Conócenos

CONGRESO

El Congreso aprueba sin el PP la ley que eleva a 600.000 euros la cuantía mínima para llevar un pleito al Supremo

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha logrado sacar adelante, con los votos en contra del PP, el proyecto de Ley de medidas de agilización procesal que eleva de 150.000 a 600.000 euros la cuantía de los pleitos económicos que revise el Tribunal Supremo.

  • Imprimir

Justicia,legal

Este límite para acceder al recurso de casación en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo supone un incremento cercano al 300 por ciento respecto a la cuantía actual aunque es inferior al millón de euros que solicitaban los presidentes de Sala del Tribunal Supremo, según ha manifestado el diputado socialista Julio Villarubia, que ha precisado que los asuntos que revistan "interés casacional" podrán ser revisados por el alto tribunal.

El diputado del PP Vicente Ferrer ha motivado la oposición de su grupo en que esta norma ofrece soluciones "injustas" y "arbitrarias" para pretender acabar con el colapso en la Administración de Justicia. "No les conozco. Estas medidas constituyen el mayor recorte de derechos civiles en el ámbito de la Justicia que he conocido en tres décadas, desde que tenemos democracia", ha recriminado a sus señorías.

La nueva norma cifra en 30.000 euros la cuantía para recurrir en apelación las sentencias dictadas por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo y fija en 3.000 euros el límite para recurrir las resoluciones dictada en juicios verbales por reclamación de cantidad.

La única decisión adoptada con la unanimidad de todos los grupos ha sido la que ha aprobado la enmienda transaccional que establece que los promotores paguen una tasa de 50 euros, en lugar de 90, en la tramitación de los procesos monitorios que excedan los 3.000 euros, estando exentos del pago de esta tasa en las demandas de inferior cuantía.

En cuanto al procedimiento de desahucio, el proyecto de Ley incorpora "mejoras técnicas" sobre la enervación y el juicio, tanto en el ámbito monitorio que introduce este proyecto de ley como en el desahucio ordinario. A partir de ahora, si el arrendatario no desaloja el inmueble, pague o formule oposición tras el requerimiento, se tramitará directamente el lanzamiento, cuya fecha se le comunicará en el mismo requerimiento.

En materia de recursos, la ley suprime el trámite de preparación en los devolutivos (apelación, infracción procesal y casación) al considerar que supone una dilación "innecesaria" en los plazos de resolución y no aporta ninguna ventaja al recurrente ni a la Administración, ha explicado el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, Julio Villarubia.

En el orden contencioso-administrativo, Villarubia ha resaltado que se introduce en el procedimiento abreviado la posibilidad de evitar la celebración de la vista oral "en aquellos supuestos en los que no se proponga el recibimiento del recurso a prueba".

NO HAY LEY MORDAZA

Los grupos también han lamentado que esta norma no incorpore finalmente reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal referentes, especialmente, a la necesidad de modificar la regulación del secreto de sumario para acabar con las filtraciones judiciales y velar por la dignidad y el derecho a la presunción de inocencia de todos los procesados.

Tampoco incorporará esta norma las enmiendas dirigidas a ampliar el secreto de las actuaciones judiciales durante la fase de la instrucción, que fueron retiradas por el PSOE tras la "confrontación institucional" abierta entre la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El diputado de CiU Jordi Jané y el diputado del PNV Emilio Olabarría han coincidido en lamentar que la ley no incorpore esta serie de medidas sobre la reforma de la LECRim por la falta de un "consenso amplio" con todos los sectores implicados, entre los que se abrió "alguna fricción institucional".

El texto, que a partir de ahora debatirá el Senado, sólo afecta al proceso penal en cuanto incorpora medidas sobre la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, la cual fue aprobada en la última reforma del Código Penal.

Para Villarubia, la Ley beneficiará a los consumidores, a las pymes y a la competencia en el mercado al tiempo que garantizará la tutela judicial efectiva y agilizará la actividad de los juzgados y tribunales españoles, eliminando trámites innecesarios y reduciendo costes.

Por contra, el diputado 'popular' Vicente Ferrer ha cargado contra el resto de grupos por fijar de un modo "disparatado" la cuantía de 600.000 euros para recurrir al Supremo y "privar de un plumazo" la casación para los autónomos y los pequeños empresarios. A su juicio, la nueva ley beneficia a los "grandes usuarios" de la Justicia, los bancos y las aseguradores y se olvida de la gran mayoría de ciudadanos que tienen sueldos "mileuristas".

  • Imprimir
Widgets Magazine

DEMOSTRACIÓN GRATUITA

Solicite una clave de prueba de nuestros productos

Solicitar

Solicitar demostración

He leído y acepto las condiciones de la Política de Privacidad y el Aviso Legal

(*) Campos obligatorios

Productos destacados

  • El Derecho Suite Jurídica 2

    Creada para satisfacer todas las necesidades de información jurídica del profesional

Atención al cliente: De lunes a viernes de 9 a 20 horas ininterrumpidamente. Tel 902 44 33 55 Fax. 915 78 16 17