sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”.

“… Para ello, se prescinde por primera vez de regular técnicas específicamente urbanísticas, tales como los tipos de planes o las clases de suelo, y se evita el uso de los tecnicismos propios de ellas para no prefigurar, siquiera sea indirectamente, un concreto modelo urbanístico y para facilitar a los ciudadanos la comprensión de este marco común”.

“Con independencia de las ventajas que pueda tener la técnica de la clasificación y categorización del suelo por el planeamiento, lo cierto es que es una técnica urbanística, por lo que no le corresponde a este legislador juzgar su oportunidad. Además, no es necesaria para fijar los criterios legales de valoración del suelo. Más aún, desde esta concreta perspectiva, que compete plenamente al legislador estatal, la clasificación ha contribuido históricamente a la inflación de los valores del suelo, incorporando expectativas de revalorización mucho antes de que se realizaran las operaciones necesarias para materializar las determinaciones urbanísticas de los poderes públicos y, por ende, ha fomentado también las prácticas especulativas, contra las que debemos luchar por imperativo constitucional”.

No obstante, a pesar que se indique que las técnicas referidas no son necesarias para fijar los criterios legales de valoración de suelo, no debe pasar desapercibido que el empleo de esas técnicas urbanísticas –de clasificación y calificación urbanística y de planeamiento urbanístico tienen mucho que ver con el valor propio de los correspondientes terrenos.

Es decir, podrá dirigirse la atención a los criterios de valoración (sic) pero finalmente, o mejor dicho, como la realidad tozudamente impone, de forma inexcusable, esos criterios deben descansar sobre la realidad urbanística (sic) sobre las que se opera y esa realidad urbanística no puede desconocerse que tanto tiene que ver y tanto incide con la valoración de los correspondientes terrenos y es donde se van a plantear inevitables “roces de ajuste” respecto a la técnica de las denominadas situaciones básicas de “suelo rural” y de “suelo urbanizado”.

Si de esa perspectiva estatal de la legislación de Suelo se pasa a la legislación estatal en materia de Catastro cuya naturaleza, objeto y finalidades ya no son obviamente las de Suelo pero tampoco las meramente de naturaleza tributaria, el pronóstico de los referidos “roces de ajuste” con la realidad urbanística no mejoran ya que vuelve a resultar una nueva técnica ahora calificada de “bienes inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales” a los exclusivos efectos catastrales.

Pero vuelve a ser necesario reiterar que por más técnicas que se empleen inevitablemente se debe descansar sobre la realidad urbanística (sic) sobre las que se opera y en esa realidad urbanística sigue siendo notorio que tanto tiene que ver y tanto incide con la valoración de los correspondientes terrenos.

Desde luego no se ha a devaluar la singular dificultad recíproca que a las leyes estatales les corresponde para poder englobar los supuestos autonómico urbanísticos ni la de las leyes autonómicas para sintonizar, si se nos permite la expresión, con los supuestos de derecho estatal, pero para el caso que se presenta parece oportuno relacionar lo argumentado por la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª Sección 2ª de 30 de mayo de 2014 -EDJ 2014/85803-, recaída en la vía del recurso de casación en interés de la ley, en cuanto establece lo siguiente:

“En efecto, algunas leyes autonómicas distinguen entre suelo urbanizable sectorizado y suelo urbanizable no sectorizado; otras entre suelo urbanizable delimitado y suelo urbanizable no delimitado; otras entre suelo urbanizable priorizado y suelo urbanizable no priorizado; otras en fin, entre suelo urbanizable programado y suelo urbanizable no programado.
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Incluso, dentro del suelo urbanizable sectorizado, esto es, aquél que el plan general destina a ser urbanizado para completar o expandir el núcleo correspondiente estableciendo la delimitación de sectores, existen normativas que clasifican dicho suelo en suelo sectorizado ordenado y no ordenado, siendo el suelo sectorizado ordenado aquel suelo para el que el plan general establece directamente su ordenación pormenorizada de forma que se pueda proceder a su ejecución sin tramites de ordenación ulterior constituyendo el suelo urbanizable sectorizado no ordenado aquellos terrenos que el plan general considera susceptibles de urbanización, previa su ordenación pormenorizada mediante el correspondiente plan, en las condiciones y los términos establecidos por el plan general”.

Siendo ello así quizá resulta inevitable la utilización de calificaciones estatales a modo de ser permeables a distintos contenidos autonómicos y desde luego siendo necesario apuntar a la debida seguridad jurídica de la adecuada inteligibilidad de las calificaciones autonómicas respecto a las empleadas por la legislación estatal.

En esa inescindible interrelación de ejercicio de competencias estatales y autonómicas y del empleo de técnicas estatales y autonómicas lo que no parece de recibo es que se puedan seguir unos criterios de valoración que pudieran dar lugar para unos mismos terrenos a valores diferenciados, inclusive radicalmente hasta contradictorios, o a un resultado valorativo distinto según sea la calificación estatal o autonómica que se emplee.

Dicho de otra manera, sin una muy específica y convincente motivación y justificación, a no dudarlo que descienda de lo general al caso que se contemple, lo verdaderamente perplejo es que se pueda sostener para unos mismos terrenos y con efectos temporales en el mismo día, que su valor es acentuadamente discrepante y se contemple el caso, en abreviada síntesis, en materia de tributación municipal, en materia de tributación autonómica o en materia de tributación estatal, y porque no decirlo, hasta de forma diferenciada según sea la figura tributaria que se contemple.

