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Economía/Laboral

El Congreso espera cerrar esta tarde el informe del Pacto de Toledo y votarlo el próximo miércoles

La Comisión del Pacto de Toledo espera cerrar el documento con las recomendaciones sobre la reforma del sistema de pensiones esta misma tarde, para que la resolución sea aprobada en Comisión el 29 de diciembre "con toda probabilidad" y que se ratifique en el Pleno del próximo 25 de enero.
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Así lo ha adelantado el portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, tras considerar que el texto final que elabore el Gobierno tendrá muchas coincidencias pero, sobre todo, muchas diferencias con las recomendaciones del Pacto.

Por el momento, ERC, IU-ICV y BNG son las únicas formaciones que han confirmado que presentarán un voto particular en contra de varios puntos del informe, como el referente a la ampliación del periodo de cálculo. En cualquier caso, los grupos tienen hasta el martes 28 para presentar sus propuestas, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Llamazares ha acusado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de actuar "por la vía de los hechos" y "menospreciar" a los ciudadanos y al Pacto de Toledo, al tiempo que ha considerado "natural" que los sindicatos convoquen una huelga general contra un recorte "brutal y general" que reducirá la pensión media entre un 10% y un 15%.

A su parecer, el Gobierno ha incumplido el pacto de Toledo congelando las pensiones para el año que viene y lo ha desestabilizado, al tiempo que le ha acusado de estar "en rebeldía" con el Parlamento, con los pensionistas y con los ciudadanos rompiendo sus compromisos electorales. "Es lo peor que está ocurriendo", ha indicado.

Por este motivo, IU presentará un voto particular discrepante al documento de recomendaciones por lo que dice el documento sobre la edad de jubilación y por "lo que no dice" y que, sin duda, quiere hacer el Gobierno. "El Gobierno ha venido a esta Cámara con una idea de izquierdas y ha cambiado por el camino por una propuesta de derechas", ha indicado.

En cambio, el representante de CiU en la Comisión, Carles Campuzano, ha asegurado que su formación es favorable al texto que está elaborando el Pacto de Toledo porque las recomendaciones van "en la dirección adecuada", aunque es "evidente" que hay diferencias grandes entre el Gobierno y los distintos grupos, incluido CiU.

CIU CREE QUE SE PUEDE HACER UNA REFORMA "JUSTA".

A su parecer, los trabajos del Pacto de Toledo pueden permitir una reforma que sea "justa", que mejore la situación actual de algunos pensionistas, que siente las bases de la sostenibilidad del sistema de pensiones para el futuro y que permita un acuerdo con los agentes sociales.

Campuzano ve "posible" que la reforma no perjudique a nadie y cree que se tiene que hacer pensando en la gente y no en los mercados, aunque habrá que valorar el contenido del proyecto de ley en enero y las cuestiones fundamentales: la edad de jubilación, el periodo de cálculo y las pensiones de viudedad. "Esas tres cuestiones sería recomendable que el Gobierno asumiese el espíritu de la Comisión.

Por su parte, el portavoz del PNV en la Comisión, Emilio Olabarría, no ha querido dejar clara la posición de su formación porque aún hay muchos "flecos pendientes" y habrá que analizar la capacidad de aproximación del Gobierno. "Lo utópico y lo ideal sería la unanimidad, pero en este caso no parece tan previsible", ha añadido.

PNV: "EL GOBIERNO TENDRÁ QUE ELEGIR".

En este sentido, ha asegurado que las recomendaciones del Pacto incluirán conclusiones muy consensuadas y otras disenso. "No es bueno, pero es inevitable", ha añadido, tras dudar de si la ley que aprobará el Gobierno está ya redactada a pesar de que no se conocen las recomendaciones del Pacto.

"El Gobierno tendrá que tipo de ley quiere", ha señalado, tras advertir al Ejecutivo de que el documento final puede provocar el efecto tranquilizador que se pretende en los mercados o justo el contrario. "No hay que intentar sacar beneficios electorales del Pacto", ha indicado.

De hecho, ha recordado que él es el único superviviente de la Comisión de 1995 y que el único requerimiento de entonces era extraer las pensiones del debate partidista. "Esto no se está consiguiendo ahora desafortunadamente. Nosotros vamos a intentarlo con diagnósticos rigurosos y serios al margen de las rentabilidades electorales", ha aseverado.

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