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CONGRESO

El Congreso decide el martes sobre la pensión de los expresidentes del Tribunal de Cuentas y de la Defensora del Pueblo

La Mesa del Congreso tomará el próximo martes una decisión sobre la pensión indemnizatoria, que ronda los 180.000 euros, que han solicitado los dos últimos presidentes del Tribunal de Cuentas y la anterior Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, por su cese, informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
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María Luisa Cava de Llano María Luisa Cava de Llano

El órgano de gobierno de la Cámara Baja, que preside Jesús Posada y con mayoría del PP, se reunió el pasado martes para analizar estas peticiones decidiendo entonces pedir un informe a los servicios jurídicos antes de dar una respuesta a los solicitantes, respuesta que previsiblemente darán la próxima semana.

En esa cita, la Mesa deberá decidir si acepta la petición en todos sus términos o pide algún tipo de ajuste. En ese sentido, es posible que a los expresidentes se les aplique la reducción correspondiente por la supresión de la paga extra de Navidad que se impondrá a los funcionarios y los diputados.

Ambos han alegado que, conforme a la legislación, tienen derecho a una pensión indemnizatoria del 80 por ciento de su retribución durante un máximo de 24 mensualidades. Dado que los últimos presupuestos fijan el sueldo anual del presidente del Tribunal de Cuentas en 112.578,34 euros, esa pensión superaría los 180.000 euros al final de los dos años.

Decide el Congreso pero paga el Tribunal

En el caso de que finalmente el Congreso dé vía libre a la pensión, esa partida saldrá del presupuesto de gastos del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, respectivamente, tal y como establece la ley.

Los dos últimos expresidentes del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto y Manuel Núñez, tienen derecho a una indemnización de unos 180.000 euros cada uno. El primero permaneció en el cargo diez años, entre 1997 y 2007, año en que fue relevado por Manuel Núñez, que a su vez sustituido en julio por Ramón Álvarez de Miranda, actual presidente de la institución a instancias del PP, como los anteriores.

En el caso del Defensor del Pueblo, la Mesa del Congreso debe atender la petición de María Luisa Cava de Llano, que ejerció el cargo en funciones como sustituta de Enrique Múgica y que ha solicitado cobrar la indemnización tras ser cesada por el nombramiento de Soledad Becerril.

Quien fuera adjunto segundo de la Defensora y también de Múgica, Manuel Aguilar, ha comunicado ya al órgano de gobierno de la Cámara Baja su renuncia a esta indemnización puesto que ha preferido reincorporarse a su trabajo anterior.

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