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ARAGÓN

Las Cortes adaptan a la normativa nacional la Ley reguladora de las Cajas de Ahorro

Las Cortes de Aragón han aprobado este jueves el proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 1/1991, de 4 de enero, reguladora de las Cajas de Ahorros de Aragón, adaptando de esta forma la normativa de la Comunidad a la estatal, al Real Decreto-Ley 11/20101, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de estas entidades.
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El proyecto de Ley, tramitado por el procedimiento de lectura única, ha recibido el apoyo de los diputados del equipo de Gobierno, PSOE-PAR, así como del PP y ha sido rechazado por los grupos parlamentarios de CHA e IU.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, ha recordado al pleno que la crisis económica "ha tenido una particular incidencia en el sector de las cajas de ahorro", que se ha visto sometido "a un importante proceso de transformación para mejorar su eficiencia y solidez", iniciándose fusiones y SIP entre cajas.

Esta situación ha llevado a adoptar distintas medidas que recoge el Real Decreto-Ley aprobado por el Congreso, una reforma que persigue profesionalizar los órganos de gobierno de las cajas, fortalecer su actividad financiera, dotar de seguridad jurídica sus actuales sistemas institucionales de protección (SIP) y reformar el régimen financiero para garantizar la neutralidad fiscal del sector bancario.

La normativa estatal establecía un plazo de seis meses para que las Comunidades autónomas adaptasen sus respectivas normativas y el proyecto de Ley aprobado por las Cortes "supone la adaptación de la legislación aragonesa a las nuevas normas estatales", ha recalcado Larraz.

Asimismo, ha incidido en que la nueva normativa también permitirá que los procesos de fusiones de cajas que se realicen "se lleven a cabo aplicando la legalidad vigente, sin menoscabo del ejercicio de la obra social y sin afectar negativamente a la contribución" que las cajas fomentan en el desarrollo de las regiones.

Sobre la urgencia de esta modificación de la normativa autonómica, Larraz ha señalado que se ha establecido un plazo de seis meses para que las Comunidades se adapten, pero las cajas de ahorro tienen tres meses para adaptarse una vez que cada Comunidad modifique su normativa, por lo que era "necesario" llevar a cabo estos cambios "de manera inmediata" ante el término de la legislatura.

COHERENTES

El diputado del PP, Manuel Guedea, ha remarcado que ante el proyecto de Ley que se presenta en las Cortes "el PP debe ser coherente con su posición en el Congreso", por lo que han apoyado la reforma. No obstante, ha criticado "la precipitación" con la que el Ejecutivo central planteó y aprobó el Real Decreto Ley en julio.

Al tramitar el proyecto de Ley por el procedimiento de lectura única se "impide que el PP haga otra cosa que votar favorablemente", ha comentado Guedea, para observar que, en todo caso, "es mejor" que las cajas de ahorro domiciliadas en Aragón, y que deben cumplir la nueva normativa a partir del 13 de enero, lo hagan con la legislación aragonesa ya adaptada a la estatal.

La diputada del PAR, Ana de Salas, ha explicado el voto favorable de su grupo al apreciar que los cambios servirán para "incrementar la eficacia de las cajas y reforzar sus recursos propios", así como se "facilitará el acceso a los recursos en mercados de capital" y se propiciará una "mayor profesionalización de sus órganos de gobierno", entre otras mejoras.

De Salas ha recordado que Aragón "siempre ha optado por cajas gestionadas por profesionales y el Gobierno de Aragón siempre ha ejercido sus responsabilidades con pleno respeto a la independencia de las cajas aragonesas", para recalcar que este proyecto de Ley "no es más que una adaptación a lo que prevé el Real Decreto Ley y se trata de reproducir los contenidos de la normativa estatal", no de impulsar una reforma en profundidad "que en su caso podría abordarse en otro momento".

El diputado socialista, Antonio Piazuelo, ha pedido el voto favorable de los grupos, para señalar que "desde nuestro punto de vista es una simple adaptación legal" a la normativa estatal aprobada en Madrid.

POCO MARGEN

El diputado de CHA, Chesús Yuste, ha criticado el "poco margen para el debate profundo" sobre este proyecto de Ley que "ha entrado en las Cortes el 23 de noviembre" cuando el Gobierno de Aragón tenía un plazo de seis meses, desde julio, para impulsar los cambios.

Por ello, Yuste ha preguntado al consejero Larraz si "desde julio hasta noviembre no podían haber traído antes este proyecto de Ley" a la cámara, para concluir que, presentándolo ahora, se ha impedido el "debate serio, riguroso, profundo y con enmiendas".

"Han preferido que esta reforma sea un trágala, un paseo de la mano de su socio caja-ahorrista, el PP", ha aseverado Yuste, para calificar de "inconcebible que se vote una Ley como ésta en lectura única, sin posibilidad de presentar enmiendas".

A su juicio, el Real Decreto Ley persigue la "bancarización de las cajas de ahorro", pero "cínicamente" se dice que fortalecerá a las cajas, pero aplicar esta normativa "es como matarlas".

Por este motivo, "no apoyamos este proyecto de Ley, vamos a votar que no, porque alguien tiene que hacerlo" y " si ustedes --a PSOE y PP-- no se atreven a defender el modelo de las cajas que tenemos en Aragón, alguien tendrá que hacerlo", ha concluido.

BANCARIZAR

Por último, el portavoz de IU, Adolfo Barrena, ha coincidido en que estos cambios responden a la "presión que la banca privada ejerce sobre las decisiones políticas" y que busca "bancarizar, privatizar las cajas de ahorro", en una "ofensiva abanderada por el Banco de España y a la que se suman el Gobierno, PSOE, PP, CiU, PNV y toda la burguesía nacionalista".

Para Barrena, "lo que está en juego es el carácter social de las cajas y la gestión pública de las cajas", ha advertido, para criticar también que se presente un proyecto de Ley de estas características por el procedimiento de lectura única "para que no haya posibilidad de conocer la opinión" de los grupos parlamentarios ni de los trabajadores del sector.

En este mismo sentido, Aldolfo Barrena ha alegado que "la urgencia no es excusa para el mal gobierno", porque "es verdad que se les acaba el plazo, pero han tenido seis meses para hacerlo de una forma más participativa que no han querido asumir", ha concluido.

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