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Economía/Macro

El Congreso aprueba la ley de dinero electrónico, que excluye los cheques de comida y tarjetas de compra

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la nueva ley de dinero electrónico que, en virtud de un acuerdo entre PSOE, PP, CiU y PNV, excluye de su ámbito de aplicación instrumentos como las tarjetas de compra, tarjetas de combustible, tarjetas de socio, tarjetas de transporte público, vales de servicios o los cheques para comida y otras herramientas de pago utilizadas en "redes limitadas".
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Tarjeta,dinero

Así, incorpora una enmienda introducida por el Senado que define como "red limitada" aquella en la que los instrumentos sólo pueden emplearse para la adquisición de bienes y servicios en un determinado establecimiento o cadena de establecimientos, o para una serie limitada de bienes y servicios, sea cual "sea la localización geográfica del punto de venta".

En su redacción original, la ley excluía de su ámbito de aplicación "aquel valor monetario almacenado en instrumentos específicos", diseñados para atender necesidades "concretas" y cuyo uso esté "limitado" a una red de establecimientos o de proveedores de bienes y servicios o a una gama limitada de productos.

Sin embargo, la norma, que transpone una directiva europea, obliga a los emisores del dinero electrónico a reembolsar al titular del mismo el valor monetario del dinero electrónico de que se disponga, lo que llevó a PP, PNV y CiU a denunciar que esto podría extenderse a los vales si no se excluían claramente de su ámbito de aplicación.

Además, señala que estas entidades, antes de comenzar su actividad, deberán inscribirse en un registro del Banco de España, que será el que garantiza la existencia de capital suficiente en las entidades de dinero electrónico.

Los 'populares' y los nacionalistas justifican que estos instrumentos entre los que incluye los vales de comida o las tarjetas de compra, "tanto el empleador como usuario beneficiario" se benefician de incentivos fiscales, por lo que dar a este último la posibilidad de canjear los vales por su valor en efectivo "permitiría el fraude impositivo y anularía el objetivo de beneficio social que pretenden".

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