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ANDALUCÍA

La Ley de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental supera el debate de totalidad en el Parlamento andaluz

El proyecto de Ley de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de marzo, ha superado el debate de totalidad celebrado en el Pleno del Parlamento andaluz, por lo que continúa su tramitación en comisión parlamentaria. Ni PP-A ni IULV-CA han presentado enmiendas a la totalidad.

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Interior del Parlamento andaluz

Esta norma, que sustituirá a la vigente desde 1984, ampliará las posibilidades de acceso ciudadano a los documentos, incorporará nuevas formas de tramitación administrativa adaptadas a las nuevas tecnologías e incrementará los niveles de protección y racionalización, según ha explicado el consejero de Cultura, Paulino Plata, durante su intervención en el Pleno del Parlamento.

Según ha apuntado el consejero, la futura ley se aplicará a los documentos de titularidad pública, al Patrimonio Documental de Andalucía (fondos de interés para la comunidad autónoma) y a los archivos que constituyen el Sistema Archivístico de Andalucía, integrado actualmente por 947 públicos y seis privados.

Entre sus novedades más destacadas, Plata ha indicado que el proyecto establece un nuevo concepto de Patrimonio Documental Andaluz, que queda definido como el conjunto de todos aquellos documentos que, en razón no sólo de su origen y antigüedad sino también de sus valores culturales, poseen un interés para la comunidad autónoma.

Con el fin de asegurar el control y difusión de los mismos, se dispone la posibilidad de su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (Cgpha), donde tras la entrada en vigor de la ley, quedarán integrados directamente todos los fondos de conservación permanente que se custodian en el Archivo General de Andalucía y en el del Patronato de la Alhambra y el Generalife.

APOYO POR PARTE DE PP-A E IULV-CA

En su turno de intervención en la Cámara, el diputado del PP-A Antonio Garrido ha indicado que su formación no va a presentar ninguna enmienda a la totalidad porque considera que este proyecto de Ley es "necesario". Además, se ha mostrado convencido de que con la asistencia de expertos y de agentes sociales se alcanzará un consenso en torno a esta normativa, al tiempo que ha querido agradecer el esfuerzo de todo el personal que se ha ocupado del cuidado de los archivos, a los que ha considerado "un banco de la memoria".

Por su parte, el diputado de IULV-CA José Manuel Mariscal ha indicado que se hacía ya "urgente" un proyecto de ley "tan interesante" como éste, que venga a terminar con la "opacidad" que existe a la hora de acceder a determinados fondos archivísticos. Asimismo, ha preguntado a la Junta cuál es la dotación económica con la que contará para desarrollarlo y de dónde se va a sacar.

Finalmente, la diputada del PSOE-A ha asegurado que se trata de ley "muy importante" que no puede pasar "de puntillas" por el Parlamento andaluz, puesto que responde a una demanda de la ciudadanía. Tras mostrar su deseo de que PP e IU se sumen a esta iniciativa, ha dicho que la citada normativa potencia la generación de empleo e impide que se destruya el patrimonio archivístico.

INVENTARIO DE BIENES RECONOCIDOS DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

También cabe destacar que el texto dispone la creación del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Documental de Andalucía, en el que se identificarán aquellos documentos privados de interés para la comunidad autónoma, independientemente de su antigüedad.

Las obligaciones de los titulares de archivos y fondos constitutivos del Patrimonio Documental se regulan de una forma más precisa. Entre otras medidas, el proyecto introduce el deber de proporcionar cualquier información que sea requerida por la Junta y la obligación de comunicar operaciones de transmisión onerosa, que quedarán sometidas al derecho de tanteo y retracto por parte de la Administración.

Para los propietarios privados de documentos constitutivos del patrimonio, en función de su nivel de protección se fijan requisitos que van desde facilitar las inspecciones de la Consejería de Cultura a garantizar la conservación y custodia organizada.

Queda igualmente recogido el requerimiento de la autorización de la Junta para el traslado de los documentos de titularidad privada que se encuentran inscritos en el Cgpha, incluidos los de carácter temporal, así como el depósito y la expropiación forzosas de aquellos bienes que no tengan garantizadas sus condiciones de conservación, seguridad o acceso.

SANCIONES DE HASTA 100.000 EUROS

Otra de las novedades recogidas en el proyecto de ley es la reestructuración del Sistema Archivístico de Andalucía, especialmente dirigida al establecimiento de un modelo común e integral de gestión de los documentos que se aplicará a lo largo de toda la vida de los mismos, desde el momento en que se originan hasta que se decide sobre su conservación permanente o eliminación total, de tal forma que se garantiza la conexión entre los archivos y los centros productores.

En el caso de los fondos de titularidad privada, el acceso se limita específicamente a los inscritos en el Cgpha y a aquellos que tienen consideración de patrimonio documental y se custodian en archivos del Sistema Archivístico de Andalucía.

Finalmente, el proyecto de ley sistematiza el régimen sancionador y actualiza la cuantía de las multas de forma acorde con la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Como infracciones muy graves, sancionables con cantidades de entre 100.001 y 300.000 euros, se consideran, entre otras, las que conlleven la pérdida, desaparición o daños irreparables en bienes inscritos en el CGPHA, la eliminación de documentos de titularidad pública o el acceso indebido a fondos restringidos por ley.

Entre las infracciones graves, con multas de 50.001 a 100.000 euros, figuran el impedimento al derecho de acceso de la ciudadanía o intervenciones que supongan la pérdida, desaparición o daños en documentos del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Documental o custodiados en archivos del Sistema Archivístico de Andalucía. Como infracciones leves, con sanciones de hasta 50.000 euros, se establecen, entre otras, el incumplimiento del deber de información y el traslado de documentos de titularidad privada inscritos en Cgpha sin la autorización de la Consejería de Cultura.

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