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El Congreso ratifica la reforma del Sistema de Dependencia que recorta prestaciones y aumenta el copago

El Pleno del Congreso ha ratificado el decreto de 13 de julio, de medidas antidéficit para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad que, entre otros puntos, establece una reforma del Sistema de Dependencia que recorta prestaciones y aumenta el copago.
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La norma ha salido adelante con el voto a favor del PP, el voto en contra de PSOE, CiU, PNV, UPyD, Coalición Canaria, Geroa Bai, Foro de Asturias y la única abstención de UPN. Mientras que ERC, Amaiur, Compromís, BNG y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se han ausentado de la votación, al considerar que los ajustes suponen un "ataque brutal" contra los derechos sociales y laborales de los ciudadanos.

Fue el pasado viernes, día 13, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde a esta norma que modifica así el sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que, por un lado, rebaja un 15% las prestaciones económicas a los cuidadores familiares y restringe los pagos con carácter retroactivo y, por otro, revisa al alza el copago al introducir nuevos criterios de evaluación de la capacidad económica de los usuarios.

Sobre los cuidadores familiares, se recorta un 15% la prestación económica, dejando libertad a las comunidades autónomas para agudizar esta reducción. Quienes ya están en el sistema seguirán cotizando a la Seguridad Social como hasta ahora, pero los nuevos cuidadores estarán sujetos a un régimen transitorio en tanto se diseña un nuevo sistema al que serán transferidos todos en el futuro. Además, se les exigirá cumplir con unos "conocimientos básicos" para atender al dependiente, así como convivir con esa persona.

Cambios en el cobro de prestaciones

Asimismo, la reforma modifica las condiciones de retroactividad en el cobro de prestaciones. El dependiente sólo podrá reclamar los pagos atrasados de la prestación a la que tenga derecho si la Administración ha tardado más de dos años en empezar a pagarle, es decir, la comunidad autónoma puede demorarse este plazo sin tener después que abonar el retraso de forma acumulada. En la actualidad, esta retroactividad está fijada en seis meses.

En cuanto a la organización en sí del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), se simplifican los grados de reconocimiento de dependencia (de seis niveles pasa a tres grados) y se pospone a 2015 la incorporación de nuevos usuarios de Grado 1, es decir, dependientes moderados, con el objetivo de "agilizar la entrada de los grandes dependientes".

También hay cambios en el sistema de financiación, ya que el reparto del dinero estatal se efectuará el próximo año transfiriendo a todas las comunidades autónomas el 90% del presupuesto y, el 10 por ciento restante, a aquellas en las que primen los servicios. La proporción irá variando progresivamente hasta alcanzar que a cada concepto se destine la mitad del disponible.

Nuevo sistema de copago

En cuanto al copago, empezarán a aportar al sistema quienes tengan unas rentas superiores del 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado en 532 euros al mes para 2012, mientras quienes no lleguen a este nivel, estarán exentos de copago. Esta aportación se realizará progresivamente hasta cubrir un máximo del 90% del precio del servicio que se esté recibiendo.

Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el decreto ley aprobado por un lado da "prioridad a la valoración, reconocimiento y atención de los grandes dependientes" y por otro "consolida una red pública de servicios sociales que favorezca la sostenibilidad del modelo y genere puestos de trabajo".

Precisamente, se basa en el acuerdo del Consejo Territorial del Sistema de Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia del pasado martes, cuando el Gobierno y las comunidades autónomas pactaron iniciar la reforma de un modelo que, en opinión del Ejecutivo, "daba síntomas de colapso".

En este sentido, el ministerio ya ha señalado que el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia arroja un desfase presupuestario de 2.700 millones de euros con respecto a la previsión inicial y una lista de espera de más de 300.000 personas.

Según dicta el decreto convalidado, la Ley de Dependencia fue aprobada en el Parlamento en el año 2006 con un amplio consenso entre las fuerzas políticas, y supuso un avance en el bienestar de las personas y ha contado con la colaboración de todas las administraciones públicas en su desarrollo.

El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en sesión celebrada el día 12 de abril de 2012, aprobó el avance de la evaluación de la ley transcurridos los cinco primeros años de aplicación de la misma, adoptando el acuerdo de acometer las mejoras en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que fueran necesarias para asegurar su sostenibilidad. Asimismo, en la reunión mantenida el 10 de julio de 2012 aprobó la evaluación de resultados.

Entre otras medidas, este decreto recoge también la subida del IVA, el recorte de las prestaciones por desempleo para nuevos perceptores, la supresión de paga de Navidad a los empleados públicos, la eliminación de la desgravación por vivienda y la subida de las retenciones en el IRPF en actividades profesionales.

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