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El Congreso votará este martes nuevas medidas de control fiscal, incluida una Oficina contra el Fraude

Aboga por retrasar la prescripción del delito fiscal y limitar a 3.000 euros las transacciones comerciales en efectivo

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Agencia Tributaria

El Pleno del Congreso de los Diputados votará este martes una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE y que recoge Europa Press en la que se insta al Gobierno a crear una oficina especializada contra el fraude fiscal y a aprobar nuevas medidas como aumentar la vigencia de los delitos fiscales hasta los diez años (retrasando la prescripción) y limitar a 3.000 euros las transacciones comerciales en efectivo.

El debate coincide con la polémica suscitada por los relevos llevados a cabo al frente de la actual Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) que depende de la Agencia Tributaria, cambios criticados desde algunos partidos de la oposición por afectar a los funcionarios que han investigados casos como la trama Gürtel o los contratos del Instiotuto Nóos de Iñaki Urdangarin.

En su iniciativa, los socialistas reclaman la creación de una Oficina de Lucha Contra el Fraude "de carácter especializado" desde donde se "combata con total contundencia y máxima eficacia el fraude fiscal" y se "prevenga y reprima el blanqueo de capitales".

En la misma línea de contribuir a acabar con los delitos fiscales como fórmula para conseguir más ingresos para las arcas del Estado, el PSOE sugiere mejorar los instrumentos legales de intercambio de información entre dicha oficina y los órganos supervisores financieros --Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros--, así como con el resto de instituciones que deben colaborar con la lucha contra el fraude.

"Para combatir el fraude se hace precisa una mayor y eficaz coordinación y cooperación entre las inspecciones de Trabajo, Hacienda y la administración de la Seguridad Social. Una cooperación más estrecha entre estas instituciones y la puesta en marcha de planes adecuados de inspección permitirían desarrollar políticas públicas de prevención y corrección más eficaces", alegan en el texto.

DELITO DURANTE MÁS TIEMPO.

Además, el grupo parlamentario solicita otras medidas legislativas como que se aumente el plazo de prescripción penal hasta los diez años para delitos de fraude fiscal y que se revisen las penas para estos delitos.

También se recomienda reformar los procedimientos judiciales abreviados y urgentes para este tipo de delitos, creando "un procedimiento abreviado especial en el que no se menoscabe el derecho a la defensa pero que permita acortar los dilatados plazos actuales" e implantando "un nuevo procedimiento abreviado para la adjudicación y subasta de los bienes incautados".

Asimismo, se reclama "defender ante los organismos internacionales el aislamiento y la progresiva desaparición de los paraísos fiscales y la transparencia de los movimientos de capital entre países".

CONCIENCIACIÓN SOCIAL.

Para implicar a los ciudadanos en la lucha y condena de la evasión fiscal, el PSOE considera necesario desarrollar acciones de concienciación, además de "promover de manera progresiva la implantación del dinero electrónico para todas las transacciones que realizan los ciudadanos y las empresas".

"Para lograr este objetivo será necesario garantizar la generalización de las 'tarjetas-monedero' para toda la población en las próximas dos legislaturas, lo cual puede hacerse con una mejora de las actuales tarjetas bancarias de crédito y débito, así como también a través del DNI electrónico", recomiendan los socialistas.

Por último, su iniciativa incluye también la prohibición de los pagos en efectivo "en operaciones comerciales por encima de los 3.000 euros, lo que favorecería la lucha contra la economía sumergida y dificultaría el blanqueo de dinero negro". El Gobierno ya ha puesto en marcha una medida similar para operaciones entre empresas por encima de los mil euros.

"El fraude fiscal es un fenómeno del que derivan graves consecuencias para la sociedad en su conjunto", recuerdan los socialistas, que consideran además que la evasión fiscal es "el principal ataque a la equidad y justicia del sistema tributario" y que luchar contra él permitiría aflorar "importantes bolsas de fraude" que permitirían "un importante incremento de los ingresos públicos en los próximos ejercicios".

De hecho, según datos de la Agencia Tributaria, el Plan de Prevención de Fraude Fiscal puesto en marcha en 2005 ha permitido recaudar unos 45.500 millones de euros extra, alcanzando sólo en 2010 el 1 por ciento del PIB.

TAMBIÉN IU.

Por su parte, Izquierda Unida también tiene anunciada una proposición para promover reformas legislativas que contribuyan a luchar contra el fraude fiscal, lo que, según Cayo Lara, permitiría aflorar 26.000 millones de euros, "casi tanto como el recorte que tiene previsto el Gobierno hacer en el siguiente PGE para ajustar el déficit al 4 por ciento".

Entre las medidas figura obligar a las empresas radicadas en España a informar sobre las operaciones que sus filiales o sucursales realizan en paraísos fiscales, instar a la UE a que elimine el billete de 500 euros o limitar a 1.000 euros los pagos en efectivo.

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