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El Congreso aprueba esta semana la ley que obligará a los partidos y fundaciones a publicar sus cuentas y deudas

En Comisión, el PSOE declinó apoyarla al no garantizarse una cláusula de revisión anual de las subvenciones.

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Tribunal de Cuentas Tribunal de Cuentas

La reforma de Ley de Financiación de los Partidos Políticos que obligara a las formaciones y sus fundaciones vinculadas a publicar sus cuentas, donaciones y deudas será aprobada el próximo jueves en el Pleno del Congreso con vistas a su aprobación definitiva por el Senado en julio y su inmediata entrada en vigor.

Se trata del proyecto de ley que fue aprobado en diciembre por el Gobierno para reducir un 20 por ciento la financiación pública de los partidos políticos y que, una vez en el Congreso, amplió el recorte a las subvenciones que reciben las fundaciones vinculadas a las formaciones políticas, como la FAES que preside José María Aznar o la Fundación Ideas del PSOE.

Pero a lo largo de su debate en ponencia se ha aprovechado para cerrar con amplio acuerdo un conjunto de medidas para reforzar el control de las finanzas de los partidos y sus fundaciones, aplicándoles los mismos principios de la futura ley de Transparencia, que a priori no les afectaría al ser entidades privadas.

Así, una vez que su actividad anual sea fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, las formaciones harán públicas sus cuentas en su página web con información sobre su balance económico, su cuenta de resultados y los créditos que tienen firmados con entidades financieros, incluyendo, si es el caso, datos de las operaciones de condonación de deuda.

Se obligará asimismo a los partidos a que, además de enviar cada año al Tribunal de Cuentas un informe global sobre su financiación privada, comuniquen a la institución fiscalizadora cada donación de más de 50.000 euros o de bienes inmuebles que reciban de empresas jurídicas (en los tres meses posteriores a la recepción); a su vez, el Tribunal llevará un registro para comprobar que no se supera el tope anual de 100.000 euros.

Poner tope a la condonación de créditos

Respecto a estas operaciones de condonaciones de deuda, tanto del capital como de los intereses, se acordó también poner un límite anual de 100.000 euros, equiparándolo así al tope fijado para donaciones privadas.

En cuanto a las aportaciones privadas que reciben los partidos, se amplía el catálogo de empresas que tienen prohibido hacer donaciones a los partidos: Ya no sólo serán aquellas que tienen contratos en vigor con la Administración, sino también todas las que compartan órganos de dirección (las participadas mayoritariamente, sus fundaciones y todas las del mismo grupo empresarial). Además, ninguna fundación que recibe subvenciones de la Administración, y ello incluye a las vinculadas a formaciones políticas, podrá hacer donaciones a un partido.

Otra novedad de la reforma permitirá dotar de capacidad sancionadora al Tribunal de Cuentas, que sólo hacía propuestas de recorte de subvención y ahora podrá imponer directamente sanciones en supuestos de falta muy grave. En los casos de vulneración del límite anual de donaciones privadas (100.000 euros), se impondrá una multa equivalente al doble de la cantidad excedida. Además, se podrá paralizar la entrega de subvenciones al partido que no presente su contabilidad al Tribunal en tiempo y forma.

Más control sobre las fundaciones

Respecto de las fundaciones de los partidos, se decidió que, al igual que las formaciones políticas, habrán de someterse a auditoria privada y que el Tribunal de Cuentas podrá fiscalizar todos sus ingresos, y no sólo las donaciones como hasta ahora.

Además, se extiende a las fundaciones la obligación de hacer públicas sus cuentas una vez fiscalizadas y no se descarta que, en próximas reuniones, se les obligue además a comunicar al tribunal cada aportación de persona jurídica que reciban. De entrada, se ha decidido que las fundaciones comuniquen a Hacienda todas las donaciones públicas y privadas que reciben.

En el debate celebrado en la Comisión Constitucional, los distintos partidos elogiaron los consensos alcanzados para ampliar una ley que llegó al Congreso con un único artículo. El ponente del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, autor de las transacciones que han permitido tejer los consensos con la oposición, subrayólos "pasos relevantes" que se han dado con la reforma, que a su juicio acaban con toda sospecha de opacidad que ha pesado alguna vez sobre los partidos.

Sólo Amaiur, votó en contra, y todo pese a reconocer que algunas de sus enmiendas tenían reflejo en los cambios introducidos en la ley. Para la coalición que integra a la izquierda abertzale heredera de Batasuna, los partidos políticos están alejados de la ciudadanía y, de entrada, debería limitarse los sueldos de los parlamentarios hasta un máximo del triple del salario mínimo interprofesional.

Al menos, una cláusula de revisión anual

Sin embargo, y pese a estar de acuerdo con las novedades de control introducidas, tanto el PSOE como el PNV e Izquierda Plural prefirieron abstenerse al considerar que la ley deja en manos del Gobierno de turno la decisión sobre la financiación pública que reciben anualmente los partidos, sien que ni siquiera se prevea una cláusula de revisión anual conforme al IPC.

El socialista José María Benegas ya avisó de que los partidos no pueden estar pendientes de que cada año se cambie la cifra de las aportaciones públicas "al libre albedrío" con los Presupuestos Generales: "Debe haber algún parámetro objetivo que permita hacer previsiones para el año siguiente", ha pedido.

Desde el PP insistieron, por boca de Bermúdez de Castro, que en esta coyuntura de crisis los partidos deben ser "ejemplo" de austeridad ante los ciudadanos, a la vez que ha garantizado que el PP no va a adoptar decisiones "arbitrarias" que pongan en peligro a las formaciones políticas.

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