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El Congreso aprueba la ley que permite privatizar las televisiones públicas autonómicas y la remite al Senado

PP y PSOE pactan modificar el nombre de la normativa, y con el PNV fijan una cláusula para la gestión de los canales públicos en Navarra
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La reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que abre la puerta a la privatización de las televisiones públicas autonómicas, ha sido aprobada este jueves en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, que contaba con competencia legislativa plena, para sacar adelante el proyecto de ley y posteriormente remitirlo al Senado.

El proyecto de ley ha salido adelante con el voto a favor del PP, la abstención de CiU, y el rechazo del PSOE, la CHA -- en nombre de la Izquierda Plural --, UPyD y ERC. En la jornada de este jueves se han debatido un total de 90 enmiendas parciales presentadas por lo grupos parlamentarios.

Entre otros cambios al texto presentado por el Ejecutivo, el PP ha consensuado con el PSOE cambiar el nombre de la Ley, que pasa a llamarse la 'Ley de modificación de la Ley 7/2010 de 31 de marzo, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisuales'.

Dos enmiendas al PSOE aceptadas

Igualmente, se han aceptado otras dos enmiendas del PSOE para mmodifica añadir al texto los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato, contemplado en la Ley de Contratos del sector público.

Además, se precisa que la enajenación de la titularidad de la entidad prestadora del servicio también ha de realizarse de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, no discriminación e igualdad de trato.

En concreto, la nueva redacción establece que las comunidades que acuerden la prestación de un servicio público de comunicación audiovisual determinarán los modos de gestión del mismo, que podrán consistir, entre otras modalidades, en la prestación del servicio de manera directa a través de sus propios órganos, medios o entidades; en la atribución a un tercero de la gestión indirecta del servicio o de la producción y edición de los distintos programas audiovisuales, o en la prestación del mismo a través de otros instrumentos de colaboración público- privada, de acuerdo con los principios antes mencionados.

En la segunda enmienda aprobada, se propone la adición de un nuevo párrafo a la exposición de motivos, donde se haga una referencia expresa al respeto del marco normativo europeo en materia de servicios de interés económico general de radiodifusión.

El caso particular de Navarra

Por otro lado, PP, PSOE y CiU, han apoyado otra enmienda de PNV que fija una cláusula de excepción para la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual que tienen lugar en la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con su régimen foral, y conforme a lo dispuesto en el convenio económico entre el Estado y la comunidad.

Además, se ha aprobado una enmienda del PP destinada a permitir que tanto las televisiones como las radios públicas puedan alcanzar acuerdos tanto entre sí como con RTVE "con el objetivo de mejorar la eficiencia de su actividad". En el proyecto de ley presentado por el Gobierno se preveía esta posibilidad para las televisiones, pero no para las radios.

Asimismo, se han incorporado al texto inicial del proyecto dos enmiendas del PP para asegurar que las cadenas de televisión, en abierto o de pago, posibiliten el control parental para aquellos contenidos que pueden ser perjudiciales para los menores. La Ley Audiovisual ya incluía artículos destinados a este fin, aunque las enmiendas presentadas por el PP pretendían "reforzar" esta protección.

Con todo ello, esta reforma de la Ley permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio, y si desean prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada. Además, se elimina la obligatoriedad que se establecía sobre las públicas a la hora de ejercer la producción propia de sus servicios informativos, pudiendo ceder a un tercero la producción y edición de los mismos.

Flexibilidad para las comunidades autónomas

Desde el PP, la diputada Belén Bajo ha insistido en que este proyecto de ley ni privatiza ni censura, sino que concede libertad a las comunidades a la hora de elegir su modelo de gestión, una posibilidad que hasta ahora no tenían.

Mientras, su compañero de 'filas', Ramón Moreno, ha insistido en que este proyecto no limita la autonomía de cada comunidad sino que flexibiliza los modelos de gestión, al ampliar la libertad de elección sobre cómo prestar la actividad de televisión autonómica. Al mismo tiempo, la 'popular' Macarena Montesinos ha criticado el discurso empleado por el PSOE en la defensa de sus enmiendas, un total de 16, y del que dice que se contradice constantemente.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan Luis Gordo, cree que este proyecto de ley no es necesario porque las comunidades ya tienen capacidad para gestionarse por sí mismas, aunque sí ha destacado que hay que poner en marcha medidas que garanticen la sostenibilidad económica y financiera de los canales autonómicos, aunque no por el camino dictado por el PP. En su opinión, no hay que externalizar los servicios informativos, y este proyecto "va en contra del marco competencial" y hace "inviable" el servicio de titularidad pública.

Teresa Jordà, de ERC, que tenía pegada en el bolsillo de la camisa una pegatina amarilla en la que decía 'Jo TV3' ('Yo TV3'), ha avisado de que con esta ley el PP "mata dos pájaros de un tiro" al no favorecer la difusión de elementos de la lengua propia y propiciar "un hachazo" a la democracia y la plurarlidad por el "claro contenido uniformador y privatizador" de la reforma. "El objetivo es claro: reducir a la mínima expresión TV3 y si triunfa es la hecatomba de nuestro país", ha avisado.

Irene Lozano, diputada de UPyD, ha propuesto que se haga una "criba" que elimine del espectro audiovisual español aquellas televisiones autonómicas que no sean viables, con lo que ha recordado que en España las comunidades gestionan 26 canales, frente a los diez de Alemania, "una desproporción evidente".

Chesus Yuste, de la CHA, ha rechazado el "afán privatizador" del Gobierno con este proyecto de ley. A su juicio, el derecho a la información implica pluralidad, neutralidad e independencia que no se garantizan en esta reforma, a la vez que Inma Riera, de CiU, ha manifestado su discrepancia "clara y rotunda" con la invasión competencial que ejerce esta reforma sobre la Generalitat de Cataluña, si bien comparte el espíritu y la primera parte de la normativa.

La semana pasada esta reforma legislativa superó su primer trámite parlamentario en el Pleno del Congreso, con la votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, UPyD, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC y el BNG, que pedían la devolución del texto presentado por el Gobierno, pero que finalmente fueron rechazadas.

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