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El Congreso da 'luz verde' definitiva a la Ley de Seguridad Aérea

Tipifica como infracción administrativa "muy grave" la "falta injustificada al puesto de trabajo", incumplimiento que conlleva una multa que ascendería entre los 250.000 euros y los 4,5 millones de euros o la pérdida de la licencia de controlador.

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El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva el proyecto de Ley de Seguridad Aérea, por el que se establece el Programa Estatal de Seguridad Operacional (PESO), se modifica la regulación de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIC) y se incluye un nuevo catálogo de infracciones en el control del tráfico aéreo, con multas de entre 250.000 euros a 4,5 millones de euros para casos muy graves.

Tras su paso por el Senado, que dio 'luz verde' a la nueva ley con el apoyo de la mayoría de los grupos, volverá mañana a la Cámara Baja, donde se ratificarán las enmiendas introducidas por el PSOE y el resto de grupos de la Cámara Alta.

Entre ellas destaca la incorporación en su art. 48 bis de la tipificación como infracción administrativa "muy grave" del "simular enfermedad o disminución de la capacidad psicofísica o dificultar o negarse a realizar controles médicos", "dificultar, retrasar o negarse a recibir las labores de formación", "obstaculizar o impedir las pruebas de calidad o auditorías", así como "la falta injustificada" del puesto de trabajo.

Para estos casos, la multa ascendería entre los 250.000 euros y los 4,5 millones de euros o la pérdida de la licencia de controlador, mientras que para las infracciones graves se situaría entre los 70.000 y los 250.000 euros.

Las tipificadas como leves supondrán el apercibimiento o una sanción desde los 4.500 euros hasta los 70.000 euros. De esta forma, las sanciones se aplicarían de forma automática desde la entrada en vigor de la nueva ley.

Además, se establece la obligación de las compañías aéreas de informar de las causas de cancelación o retraso de los vuelos, así como de los derechos que asisten a los pasajeros afectados.

En cuanto al transporte de forma gratuita en cabina del equipaje de mano, podrán incluirse los objetos adquiridos en las tiendas del área de embarque y únicamente podrá denegarse por razones vinculadas a la seguridad, el peso o el tamaño de los mismos.

NUEVO MODELO DE AENA.

En lo que se refiere al nuevo modelo de AENA, ha prosperado también la enmienda introducida en el Senado por el Grupo Socialista sobre la regulación de las tasas aéreas.

Según este cambio, "las sociedades filiales gestoras de aeropuertos gestionarán y percibirán todos los precios privados y las prestaciones patrimoniales de carácter público derivadas de los servicios y actividades desarrolladas en los aeropuertos atribuidos a su gestión".

No obstante, señala el art.70, mediante el convenio de colaboración suscrito entre la futura Aena Aeropuertos y cada filial se determinará el porcentaje de ingresos que estas deberán abonar a Aena Aeropuertos para el mantenimiento de la red.

El ministro de Fomento, José Blanco, ha tomado la palabra para agradecer a todos los grupos parlamentarios su apoyo a los cambios en materia de seguridad aérea y sanciones a los controladores, pero ha reprochado al PP que no apoye la "culminación de reformas estructurales" del modelo aeroportuario que se han añadido en el Senado.

"Me sorprende que no apoye la transposición de una directiva comunitaria que va a suponer mas eficiencia competitividad y productivas de todo el sistema aeroportuario", ha afirmado, a lo que el diputado 'popular' Sebastián González ha afirmado que el PP no se niega a reforma el sistema, pero cuando se presente "en condiciones".

En el proyecto se ha incluido además la aprobación del papel "determinante" de los gobiernos autonómicos y administraciones locales, tras el pacto alcanzado entre ERC, PSOE y CiU en el Congreso.

MODIFICACIÓN DE LA CIAIAC.

El nuevo proyecto de Ley, que modifica la Ley de Seguridad Aérea de 2003, contempla una nueva regulación para la CIAIC, que será común en toda la UE, reforzando la independencia de la Comisión mediante su control parlamentario en la designación de su presidente y en la remisión al Congreso de la memoria anual de su actividad.

Con ello, se pretende contribuir a que la investigación judicial y técnica sean "suficientemente independientes" para cumplir con sus objetivos.

Por otro lado, garantiza el suministro de información de los profesionales aeronáuticos, que voluntariamente reportan incidentes y fallos susceptibles de provocar un accidente no pudiendo difundir "ninguno de los datos, grabaciones o comunicaciones" con otro fin.

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