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CONGRESO

El Congreso debate el martes limitar la pensión de los expresidentes o prohibirla si cobran otro sueldo

El Pleno del Congreso tiene previsto debatir el próximo martes una proposición no de ley que aboga por limitar temporalmente las prerrogativas que disfrutan los expresidentes del Gobierno y hacer incompatible el cobro de su pensión pública con retribuciones procedentes de la empresa privada.

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Congreso de los Diputados

La formación que lidera Rosa Díez ha decidido retomar esta iniciativa, que ya planteó en la anterior legislatura, justo ahora que se añade a la lista de expresidentes el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien se ha incorporado este mismo jueves al Consejo de Estado.

Según el orden del día del próximo Pleno del Congreso, acordado por la Junta de Portavoces y a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, la propuesta de UPyD será el primer punto de la sesión del martes 14 de febrero.

Concretamente, el texto de UPyD, defiende que las facilidades económicas y de medios que se dan a los exmandatarios dejen de tener carácter vitalicio, aunque no establece un plazo concreto para que los que fueron presidentes del Gobierno puedan disfrutar de ellas.

VITALICIAS DESDE 1992

UPyD recuerda que en 1983 el primer el Estatuto de los expresidentes del Gobierno les atribuyó prerrogativas para los cuatro años siguientes a su cese, pero que en 1992, éstas se ampliaron hasta el final de sus vidas, sin limitación alguna.

Los exinquilinos de la Moncloa tienen asignados unos 15.000 euros anuales para gastos de oficina, atenciones de carácter social y alquileres de inmuebles y, desde 2008 pueden convertirse en consejeros natos y vitalicios del Consejo de Estado y cobrar por ello.

80.000 EUROS AL AÑO

Además, Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, perciben, como lo hará a partir del próximo ejercicio José Luis Rodríguez Zapatero, tienen garantizada una pensión de alrededor de 80.000 euros al año cada uno que pueden compatibilizar con los ingresos y rendimientos que obtengan como consejeros o asesores de empresas privadas u otros derechos de contenido patrimonial.

Para UPyD, la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas "descansa en el principio de transparencia en la gestión de los fondos públicos", de forma que sea posible conocer, controlar y evitar en su caso la percepción simultánea de retribuciones públicas y privadas, "susceptibles de ser consideradas como claramente abusivas, especialmente en la actual situación de grave crisis económica y altísima tasa de desempleo".

Por todo ello, la formación que lidera Rosa Díez quiere que en un plazo de dos meses el Gobierno presente un proyecto de ley regulador del estatuto de los expresidentes del Gobierno que, "sin perjuicio de la consideración y respeto que han de merecer las personas que hayan desempeñado dicho cargo", establezca un límite temporal a las prerrogativas concedidas al cesar del mismo así como el régimen de incompatibilidades entre retribuciones o derechos de contenido patrimonial procedentes de fondos públicos con los derivados de su actividad profesional de carácter privado.

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