El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha presidido en Madrid la reunión del Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial (CERSE) donde se ha acordado la creación de tres grupos de trabajo que elaborarán en 6 meses, propuestas sobre las actuaciones que, en materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), contempla la Ley de Economía Sostenible.
El CERSE es un órgano de carácter consultivo, asesor del Gobierno en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Cuenta con representantes de las Administraciones central, autonómica y local, de las organizaciones sindicales y empresariales y de otras instituciones representativas en dicho ámbito.
El primero de los requisitos que apunta la Ley de Economía Sostenible es que las sociedades anónimas de más de 1.000 trabajadores, - unos 406, según el Instituto Nacional de Estadística -, tendrán que facilitar un informe anual al CERSE que permita un seguimiento sobre el grado de implantación de la RSE en las grandes compañías.
Además, cualquier empresa podrá solicitar el reconocimiento como empresa socialmente responsable, de acuerdo con las condiciones que fije el propio CERSE.
La Ley de Economía Sostenible también incluye una disposición final acerca de la difusión de información sobre el uso de criterios sociales, medioambientales y de buen gobierno en la política de inversión de fondos de pensiones.
El tercer aspecto que marca la Ley de Economía Sostenible, y al que se dedicará uno de los grupos de trabajo, está relacionado con la mejora de los recursos del CERSE para cumplir con sus funciones.
Del mismo modo, se han aprobado las conclusiones de los cinco grupos de trabajo que han analizando diferentes temas relacionados con la RSE como es su papel en la crisis económica y el cambio de modelo productivo; transparencia; consumo e inversión socialmente responsable; relación con la educación; y la gestión de la diversidad, cohesión social y cooperación al desarrollo.
