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VIOLENCIA DE GÉNERO

El Congreso aprueba el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género

El Pleno ha adoptado el acuerdo para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, al ratificar el informe aprobado en julio por la Comisión de Igualdad que plantea propuestas de actuación en todos los ámbitos y reclama recursos financieros para la aplicación de estas políticas, con un incremento de la dotación económica de mil millones de euros durante los próximos cinco años.

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Violencia de género

El Pleno ha aprobado hoy un texto propuesto por todos los grupos que pide que sean consideradas como víctimas directas de violencia de género las madres cuyos hijos/hijas hayan sido asesinados por el maltratador. Este daño a través de terceros "por interpósita persona" será considerado una fórmula más de violencia contra la mujer, ya que en numerosas ocasiones es la consecuencia final de una violencia previa sobre la madre, según han informado fuentes parlamentarias.

Ejes de actuación

El pacto se ha elaborado sobre la base de las propuestas formuladas por los 66 expertos y expertas en violencia contra las mujeres -cuyos testimonios se incluyen en el texto aprobado hoy- que han acudido a la Subcomisión en las 43 sesiones celebradas desde que se aprobó su creación, en noviembre de 2016; y a partir de las propuestas formuladas por los Grupos Parlamentarios, y articula sus recomendaciones y propuestas de actuación estructuradas en diez ejes. 

Las medidas que los miembros de la Subcomisión han concretado en este pacto inciden en los ámbitos de sensibilización y prevención; mejora de la respuesta institucional; perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas; asistencia y protección de los menores; impulso a la formación de los distintos agentes; seguimiento estadístico; recomendaciones a las Administraciones Públicas y otras instituciones; visualización y atención de otras formas de violencia contra las mujeres; compromiso económico y seguimiento del pacto.

Sensibilización y prevención

Para la "ruptura del silencio" y la prevención, el Congreso reclama un pacto social y político en educación, a fin de reforzar valores igualitarios, la educación afectivo sexual y la prevención de la violencia. La Inspección Educativa incluirá además nuevos indicadores de seguimiento en los protocolos contra el acoso escolar con el fin de identificar posibles víctimas de esta lacra entre el alumnado. Además, se incorpora al Movimiento Feminista como materia de estudio en los libros de texto.

En el mismo sentido, el acuerdo alcanzado persigue llevar la lucha contra el machismo a los más jóvenes a través de campañas en las herramientas tecnológicas de la información. También se quiere implicar a los medios de comunicación y de publicidad en la no difusión de mensajes e ideas sexistas así como la puesta en marcha de un Código de Publicidad no Sexista.

La lucha contra la apología de la violencia de género en acontecimientos deportivos; las campañas institucionales en el ámbito laboral, en colaboración con sindicatos, patronales y empresas; y la formación para la detección precoz en centros sanitarios, son otros de los aspectos que se abordan en este eje de actuación. 

El segundo apartado, dedicado a la mejora de la respuesta institucional: coordinación y trabajo en red, incluye el impulso de un acuerdo internacional; dar relevancia en la estructura institucional a las políticas contra la violencia de género; y actuar en el ámbito laboral. Incluye, así, medidas contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, y determina que las empresas deberán implantar propuestas contra el acoso laboral y por razón de género, abordando tal cuestión en la normativa de riesgos laborales.

Asistencia, ayuda y protección de las víctimas

Este eje de actuación incluye, entre otras medidas, la adecuación y dotación de los juzgados de violencia sobre la mujer, la coordinación en cuanto a órdenes de protección y otras actuaciones en materia de justicia; actuaciones policiales para mejorar la asistencia, garantizar los protocolos y mejorar el sistema de vigilancia electrónica. 

Se plantea también promover unidades de apoyo de ámbito local para identificar posibles víctimas de violencia de género sin necesidad de que exista denuncia previa; la suspensión de algunos atenuantes en casos de violencia de género o extender la pena accesoria de privación de tenencia de armas no solo al delito de lesiones, sino también al de coacciones o amenazas. También se prevé que los insultos y calumnias en redes sociales no sean considerados delitos leves.

Las medidas administrativas como la creación de una subcomisión sobre igualdad de género en el Instituto de Juventud y la mejora de acceso a la información; mejorar la protección en el ámbito rural; reforzar los protocolos en el ámbito sanitario y proteger a mujeres y niñas con diversidad funcional-discapacidad son otras de las actuaciones previstas.

