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Economía/Finanzas

El Congreso convalidará este jueves la reforma financiera, que exige nuevas provisiones bancarias

El Pleno del Congreso de los Diputados convalidará este jueves el nuevo decreto ley de reestructuración del sector financiero, que aprobó el pasado día 11 el Consejo de Ministros y que supone la exigencia por parte del Gobierno de nuevas provisiones a las entidades financieras para que cubran también sus activos sanos.
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Congreso

En virtud de esta nueva norma, las provisiones por deterioro de valor en la cartera de crédito promotor se elevan del 7% contemplado en el decreto de febrero al 30% del total de alrededor de 122.000 millones de euros que están al corriente de pago. En total, se obligará a la banca a provisionar el 52% de los 25.000 millones de préstamos destinados a financiar suelo y otro tanto del crédito sin garantía real (18.000 millones). También se exigirá una cobertura de un 29% para los 16.000 millones en promociones en curso y el 14% para aquellas terminadas, que alcanzan un importe de 61.000 millones.

Así, la banca española deberá destinar otros 30.000 millones de euros para provisionar créditos al sector inmobiliario y promotor sanos que aún no registran incidencias de pago, con el objetivo de "garantizar la solvencia y la ausencia total de dudas sobre las entidades", según explicó el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Planes de reequilibrio

Las entidades tendrán que presentar ante el Banco de España antes del 11 de junio sus planes para cumplir con las nuevas exigencias, que se suman al saneamiento de 54.000 millones de euros en la cartera de crédito problemático, por lo que la limpieza total del sector ascenderá a unos 84.000 millones de euros. "El conjunto de las provisiones cubrirá un 45% de los activos ligados al sector promotor", sentenció el ministro.

De Guindos aclaró que estas provisiones se deberán realizar a cargo de los beneficios de las entidades, por lo que asumió que saldrán de las "cuentas de pérdidas y ganancias".

Fusiones hasta el 30 de junio

Las entidades que tras este saneamiento presenten déficit de recursos propios o de capital se capitalizaran a través de inversores privados o, en su defecto, podrán solicitar al FROB la suscripción de bonos convertibles contingentes en acciones, los llamados 'cocos', que tendrán un tipo de interés del 10%. Además, el ministró elevó al próximo 30 de junio el plazo para presentar planes de integración.

En este sentido, el Ministerio calcula que hará falta una aportación pública de 15.000 millones de euros, si bien esa cantidad se quedará probablemente muy corta dado que sólo Bankia ya pedirá unos 17.000 millones.

Para garantizar la recuperación de ese dinero, el decreto ley prevé la nacionalización de las entidades financieras que no devuelvan las ayudas en un plazo de cinco años.

De todas formas, la norma faculta al Banco de España a proceder a la conversión de acciones con anterioridad a esos cinco años si considera "improbable" que un determinado banco pueda afrontar el pago de esta ayuda. Si la entidad incumple con la devolución de la ayuda, el organismo regulador podrá además sustituir de forma provisional los órganos de administración o dirección de la entidad, lo que acabaría suponiendo su intervención.

Separar el ladrillo

Por otra parte, el decreto también obliga a la banca a separar sus activos vinculados al 'ladrillo' en sociedades independientes a un precio de valor contable menos las provisiones acumuladas por las entidades para cumplir con las exigencias establecidas en el real decreto de febrero y el aprobado este viernes.

En aras de recuperar la confianza internacional sobre el sistema financiero español, la banca deberá concluir este proceso de apartamiento de sus activos inmobiliarios a lo largo del ejercicio 2012, si bien las entidades que emprendan procesos de integración contarán con un plazo adicional de doce meses después de que se apruebe la operación, por lo que previsiblemente tendrán de plazo máximo hasta mediados de 2013.

El Gobierno pretende que en estas nuevas sociedades que aglutinen los activos inmobiliarios puedan entrar también inversores privados. Además, ha encargado a dos empresas independientes realizar test de esfuerzo a todo el sistema financiero español y, en una segunda fase, otras tres compañías analizarán las carteras completas de cada banco individualmente.

A la espera del PSOE

Así las cosas, el Gobierno espera poder contar con el apoyo de los socialistas en la convalidación del decreto, después de que el partido mayoritario de la oposición avisara tras votar a favor del decreto de febrero que no daría un cheque en blanco y que esperaba negociación para cualquier otro proceso de saneamiento bancario.

Además, la crisis de Bankia ha provocado las críticas de los socialistas, cuyo secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha expresado públicamente su rechazo a cualquier nueva inyección de fondos públicos en bancos y cajas hasta conocer exactamente qué ha ocurrido con la entidad presidida hasta hace un par de semanas por Rodrigo Rato.

El debate de convalidación se producirá además pocas horas después de que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) interrogue al Gobierno sobre las medidas que piensa adoptar para depurar responsabilidades en la crisis financiera, en una iniciativa que han presentado tras rechazarse dos veces su propuesta de crear una comisión de investigación sobre este asunto.

En la misma línea, el BNG también ha propuesto, para su debate en la sesión plenaria del martes en la Cámara baja, una proposición de ley con algunas propuestas de cambio para el decreto de reestructuración bancaria, que persiguen garantizar la vinculación de las entidades auxiliadas por el FROB con sus territorios y su obra social.

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