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El Congreso insta por unanimidad al Gobierno a investigar los casos de bebés robados para "hacer justicia"

El PP adelanta que Justicia ha entablado conversaciones con la Fiscalía General del Estado para fijar un criterio común
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La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley del PSOE transaccionada con el PP por la que insta al Gobierno a continuar impulsando "las vías de actuación" y la investigación de los casos de niños robados con el fin de "hacer justicia" y "facilitar los reencuentros" entre las familias.

El texto reconoce los "límites legales, competenciales y presupuestarios" para tratar de esclarecer las sustracciones de bebés y adopciones ilegales realizadas en España entre los años 1940 y 1990, al tiempo que aboga por mantener la coordinación entre los Ministerios de Justicia, Interior y Sanidad, Servicios e Igualdad.

El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya aludió hace unos días en el Senado a la cooperación de las Fuerzas de Seguridad en la investigación de las denuncias, así como a la implicación de Sanidad para acceder a los datos que obran en clínicas y hospitales.

Para los diputados, esta cooperación debe abarcar también al Instituto Nacional de Toxicología y demás instituciones u organismos que puedan ayudar a "esclarecer los hechos, hacer justicia y facilitar el reencuentro entre los familiares".

Los parlamentarios han propuesto además la creación de un grupo de trabajo entre los Ministerios implicados y los colectivos con el fin de coordinar los "esfuerzos" y atender las demandas de las asociaciones de afectados.

El PSOE pide la comparecencia de los afectados

El diputado vasco y exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza, ha invitado al presidente de la Comisión, Alfredo Prada, y al resto de la Mesa a estudiar la posibilidad de que las víctimas del robo de niños puedan volver a comparecer en el Parlamento, como ya hicieron hace un año.

El socialista ha llamado a facilitar el acceso a los archivos y ha urgido a "hacer justicia" ante el "riesgo al olvido". Al mismo tiempo, ha reconocido el trabajo desarrollado por los familiares que buscan a sus hijos y hermanos desaparecidos.

Desde el PP, Susana Camarero ha compartido la necesidad de buscar soluciones operativas" para el esclarecimiento de estos casos, mientras que ha defendido el "firme compromiso" del Ministerio de Justicia con los afectados.

Dicho esto, la 'popular' ha anunciado que Justicia ha iniciado conversaciones con la Fiscalía General del Estado para "facilitar la unidad de criterio". Tras ello, ha indicado que las pruebas de ADN serán gratuitas cuando exista una autorización judicial.

Rechazo de secciones especializadas en fiscalías

La diputada de UPyD Rosa Díez ha respaldado esta propuesta, aunque ha considerado que "se queda corta" para los colectivos de afectados que esperan "un pasó más" por parte de los diputados.

La enmienda por la que instaba a crear una sección especializada en las Fiscalías no ha conseguido el respaldo de la Comisión. Los socialistas han justificado su rechazo en que es, a día de hoy, una idea "precipitada".

Tanto el Grupo Mixto como CiU han basado su respaldo a la proposición no de ley en la "solidaridad" y "apoyo" que merecen las familias de afectados y en los "gravísimos hechos" que padecieron, en palabras de la diputada catalana Montse Surroca.

Por su parte, el diputado de Amaiur Mikel Errekondo ha puesto de manifiesto la urgencia de acometer una Comisión de Investigación, como piden algunas asociaciones.

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