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Inversión Colectiva

El Consejo de Ministros aprueba reformar la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva

El Proyecto de Ley, que transpone dos directivas comunitarias, adapta a la legislación española los requerimientos del nuevo sistema de supervisión e impulsa la integración financiera europea y la competitividad en el sector.
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    El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva para, entre otras cuestiones, transponer la directiva europea sobre organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios. Además, esta modificación legal sirve para incorporar al ordenamiento jurídico parte de las nuevas competencias que asume la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y que forman parte del llamado 'Paquete de Supervisión Financiera Europea' (Directiva "Omnibus I").

    Directiva UCITS

    La reforma aprobada hoy por el Consejo de Ministros, para cuya tramitación parlamentaria se ha solicitado el procedimiento de urgencia, incorpora las novedades introducidas en los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (más conocidos como UCITS, por sus siglas en inglés) por la Directiva comunitaria sobre esta materia. En concreto, los cambios más relevantes son:

    • Introducción de las disposiciones necesarias para el correcto funcionamiento del pasaporte de la sociedad gestora para la gestión de fondos. Así, a partir de la entrada en vigor de la Ley las sociedades gestoras españolas podrán gestionar fondos domiciliados en otros Estados miembros, del mismo modo que las sociedades gestoras de otros Estados miembros podrán gestionar fondos españoles.
    • Simplificación del régimen de comercialización transfronteriza. Se agiliza el acceso a otros mercados mediante la reducción de los plazos disponibles para que las autoridades competentes lleven a cabo las notificaciones y la supresión de la necesidad de comunicación de la institución de inversión colectiva a la autoridad competente del Estado miembro de acogida.
    • Establecimiento del instrumento "datos fundamentales para el inversor", que sustituye al anterior folleto simplificado y que supone una armonización completa a nivel europeo de este documento, con el objetivo de hacer perfectamente comparables los fondos y sociedades de inversión de cualquier Estado miembro.
    • Fortalecimiento de las potestades supervisoras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y los mecanismos de cooperación, consulta e intercambio de información entre las autoridades competentes, en este contexto de mayor integración.

    Adicionalmente, la Ley incorpora modificaciones relevantes para aumentar la competitividad de nuestro sector de inversión, adaptándolo a un entorno europeo y mundial cada vez más exigente. La novedad más importante en este sentido es la posibilidad de utilizar cuentas globales para la comercialización en España de fondos domiciliados en nuestro país.

    En esa misma línea de refuerzo de la competitividad se reducen determinadas cargas administrativas. Por ejemplo, se elimina el requisito de la verificación previa para el registro en la CNMV de las modificaciones en los folletos de las sociedades de inversión.

    Directiva Omnibus I (paquete de supervisión financiera)

    En segundo lugar, el Proyecto de Ley incorpora al ordenamiento jurídico español ciertos ajustes necesarios para cumplir con las previsiones contenidas en materia de instituciones de inversión colectiva en la Directiva "Omnibus I", dentro del conocido como "Paquete de Supervisión Financiera Europea".

    Una vez constituidas las autoridades financieras europeas, se trata de llevar a cabo los ajustes necesarios en los ordenamientos de los Estados miembros para que dichas autoridades, en coordinación con las nacionales, desarrollen su labor supervisora con la máxima eficacia. A tal objeto, y entre otras previsiones, en el Proyecto de Ley se incluye a la Autoridad Europea de Valores y Mercados como autoridad a la que la CNMV debe remitir determinada información, no sólo en el marco de la cooperación entre supervisores, sino también en relación con las denegaciones de autorizaciones de determinadas instituciones de inversión colectiva y autorizaciones concedidas a sociedades gestoras. También se recoge la posibilidad de mediación vinculante por parte de la Autoridad Europea de Valores y Mercados en determinados casos de confluencia de autoridades competentes de distintos Estados miembros.

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