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TASAS JUDICIALES

Los jueces Decanos también plantearon "tasas disuasorias" como medida "urgente" para reformar la Justicia

Los jueces decanos también incluyeron el "establecimiento de tasas pedagógicas o disuasorias" en el catálogo de medidas urgentes para la reforma de la Justicia que elaboraron con ocasión de su XXI Reunión Nacional celebrada en Vitoria a finales del mes de noviembre de 2011, apenas unas semanas antes de que Alberto Ruiz-Gallardón fuera designado ministro de Justicia.
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Así consta en el documento elaborado durante el encuentro que los jueces decanos de toda España celebraron entre el 28 y el 30 de noviembre del pasado año, al que ha tenido acceso Europa Press

Dentro de las medidas propuestas, la número 24 hace mención a la necesidad de plantear la apertura de un debate sobre la reintroducción de las tasas judiciales "evitando reclamaciones abusivas, reiterativas, innecesarias, banales o carentes de fundamento".

La propuesta añadía que la medida debería implantarse "quedando a salvo el derecho a la asistencia jurídica gratuita" y partiendo de la premisa de que la Administración de Justicia "es un bien escaso", amén "del enorme coste social y económico de los procesos judiciales".

Para los jueces decanos no se trataba de establecer un sistema de co-pago, "si no simplemente tasas "pedagógicas" o "disuasorias".

Propuesta de la AMP

En los mismos términos se manifestó, también en noviembre de 2011, la Asociación Profesional de la Magistratura (AMP), que en un documento titulado "Propuestas para la mejora de la Justicia" llaman la atención sobre el hecho de que "quien no tiene nada que perder no tiene inconveniente en acudir a la Justicia u oponerse a una demanda, pese a las nulas posibilidades de éxito, porque logrará paralizarla un tiempo u ocasionar un gasto a la parte contraria, sin perjuicio propio".

En este documento, la asociación mayoritaria de jueces planteaba la posibilidad de "introducir fórmulas de co-pago más o menos extensas", y se refería a este modelo como "un sistema justo de distribución de costes y que favorece a los ciudadanos no litigantes".

Añadían que "es evidente que el co-pago o pago de una tasa puede disuadir a los ciudadanos con rentas inferiores de acudir a la Justicia", si bien calificaban de "inadmisible" que se inicien pleitos "sabiéndose fehacientemente que se carece de derecho".

Proponían además compensar la tasas mediante el sistema de justicia gratuita, para liberar del pago de la misma a sus beneficiarios, o imponiendo su pago a quien resultara perdedor en el proceso.

Desmotivación de la carrera

En otro capítulo de este documento, titulado Desmotivación de la Carrera Judicial, la APM planteaba la implantación de incentivos económicos para los miembros de este colectivo de modo que parte de las tasas favorecieran directamente a los jueces en atención a su productividad, es decir, al número concreto de resoluciones dictadas o su complejidad.

Los jueces llegaban incluso a plantear la necesidad de plasmar estos incentivos en un plan de pensiones que permitiera que un juez que ingresase hoy en la Carrera tuviera garantizado a su jubilación obtener una indemnización de un mes de salario por año trabajado.

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