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Economía/Macro

El Congreso avala prorrogar un año el plazo de los ayuntamientos para justificar las obras del Plan E

El PP ve inaudito que el Gobierno lo apruebe tras vetar su enmienda de la línea ICO sobre ayuntamientos morosos
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El decreto ley de medidas urgentes de apoyo a la internacionalización convalidado este jueves por el Pleno del Congreso de los Diputados incluye una disposición para que los ayuntamientos puedan obtener una prórroga de hasta doce meses para acreditar la realización de las inversiones y la finalización de las obras acogidas al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, cuyo plazo fue fijado inicialmente hasta el pasado 31 de marzo.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha admitido que esta ampliación no tiene "nada que ver" con el objeto del decreto, que se refiere a la reforma del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), pero el Gobierno consideró urgente aplicar la medida, que entró en vigor el pasado 13 de abril.

De hecho, el Gobierno, a través del PSOE, intentó introducir esta modificación a través de una enmienda al proyecto de Ley de dinero electrónico, si bien los plazos del trámite parlamentario le hicieron optar finalmente por la vía del decreto.

El texto convalidado señala que la Dirección General de Cooperación Local podrá conceder el aplazamiento ante una solicitud "razonada y debidamente motivada" del ayuntamiento que demuestre la existencia de incidencias "no imputables" a su responsabilidad surgidas en la ejecución del contrato de obras suministros o servicios.

En estos casos, la justificación deberá presentarse dentro del mes siguiente a la conclusión de la prórroga concedida, y si no lo hacen deberán reintegrar las cantidades recibidas tal y como marca la norma.

POR CAUSAS DE "FUERZA MAYOR".

El PSOE justifica esta propuesta por la situación de las ejecuciones en algunos municipios que se encuentra con que, a punto de llegar a la fecha límite del 31 de marzo, el plazo concedido no ha resultado suficiente por "causas imprevisibles" como la "climatología adversa" durante 2010 y 2011 o la "complejidad" de algunas obras.

"Se trata, por tanto de una situación generada por causas de fuerza mayor, no imputable ala Administración", sostienen los socialistas, que abogan por "flexibilizar" el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Fondo en la coyuntura actual.

En este sentido, recuerdan que si los municipios no cumplen con los compromisos deberían devolver el dinero, con el evidente impacto en su situación económica.

EL PP CRITICA EL MECANISMO DEL DECRETO.

El diputado 'popular' Álvaro Nadal ha criticado al Gobierno por el mecanismo elegido para aprobar esta norma, cuando hace unos meses vetó una enmienda del PP al proyecto de Ley sobre agencias de 'rating' que pedía recuperar la línea ICO para que los ayuntamientos morosos paguen a sus proveedores "porque ahí no tacaba".

"Es decir, que lo que el PP no puede hacer en una enmienda, el Gobierno lo puede hacer en su propia ley", ha censurado Nadal. El PP, junto al PNV, se ha abstenido finalmente en la convalidación del decreto, que ha salido adelante con el apoyo del resto de grupos.

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