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JUSTICIA

Aprobado el acuerdo para la puesta en marcha de la Fiscalía Europea

El Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo para la creación de la Fiscalía Europea tras casi cuatro años de negociaciones en las que España ha tenido un papel proactivo en el impulso de esta institución que perseguirá los delitos contra los intereses financieros de la UE.

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Dieciocho estados, España, Francia, Alemania, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, República Checa, Croacia, Luxemburgo, Portugal, Lituania, Chipre, Grecia, Finlandia, Bulgaria, Rumanía, Letonia y Estonia, a los que se sumarán de forma inminente Austria e Italia, han manifestado su apoyo a la propuesta de Reglamento para el establecimiento de la Fiscalía Europea.

La falta de unanimidad de los 28 Estados miembros propició en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE celebrado el pasado 28 de marzo, una reunión promovida por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para impulsar el procedimiento de cooperación reforzada entre los países interesados en sacar adelante esta iniciativa y finalizar los trabajos previos a la aprobación del reglamento.

El Ministerio de Justicia califica de éxito el acuerdo alcanzado y confía en que se adhieran al mismo los Estados miembros de la UE que todavía no se han decidido a participar. Justicia considera que el texto aprobado es adecuado y se acerca a la apuesta del Gobierno de España por esta institución llamada a ser un pilar básico del entramado jurídico de la Unión Europea.

Está previsto que el texto aprobado hace unos días se someta a votación por el Parlamento Europeo en los próximos meses abriendo el plazo de tres años para el establecimiento de la Fiscalía Europa que tendrá su sede en Luxemburgo.

¿Cómo funcionará la Fiscalía Europea?

    - Organismo independiente

      La Fiscalía Europea funcionará como organismo único en todos los Estados miembros participantes. Será una entidad altamente especializada e independiente, implantada en paralelo a las instituciones y servicios de la UE existentes. La Fiscalía Europea actuará en interés de la UE y no recabará ni admitirá instrucciones de las instituciones de la UE ni de las autoridades nacionales.

        - Cooperación eficiente con las autoridades nacionales

          Desde el punto de vista organizativo, la Fiscalía Europea constará de una oficina central a escala de la UE y de un nivel descentralizado compuesto por los fiscales delegados europeos establecidos en los Estados miembros, quienes simultanearán esa función con la de fiscales nacionales («doble función»). El nivel central supervisará las investigaciones y los procedimientos llevados a cabo en el ámbito nacional, para asegurar una coordinación efectiva y un enfoque uniforme en toda la UE. Esta estructura le permitirá reunir una amplia gama de conocimientos técnicos y una diversa experiencia sobre los sistemas jurídicos nacionales, manteniendo al mismo tiempo su independencia. Cuando la Fiscalía asuma una investigación, las autoridades nacionales no ejercerán sus competencias con respecto a esa misma actividad delictiva.

            - Investigaciones y diligencias de enjuiciamiento

              La Fiscalía Europea podrá investigar eficientemente los delitos contra el presupuesto de la UE y el fraude del IVA, como el fraude por más de 10.000€ que afecte a fondos de la UE y el fraude transfronterizo del IVA por más de 10 millones de euros. Podrá actuar rápidamente en casos transfronterizos sin depender de los dilatados procedimientos de cooperación judicial. Llevará directamente a los delincuentes ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Su intervención debería aumentar el éxito de las actuaciones judiciales y aumentar los índices de recuperación de los fondos defraudados.

                - Enfoque integral destinado a proteger el dinero de los contribuyentes

                  Aunque la Fiscalía Europea será responsable de las investigaciones penales, la OLAF proseguirá su labor de investigación administrativa de las irregularidades y los fraudes que afecten a los intereses financieros de la Unión en todos sus Estados miembros. Al aumentar los índices de condena y de recuperación de fondos, este enfoque asegurará la protección más amplia posible del presupuesto de la UE.

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