Para intensificar la asistencia y protección de los menores se propone garantizar una prestación a todos los huérfanos y huérfanas por violencia de género; estudiar la situación de los menores en cuanto a custodia y régimen de visitas; prohibir la visita al padre en prisión por violencia de género; reforzar la asistencia a hijos e hijas de víctimas mortales, y establecer un sistema de atención pedagógica y educativa son algunas de las medidas planteadas en este ámbito. 

Entre las medidas económicas, se contempla que las mujeres víctimas de violencia de género que accedan a la renta de reinserción por esta circunstancia nunca podrán cobrar una retribución menor al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Dicha prestación podrá ascender hasta el 133% del SMI en caso de que la receptora tenga a tres o más familiares a su cargo.

Formación, buenas prácticas y visualización

El impulso de la formación que garantice mejor respuesta asistencial es otro de los ejes, que incorpora la formación especializada a profesionales de medios de comunicación, de la administración de justicia de cuerpos de seguridad del Estado y a los profesionales que atienden en cualquier ámbito a las víctimas de violencia de género; difundir el manual de la UE de buenas prácticas para combatir la violencia contra las mujeres; y especializar a equipos psico-sociales son algunas de las propuestas.

El pacto propone establecer la obligación legal de obtener y prestar datos estadísticos detallados y secuencias, con la periodicidad que se establezca, e impulsar la incorporación de indicadores específicos que permitan conocer el número de niños y niñas menores y géneros que han sido víctimas, así como las personas con diversidad funcional-discapacidad. Plantea también, entre otras cuestiones, pedir al CGPJ una unidad específica de evaluación de los datos procedentes de los juzgados de violencia sobre la mujer. Recomendaciones a Comunidades Autónomas, entidades locales y otras asociaciones

Introducir módulos transversales sobre violencia sexual en los contenidos formativos para empresas y administraciones, una mesa de coordinación estatal que incluya a todos los agentes, programas de prevención y detección desde la educación infantil, fomentar la investigación, promover un enfoque integral y multidisciplinar contra la trata, reforzar la persecución de oficio del delito de trata, concienciar contra la demanda de prostitución, son otras de las propuestas. 

Compromiso económico y seguimiento 

Con este pacto, el Congreso reclama que se dediquen recursos financieros adecuados para la correcta aplicación de estas políticas. Plantea que el presupuesto de 2018 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se incremente un 20%, y otro 15% anual de 2019 a 2022. Además, los Presupuestos Generales del Estado destinarán a los ayuntamientos un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios, y a las Comunidades Autónomas 100 millones de euros más al año para el desarrollo o ampliación de medidas recogidas en este pacto.

El compromiso económico global destinado a desarrollar el pacto supone un incremento de mil millones de euros durante los próximos cinco años, desglosados en 100 millones de euros adicionales a entidades locales, 500 a Comunidades Autónomas y otros 400 a competencias estatales contra la violencia de género dentro de los Presupuestos Generales del Estado.

Para el seguimiento del Pacto se propone una Comisión Permanente no legislativa en el Congreso, a la que la delegación del Gobierno deberá remitir informes anuales sobre la aplicación y desarrollo del plan nacional de sensibilización y prevención. Se establecerán mecanismos para que se realice el seguimiento y evaluación de los créditos presupuestarios dedicados a sufragar las políticas del Pacto. 

Votos particulares aprobados 

Además del voto particular propuesto por todos los grupos parlamentarios, se han aprobado otros seis planteados. Concretamente los que hacen referencia a la necesidad de ampliar los recursos materiales y humanos en la Administración y en las universidades para atender situaciones de violencia de género. También se acuerda que la Inspección de Trabajo pueda sancionar a las empresas que, obligadas por ley a tener un plan de igualdad, no lo realicen. 

Asimismo, en estos votos particulares se pide armonizar las leyes integrales autonómicas contra la violencia de género y atención a las mismas así como a sus hijos e hijas. Por último, se contempla una batería de medias contra el acoso sexual, enfocadas a la formación y sensibilización en el ámbito laboral y a agilizar los tiempos judiciales para estos casos.

Por último, en estos votos particulares también se abordan los matrimonios forzosos como otra forma más de violencia machista. Se pide que la nulidad del matrimonio, la petición de divorcio, las pensiones alimentarias y la custodia de los hijos sean realmente efectivas.


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