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Economía

El Congreso aprobará la Ley de Estabilidad con menos apoyo que la reforma constitucional que la generó

La Ley de Estabilidad Presupuestaria será aprobada este jueves por el Pleno del Congreso con menos apoyo parlamentario que la reforma constitucional que la generó pues el PP y el PSOE, que promovieron en agosto de 2011 aquella reforma de la Carta Magna, han pasado en siete meses del acuerdo al enfrentamiento.
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El nudo gordiano del desacuerdo se encuentra en el límite de déficit estructural, que el Gobierno ha fijado en el cero por ciento a partir de 2020 frente al 0,4 por ciento que, según los socialistas, se había acordado el pasado verano y que ahora se limita a las circunstancias excepcionales. Además, el PSOE también discrepa de la senda de reducción de la deuda pública que el Ejecutivo ha marcado en la norma.

Ante la falta de acuerdo sobre estos asuntos, los socialistas ya han anunciado que votarán en contra de la normativa, contra la que no presentaron enmiendas a la totalidad aunque sí enmiendas parciales, ninguna de las cuales ha sido aceptada por los 'populares', que sí han endurecido sin embargo tanto los plazos de los que disponen las administraciones públicas para presentar sus planes de ajuste como las medidas coercitivas y sancionadoras aplicables a quienes incumplan los objetivos.

Y es que el Gobierno quiere lanzar un mensaje claro a los acreedores de España y a los mercados internacionales de su compromiso con la reducción del déficit y la consolidación fiscal, un compromiso que, sin embargo, quedará descafeinado al no contar con el respaldo del otro partido con opciones de Gobierno.

El Gobierno cuenta con UPN, UPyD Y CiU

Pese al rechazo de los socialistas, el Gobierno y el Grupo Popular aún cuentan con poder conseguir el apoyo en la votación de UPN y UPyD, que lograron introducir algunas modificaciones técnicas en el texto, así como de CiU, con quienes siguen negociando algunas de sus enmiendas al articulado.

Así, el texto que se apruebe este jueves se remitirá al Senado, que puede interponer un veto, poco probable ante la mayoría absoluta del PP; introducir enmiendas, con lo que el proyecto debería ser votado de nuevo en el Pleno del Congreso; o aprobar el texto en los mismos términos en que le fue remitido, en cuyo caso la ley quedaría ya definitivamente aprobada.

De esta manera, la normativa podría entrar en vigor ya a principios de mayo, lo que a juicio del Gobierno permitiría a España afrontar con mayores garantías las acometidas de los mercados internacionales y acceder en mejores condiciones a la financiación lo que, a su vez, permitiría inyectar liquidez a la economía real para recuperar la senda del crecimiento y de la creación de empleo.

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