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JUSTICIA

El Consejo Fiscal considera insuficientes las propuestas de Catalá para no suspender la LECrim

Los vocales electos del Consejo Fiscal consideran que "no alcanzan a colmar" sus demandas e insisten en la necesidad del aplazamiento.

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Los vocales electos del Consejo Fiscal, que son nueve del total de doce que integran este órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado, no se han quedado satisfechos con las propuestas que les ha hecho este martes el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en respuesta a sus requerimientos para dejar en suspenso la entrada en vigor de los plazos para la instrucción penal que establece la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Consideran que "no alcanzan a colmar" sus demandas e insisten en la necesidad del aplazamiento.

Así se señala en un comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, que estos vocales han hecho llegar a las asociaciones de fiscales tras la reunión de más de dos horas mantenida esta mañana con Catalá, en la que éste les ha comunicado su intención de no modificar la fecha de entrada en vigor de la LECrim el próximo 7 de diciembre si bien ha prometido poner en sus manos medios para poder cumplirla.

Sin concretar medidas, Catalá se ha referido a la mejora de la gestión procesal, una mejor coordinación con los jueces instructores, medidas tecnológicas y refuerzos "cuando sean necesarios". Dichas medidas se implantarán según ha comunicado después el ministro a la prensa desde este mismo momento, cuando la Fiscalía comunique al ministerio "las necesidades que tiene".

Sin embargo, los vocales electos, pertenecientes a la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales, de muy diferente sensibilidad política, señalan en su comunicado que "las medidas propuestas no alcanzan a colmar la demanda de los fiscales y que sólo la prórroga de la entrada en vigor podría resultar satisfactoria".

Los fiscales lamentan que "una propuesta razonada, ponderada y basada exclusivamente en criterios técnicos no haya sido tomada en consideración por el señor ministro de Justicia".

Repercusión de la reunión

En la carta a sus compañeros, los vocales del Consejo Fiscal señalaban que la reunión de este martes "tenía una repercusión especial para la Carrera", marcada por una carta firmada por más de mil jueces descontentos con la reforma.

"Compartimos el ponderado contenido de la carta que recibimos, felicitamos a quienes han tomado la iniciativa y a todos cuantos han participado activamente en ella y agradecemos a todos quienes la han suscrito", añaden los vocales electos del Consejo Fiscal, que se dicen "sensibles a la petición", por lo que han actuado "como una sola voz, respondiendo a la demanda".

Estos fiscales, ratifican el contenido del informe que el Consejo Fiscal aprobó el pasado mes de enero en el que se señalaba sobre los plazos de la instruccción que "no resulta propio del sistema procesal penal español actual sino del sistema acusatorio puro con instrucción del Fiscal en exclusiva y libre de injerencias durante un plazo determinado" .

Añaden que los informes del Consejo Fiscal "responden a criterios estrictamente técnicos que eviten situaciones que perjudiquen los derechos de los ciudadanos o el interés social y este párrafo no es una excepción.

Sobre la presencia este martes de Catalá en la Fiscalía los vocales electos señalan que obedece "a su petición ante la Comisión de Coordinación de la Fiscalía General del Estado, interrumpiendo el Consejo Fiscal su sesión, momento que aprovechamos para transmitir al Ministro la inquietud de la Carrera".

En este sentido, los vocales comunican a sus compañeros que han solicitado al Ministro de Justicia "la urgente puesta en marcha de una propuesta legislativa dirigida a extender el plazo de entrada en vigor de la Ley".

Añaden que le han expresado que "con la actual dotación de plantilla, personal colaborador y medios materiales y tecnológicos, el Ministerio Fiscal no está en condiciones de asegurar el eficaz cumplimiento de la normativa de plazos procesales".

Consideran que en el estado actual de la legislatura, con las Cortes Generales a punto de su disolución, si es que procede su modificación, no hay oportunidad realista de redactar el artículo 324 LECrim -que es el que establece los plazos- de manera ponderada suficientemente y no cabe sino el establecimiento de una disposición transitoria que dilate su entrada en vigor hasta que existan condiciones personales y materiales suficientes y dignas.

"Nos parece inexplicable e insólito, máxime en estas condiciones, que el plazo de vacatio legislativa se haya limitado a dos meses", añaden.

Informan a sus compañeros que Catalá "ha informado su voluntad de no prorrogar la entrada en vigor de la norma y no alterar su contenido", pfofreciendoomo alternativa que consideran insuficiente.

Dicha alternativa pasa por "dirigir a los letrados de la Administración de Justicia -secretarios judiciales- una instrucción sobre su actuación y la coordinación con la Fiscalía sobre el traslado de las causas en trámite en los Juzgados; la implantación de mejoras tecnológicas y de aplicaciones informáticas cuyo plazo de entrada en funcionamiento se anuncia una vez ya entrada en vigor la norma; y la posibilidad de reforzar la plantilla en aquellas fiscalías con mayor carga de trabajo a través de fiscales sustitutos dentro de las limitaciones presupuestarias".

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