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ARAGÓN

Las Cortes indemnizarán a los diputados que han quedado en paro tras las elecciones

Es el octavo parlamento autonómico en tomar esta medida
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Cortes de Aragón

La Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón han acordado por unanimidad indemnizar a los diputados que se han quedado en paro tras las elecciones autonómicas celebradas el pasado 22 de mayo. La indemnización, denominada por cesantía, puede solicitarse en un plazo de seis meses y tiene que pedirse en el Registro de la Cámara aragonesa.

La decisión se tomó en la Mesa y Junta celebradas el pasado 7 de junio, según ha publicado este martes 'Heraldo de Aragón', y supondrá cobrar mensualmente la asignación base de 2.965,97 euros por cada año que ejercieron como parlamentario hasta un máximo de 18 mensualidades.

Para acogerse a ella, los diputados deberán apuntarse al Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), certificar su baja en la Seguridad Social y presentar sus declaraciones de renta y de bienes. Para tener todas las garantías, los beneficiarios cobrarán mes a mes con el objetivo de evitar dobles percepciones económicas y deberán presentar al final la declaración de la renta.

Hasta nueve políticos, seis del Partido Socialista, dos del Partido Aragonés y uno de Chunta Aragonesista podrían acogerse a la indemnización si así lo desean, aunque a fecha de ayer ninguno lo había hecho.

Los portavoces cerraron el acuerdo a finales del año pasado, pero la decisión no la acordaron en firme hasta la Mesa y Junta de Portavoces salientes celebrada el 7 de junio, casi un mes después de las elecciones y cuando la inmensa mayoría de ellos era consciente de que no repetía ni en el cargo ni siquiera en la institución.

Ningún diputado de anteriores legislaturas podrá beneficiarse de la ayuda económica ya que no tiene carácter retroactivo. También se ha limitado a la asignación base, después de que se llevara a la Mesa y Junta de Portavoces la percepción del sueldo íntegro.

Fuentes de las Cortes de Aragón han informado, por su parte, este martes de que la Cámara aragonesa es la octava en adoptar una medida de estas características, que ya existe en los parlamentos de las Comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia y Murcia.

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