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JUSTICIA

El Congreso confirma la elevación a 600.000 euros de la cuantía para interponer un pleito económico ante el Supremo

El PP afea al PSOE que se presente como el "adalid de los pobres frente a los ricos" con una norma que perjudica al ciudadano medio
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Los portavoces de los grupos parlamentarios del PSOE, ERC, PNV y CiU han expresado este miércoles su apoyo al proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal que finalmente elevará de 150.000 a 600.000 euros el límite mínimo para interponer un pleito económico ante el Tribunal Supremo.

La norma saldrá así adelante sin la modificación que introdujo la semana pasada el Senado en contra de la subida de esta cuantía en los órdenes Civil y Contencioso-Administrativo y pese a la "abstención crítica" que ha anunciado el PP para la votación de las enmiendas que tendrá lugar mañana en el Pleno del Congreso.

Desde la tribuna, el presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Cuesta, ha adelantado que su grupo defenderá el incremento a 600.000 euros para la interposición del recurso de casación y aceptará las enmiendas votadas por los senadores socialistas durante su tramitación parlamentaria, entre ellas la que propone ampliar "la protección del deudor sobre la vivienda" en el caso de subastas de bienes inmuebles diferentes del domicilio habitual del deudor.

Los socialistas también apoyarán denominar a este texto 'Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal', en vez de 'Proyecto de Ley de medidas de agilización procesal y de reforma del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 20 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social' como adoptó en un principio la Cámara Baja.

Cuesta ha elogiado la "brillante y productiva" gestión a favor de la Justicia durante la última legislatura que tiene como broche final esta Ley que ayudará a suprimir trámites "innecesarios", como los de preparación del recurso de queja, apelación o casación, reducir el número de procedimientos y potenciar el proceso monitorio, ampliándolo a cualquier reclamación de cantidad con independencia de su cuantía y extendiéndolo a los juicios de desahucio por falta de pago.

EL PP CARGA CONTRA UNA LEY "MALDITA" E "INJUSTA"

Por su parte, el PP ha anunciado una "abstención crítica" contra esta Ley, que ha calificado como "maldita" y "profunda y deliberadamente injusta". El diputado Vicente Ferrer también ha cargado contra la "improvisación" del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que ha abordado de manera "precipitada" numerosas reformas en el último tramo de la legislatura.

El 'popular' ha avanzado igualmente que su partido revisará si llega al Gobierno la segunda instancia con el fin de combatir el colapso en la Justicia pero sin perjudicar a las clases medias. "Son ustedes los que quieren afrontar una campaña electoral presentándose como los adalides de los pobres frente a los ricos, pues no será hoy señorías", ha afeado a los socialistas.

Tras tildar de "disparatada" la reforma, Ferrer ha preguntado al resto de parlamentarios: "¿Cuántos conocen ustedes con viviendas valoradas en más de 600.000 euros, cuántas pymes y autónomos que facturen más de 600.000 euros anuales conocen?". "¿En qué ambiente se mueven, qué amistades frecuentan", ha cuestionado.

ERC se ha inclinado por apoyar la enmienda introducida por la Cámara Alta que rechaza aumentar la cantidad para recurrir al alto tribunal, aunque ha anunciado que respaldará el conjunto del proyecto de Ley. A juicio del diputado Joan Ridao, la norma sustituye "un paso positivo" aunque, eso sí, "modesto" para la modernización de la Justicia.

Según ha dicho, la actual legislatura se presentó como el ejercicio de "la Justicia" y sin embargo ha sido "la legislatura de la crisis". "Queda mucho camino por recorrer para que los ciudadanos obtengan una respuesta rápida a los problemas que plantean", ha advertido.

Desde el PNV, Emilio Olabarría también ha avanzado que los nacionalistas vascos darán un espaldarazo a la Ley por considerarla "correcta". "El sentido de nuestro voto será prácticamente en su totalidad favorable a las enmiendas aprobadas por el Senado", ha añadido.

De todos modos, Olabarría ha estimado la ley insuficiente para acabar con el actual colapso que impera en la Administración de Justicia y que requiere de "un gran pacto de Estado" para poner fin a esta situación.

Finalmente, el diputado de CiU Jordi Jané ha expuesto que su grupo rechazará la iniciativa del Senado para mantener intacta la actual cuantía exigida para recurrir ante el Supremo y ha recordado que los nacionalistas abogan por fortalecer "en la medida de lo posible" la "función casacional" que deben llevar a cabo los Tribunales Superiores de Justicia.

Jané ha recordado que este proyecto de ley no está exento de "tensiones" tras la polémica que se generó después de que miembros del Poder Judicial intentaran aprovechar el trámite parlamentario para "mejorar la Administración de Justicia".

Durante su tramitación, el Senado también aprobó la propuesta que rechaza elevar de 18.000 a 30.000 euros el límite para que las sentencias de los juzgados de lo Contencioso que puedan ser susceptibles de recurso de apelación.

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