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Memoria

El Congreso debatirá si los miembros de grupos terroristas pueden beneficiarse de la Ley de Víctimas

El Pleno del Congreso tiene previsto debatir el próximo martes una proposición no de ley de Esquerra Republicana que plantea que los miembros de bandas o grupos armados que padecieron "persecución o violencia" puedan beneficiarse de las indemnizaciones que contempla la conocida como Ley de Memoria Histórica o, en su caso, de la futura Ley Integral de Víctimas del Terrorismo.
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Esta iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, es consecuencia de la interpelación que el diputado independentista Joan Tardà formuló el pasado miércoles al ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, y en ella se compendian gran parte de las propuestas realizadas entonces por los republicanos.

Aunque Tardà llegó a proponer desde la tribuna de oradores que empresas, fundamentalmente constructoras, que "esclavizaron" a republicanos para construir embalses y carreteras corran con los cargos de las exhumaciones de los restos que aún se acumulan en fosas comunes del Valle de los Caídos, esta sugerencia no ha sido trasladada a la moción.

Esquerra sí defiende que el Congreso inste al Gobierno a presentar en dos meses un informe sobre las víctimas que padecieron violencia política durante la Transición para que no queden fuera de las leyes sobre esta materia aprobadas hasta ahora o que puedan ver la luz en el futuro.

DOS COMISIONES DE SABIOS

También reclama que una comisión de expertos forenses y arqueólogos, de acuerdo con las asociaciones de familiares de personas enterradas en el Valle de los Caídos, elabore un informe sobre las medidas necesarias para poder culminar la localización e identificación de todos los restos que sean posibles para facilitar su exhumación y traslado si así lo piden sus familias.

Además, abogan por la creación de una comisión de juristas propuestos por el Gobierno y los grupos parlamentarios para proponer fórmulas que sirvan para resolver la contradicción jurídica existente entre las interpretaciones defendidas por la Fiscalía General del Estado y los tribunales de Justicia en relación con la nulidad de los juicios políticos del franquismo.

Según recuerdan, mientras que la Fiscalía considera la declaración legal de ilegitimidad de esas sentencias y de quienes las impusieron equivale a una nulidad, los tribunales sean mostrado a la nulidad de pleno derecho.

Por último, ERC pide que se adopten las disposiciones normativas necesarias para poder inscribir en el Registro Civil a aquellas personas desaparecidas cuyos datos no constaran en él, así como poder rectificar la información relativa a la causa de fallecimiento. A sus demandas añaden que se preste asesoramiento jurídico a las familias para poder realizar estos trámites.

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