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Economía

El Congreso rechazará este martes la propuesta del PP para imponer por ley el 'déficit cero' a las comunidades

El PSOE, los grupos nacionalistas y las minorías de la izquierda parlamentaria sumarán fuerzas este martes en el Congreso de los Diputados para rechazar una proposición de ley del PP que pretende modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para fijar techos de gasto a las comunidades y entes locales, y hacer que apliquen el principio de estabilidad presupuestaria a sus cuentas.
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Fuentes parlamentarias han adelantado a Europa Press que, pese a los llamamientos a la reducción del déficit de las comunidades efectuados desde el Gobierno, los socialistas no están dispuestos a aceptar que se tramite una norma que pretende volver a la situación anterior a 2005, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero flexibilizó la ley para que los requisitos de disciplina presupuestaria se establecieran en función del ciclo económico en lugar de año por año.

Tampoco las formaciones nacionalistas, principalmente las catalanas, ven con buenos ojos esta idea, que a su juicio pretende convertir a las comunidades en "cabezas de turco" de la crisis, tal y como, a su juicio, hace el Ejecutivo socialista al "amenazar" con limitar las emisiones de deuda de aquellas que incumplan los objetivos de déficit, como sería el caso de Cataluña, un argumento que también comparte Izquierda Unida.

La iniciativa, que también aboga por revisar la prestación de los servicios para evitar duplicidades e innecesarias, ha sido presentada como los 'populares' como la primera de las reformas estructurales prioritarias para superar la crisis, y busca hacer que las disciplina fiscal "no sea una opción, sino una obligación" y se evite el "despilfarro" de todas las administraciones, en palabras de la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría.

En este sentido, los 'populares' reclaman la necesidad de frenar el "despilfarro" y hacer que las comunidades prioricen la gestión de competencias "clave" en servicios básicos como la sanidad y la educación, evitando duplicidades que suponen demasiado gasto y cargan a los ciudadanos con trámites excesivos.

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