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LEY DE DEPENDENCIA

El Congreso debate hoy una iniciativa para alcanzar un pacto que garantice el futuro del sistema de Dependencia

El Pleno del Congreso de los Diputados votará este martes una iniciativa, a instancias de CiU, por la que se propone un acuerdo político y social, que englobe a las comunidades autónomas y agentes sociales implicados, para garantizar la sostenibilidad futura del sistema de atención a la Dependencia.
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El responsable de defender la moción, consecuencia de la interpelación formulada la pasada semana a la ministra del ramo, Ana Mato, será el diputado Carles Campuzano, quien ha insistido a Europa Press en que trabaja con PP y PSOE en alcanzar un pacto para dar sostenibilidad al futuro de la Dependencia porque es "necesario".

Sobre la negociación que mantiene con el PP, el segundo punto de la iniciativa nacionalista catalana propone la supresión de una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, actualmente en tramitación parlamentaria, y que impide la entrada en el sistema de dependencia de los dependientes moderados, un aspecto que los 'populares' se opondrán previsiblemente.

Mientras, desde el PSOE van a presentar una enmienda de sustitución, según informaron fuentes socialistas a Europa Press, porque, aunque coinciden con CiU en que es necesario alcanzar dicho acuerdo, apuestan porque se mantegan las directrices de la Ley de Dependencia de 2006, que ellos mismos promovieron.

En este sentido, la iniciativa de CiU se decanta por una nueva orientación que garantice la financiación necesaria y la participación del Estado, a corte y medio plazo, en base a los costes reales de los servicios y prestaciones en las distintas comunidades autónomas. Actualmente, el sistema está financiado en un 50 por ciento por las comunidades y la otra mitad parte del Estado.

Las Comunidades Autónomas se están ahogando

Esta iniciativa es consecuencia de una interpelación que Campuzano dirigió a Ana Mato y en la que denunció que el sistema actual de Dependencia está "ahogando" económica y financieramente a las comunidades autónomas.

A su juicio, el actual modelo no tiene en cuenta el coste real de los servicios que prestan las comunidades, que para cubrir las prestaciones ya reconocidas se van a ver obligadas a incrementar su gasto o, bien, a elevar los niveles de copago. A su juicio, se trata de una tendencia que se agrava si, como está sucediendo, el Estado reduce su aportación presupuestaria.

Por ello, propone que dicho acuerdo deba orientarse a garantizar la financiación necesaria y la participación del Estado, a corto y medio plazo, basándose en los costes reales de las prestaciones de las comunidades autónomas, más allá del horizonte 2015, con el objetivo de alcanzar un gasto estable en estas políticas.

Igualmente, quiere que dicho pacto revise la aplicación del sistema priorizando las atenciones que conllevan, la creación de empleo, el impulso a la colaboración público-privada, el desarrollo de las prestaciones socio-sanitarias y el impulso a las políticas de prevención y a la I+D+i en esta materia.

Asimismo, plantea en la moción que el citado acuerdo posibilite el desarrollo de la política de atención a la dependencia con pleno respeto a las atribuciones competenciales que en materia de servicios sociales atribuyen la Constitución y a los Estatutos de Autonomía a las comunidades autónomas.

Finalmente, desea que se suprima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, actualmente en tramitación parlamentaria, la disposición adicional cuadragésima por la que se suspende la aplicación de determinados preceptos de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, y a mantener, hasta que se reforme el sistema de financiación, el nivel conveniado del Sistema de Atención a la Dependencia, por tratarse de recursos del todo imprescindibles para que las comunidades autónomas puedan atender a los usuarios del sistema.

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