Es más y a mayor abundamiento, se puede ser capaz de añadir a ello la posible concurrencia de otros valores en sede expropiatoria o de responsabilidad patrimonial y, porque no decirlo, hasta otros en materia de Urbanismo en sede de gestión urbanística o hasta en sede de responsabilidad patrimonial.

Quizá el que suscribe estas líneas sigue pensando en lo que nunca ha concurrido o no va a concurrir pero, desde luego, si el presente y el futuro de la legislación a la que desde luego hay que aplicarse, debe seguir insistiendo en proliferar en contradictorias valoraciones para lo mismo y en el mismo tiempo pero con resultado diverso, sin más justificación que las calificaciones del supuesto de hecho que se ideen desde la legislación que proceda, sea cual sea, esa tesitura se estima cuanto menos verdaderamente curiosa, por no emplear otro calificativo.

Como resulta sabido en la problemática recayente, en concreto, en el Suelo Urbanizable, el Tribunal Supremo en la Sentencia referida, a pesar del contenido desestimatorio del recurso de casación en interés de la ley, dejó debidamente establecido una doctrina que ha dado lugar a determinados particulares de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, bastando relacionar de su Exposición de Motivos -EDL 2015/102048 lo siguiente:

“Se recoge el reciente criterio jurisprudencial  que considera que los suelos urbanizables sin planeamiento de desarrollo detallado o pormenorizado deben ser clasificados como bienes inmuebles de naturaleza rústica y se aprueban nuevos criterios para su valoración teniendo en cuenta sus circunstancias de localización. Para agilizar y regular el cambio de clasificación de estos suelos urbanizables se adapta el régimen transitorio de la Ley y se modifica el procedimiento simplificado de valoración colectiva, lo que también permitirá en lo sucesivo adaptar con mayor agilidad los criterios de valoración contenidos en las Ponencias de valores catastrales a los cambios en las circunstancias urbanísticas de los inmuebles, sin necesidad de aprobar nuevas Ponencias”.

Efectivamente, si se ha operado por elevación, es decir se ha considerado y se ha llegado a una valoración a efectos catastrales en calificación superior a la que procede, pudiera plantearse la posibilidad que desde el ejercicio de las potestades urbanísticas del planeamiento urbanístico se tratase de alcanzar una clasificación y calificación urbanística que permitiese y posibilitase la calificación en sede de legislación estatal de Suelo y de Catastro que pudiese soportar una cifra valorativa como la que se alcanzó en su momento.

Esa hipótesis se considera arriesgada desde el punto de vista temporal ya que bien parece que producida esa modificación, si es que se produce, no tendría ni podría tener efectos retroactivos. Pero igualmente desde el punto de vista económico bien parece que la “alegría” urbanística de promoción inmobiliaria, pública o privada, ya no existe por lo que, a salvo supuestos que cuenten con apoyos de los titulares de los terrenos de su razón o de promotores que pudiese existir, la simple iniciativa de oficio se entiende de un esfuerzo tal para todos los casos que simplemente se estima que procede ir observando donde se hallan o pueden estar esas iniciativas y a qué efectos se desarrollan ya que pudiendo ser de cierto interés para mejorar la materia tributaria –al añadirse mayores importes en base imponible quizá se empeora el tratamiento de la materia expropiatoria –al añadirse la consideración de una valoración mayor a efectos de justiprecio expropiatorio-, entre otras.

En todo caso, la problemática que resulta de la necesidad de adecuar las valoraciones de los terrenos preexistentes a la verdadera naturaleza que les corresponde no pasa desapercibida y en especial cuando verdaderamente el desajuste de la valoración preexistente a lo que procede puede hasta resultar espectacular.

En esta vertiente la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo -EDL 2015/102048-, da buena muestra de la sustancial problemática que se plantea, desde luego a efectos futuros de la misma, y a resultas de las modificaciones operadas en ese último Real Decreto Legislativo, cuanto menos, en su artículo 7.2.b)  -EDL 2004/2896 respecto a su calificación catastral, en su artículo 30 para con el procedimiento simplificado y su valoración –apostillándose que se valorarán considerando, en todo caso, su localización y en la Disposición Transitoria Séptima –no pasando desapercibo que se contempla el supuesto a partir del primer procedimiento simplificado de valoración colectiva que se inicie a partir de la entrada en vigor de la Ley 13/2015, recayendo en los Ayuntamientos la carga de suministrar a la Dirección General del Catastro información sobre los suelos que se encuentren afectados-.

Con ello no se quiere decir otra cosa que a salvo la posible aplicación de otros supuestos de valoración catastral futuribles que concurriesen y fuesen procedentes, para los supuestos anteriores preexistentes no ajustados a la doctrina jurisprudencial expuesta, deberá estarse a la resultancia de las vías impugnatorias, administrativas o/y jurisdiccionales, que se hayan seguido en que se haya hecho valer un criterio que se ajuste a doctrina jurisprudencial expuesta y bien parece que también a las que en su caso procedan ejercitarse.