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Dívar advierte que los consejos territoriales de Justicia no podrán hacer nombramientos ni sancionar a jueces

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, ha advertido durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que los futuros consejos territoriales de justicia no podrán ejercer la función de gobierno del Poder Judicial, tal y como estableció el propio Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia sobre el Estatut de Cataluña.
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Preguntado por este asunto por los diputados Emilio Olabarría (PNV), Jordi Jané (CiU), Federico Trillo (PP) y Julio Villarubia (PSOE), Dívar ha recordado el discurso que leyó con ocasión del acto de Apertura de los Tribunales, cuando señaló que la sentencia del TC ha establecido que "solo el CGPJ puede ejercer la función de gobierno del Poder Judicial que es único, y solo la Ley Orgánica del Poder Judicial " (LOPJ) puede dar cabida a formas de desconcentración que no siendo inconstitucionalmente imprescindibles han de marcar el funcionamiento de lo que quiera el legislador orgánico".

Según ha explicado el presidente del CGPJ, esto quiere decir que el Tribunal Constitucional no ha suprimido los consejos de justicia, sino que ha establecido que determinadas facultades del Consejo territorial previsto en el estatuto de Cataluña no son constitucionales, tales como la potestad de hacer nombramientos, la potestad disciplinaria y la inspección.

"Por la vía del legislador orgánico, dice el Tribunal Constitucional, se pueden llenar esas competencias de manera que no sean inconstitucionales", ha recalcado el presidente del órgano de gobierno de los jueces.

Sobre el cambio en el modelo de instrucción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Dívar ha subrayado que "una reforma tan amplia y profunda debe hacerse con prudencia y con consenso", porque si las leyes se cambian continuamente "producen inseguridad jurídica y quebrantamiento de la economía".

En cuanto a los consejos territoriales, el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, ha subrayado que el poder judicial es "un poder del Estado que no puede compartirse ni delegarse" a órganos autonómicos. "¿Estaría el Consejo en disposición de plantear un conflicto de competencias si el Gobierno sigue en sus trece de no acatar la sentencia del Estatuto de Cataluña?", ha preguntado.

En relación con este asunto, el diputado del PNV Emilio Olabarría ha mostrado su interés por conocer las funciones que asumirían estos órganos y ha advertido de que algunas de ellas pueden tener puntos en común con las tareas del CGPJ.

Desde CiU, Jané también ha instado a Dívar a pronunciarse sobre la creación de consejos autonómicos, después de que sus palabras críticas con respecto a estos futuros órganos "sorprendieran negativamente" en la apertura del Año Judicial.

Jané ha manifestado la "preocupación" y "discrepancia" de su grupo después de que el CGPJ no haya respondido a la resolución aprobada en abril de 2009 por la cual debía informar sobre el modo en que se desarrollarán estos consejos autonómicos, tenida cuenta que el Tribunal Constitucional ya ha emitido su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña que ha adelgazado las competencias de estos órganos.

8.000 ASUNTOS AL AÑO

A lo largo de su intervención, Dívar también ha afirmado que los problemas estructurales de la Justicia deben arreglarse entre todos. "Ustedes comprenderán que a un juez se le puede exigir que, entrando en su juzgado cerca de 8.000 asuntos al año, pueda resolver a la perfección y sin retrasos -ha afirmado-. Esas cosas se están haciendo frente casi a destajo".

Por otra parte, anunció que desde el CGPJ se está fomentando que jueces y magistrados jubilados puedan actuar como árbitros para rebajar la pendencia en los órganos judiciales. "Hay materias que no deberían llegar a los Juzgados cuando pueden ser resueltas por la mediación, para evitar gastos innecesarios", ha argumentado.

CRISIS INSTITUCIONAL

Dívar ha advertido de que la crisis económica está acompañada de otra "crisis institucional" y ha destacado que la "auténtica democracia" conlleva el "respeto a las minorías" pero también éstas deben compartir con "las mayorías la voluntad de llegar a consensos". "Estamos muchas veces atacando el Tribunal Constitucional, el CGPJ, al Parlamento, al Gobierno. ¿Qué queremos quedarnos sin instituciones?", ha espetado.

Ha destacado lo "difícil" que es para un juez compaginar la vida laboral y familiar. "¡Cuántos domingos emplean en la resolución de los problemas de la Justicia, con una diferencia que nosotros corregimos directamente nuestros propios errores.

El presidente del Tribunal Supremo ha señalado también que, a su juicio, "un juez debe ser callado, prudente y poco hablador, además de austero", y que a pesar de la pendencia de asuntos, de las dificultades que tienen y de el retraso que ha existido en la aplicación de las nuevas tecnologías, la calidad de los jueces españoles es extraordinaria.

Así, finalizó señalando que es necesario un pacto de la Justicia "que requiere un consenso de todos los miembros de la cámara" y defendió la política de nombramientos del Consejo, que en la práctica, a su juicio, "han sido efectivos" pese a que se dijo de ellos que sufrieron retrasos o no estuvieron a la altura.

Durante su turno de réplica, Trillo ha tildado de "barbaridad" la existencia de "seis millones de procedimientos criminales" abiertos actualmente en España, que refleja, a su juicio, el "deterioro de la convivencia social" y el estado de un país "aquejado de una dolencia grave". En su opinión, no es tan sólo una cuestión "moral" sino un tema de "orden social".

De igual modo, ha criticado la reforma del Código Penal que entrará en vigor el próximo diciembre y que, según ha dicho, castiga con mayor pena amenazar con practicar un aborto que el hecho de cometerlo. A su vez, ha alertado de las 78.000 condenas de trabajos en beneficio a la comunidad que siguen sin ejecutarse, antes de advertir que España "no es un país seguro". "Y un país seguro no es libre".

Por su parte, el diputado Olabarría ha expresado su preocupación por los datos de la Fiscalía General del Estado que apuntan a que "no estamos ganando la batalla" contra la violencia de género y ha traído a colación la "saturación" y el "colapso" de los juzgados de Violencia sobre la Mujer. En esta línea, ha advertido sobre la necesidad de ofrecer una "tutela judicial efectiva" a las víctimas de esta "aberrante" tipología delictiva.

"LASA-ZABALA".

El diputado nacionalista ha aprovechado para felicitar a los jueces que han intervenido en el caso Lasa-Zabala después de que Estrasburgo haya "avalado" la actuación de la justicia española aunque ha lamentado que los encausados hayan sido ya excarcelados.

Olabarría y Jané han coincidido en la necesidad de llegar a un "gran pacto de Estado" que fije la hoja de ruta a seguir para la "reforma de la Justicia" y vaya "más allá de acuerdos entre las formaciones mayoritarias".

Además, Jané ha propuesto alargar el periodo mínimo de permanencia de magistrados y jueces en sus puestos para evitar su "excesiva rotación" y ha alertado sobre el número "alarmante" de procedimientos concursales que se han "multiplicado por cinco" en los últimos años como consecuencia del "impacto" de la crisis.

El diputado socialista Julio Villarubia ha cargado contra las palabras de Trillo, afirmando que España "es un país que no es libre porque no es seguro", y ha denunciado que el dirigente 'popular' maneja con "bastante descuido" los datos de criminalidad.

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