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Propiedad Intelectual

El Pleno del Congreso insta al Gobierno a presentar un Proyecto de Ley que modifique la Ley de Propiedad Intelectual

La iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular, salió adelante con 328 votos a favor y 8 abstenciones.

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La iniciativa insta al Gobierno a presentar, antes de que finalice el mes de octubre, un Proyecto de Ley de modificación de Ley de Propiedad Intelectual que, en sintonía con las propuestas que están siendo objeto de elaboración en la Unión Europea sobre esta materia y las recomendaciones contenidas en el Informe de la Subcomisión de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual del Congreso de los Diputados aborde un régimen integral sobre la protección de los derechos de autor.

Esta ley, explica la moción, deberá afrontar no solo las recomendaciones contenidas en el informe de la Subcomisión de reforma de Ley de Propiedad Intelectual del congreso de los Diputados elaborado en 2010, sino que deberá establecer un régimen gradual de sanciones e intervenciones temporales, similar al que prevé la ley 50/2002, de 26 de diciembre, para las fundaciones.

En esta reforma, prosigue la iniciativa, deberá recuperarse la limitación que se establecía en el artículo de la citada ley de que las entidades de gestión no pueden dedicar su actividad fuera del ámbito de la protección de los derechos de la propiedad intelectual. Esta limitación, asevera la moción, fue suprimida por el artículo 42 de la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en virtud del cual estas pueden ejercer todo tipo de actividades culturales, distintas a la gestión de los derechos de propiedad intelectual.

Asimismo, reclama al Ejecutivo la creación de un fondo nacional para las artes e industrias culturales, bajo control del Ministerio de Cultura, y en cuya administración participen, conjuntamente, todas las entidades de gestión colectiva, que se nutra de las cantidades correspondientes a los derechos de propiedad intelectual recaudados, pero cuyos titulares legítimos no hayan sido identificados por las entidades de gestión, y con cargo al cual se otorguen ayudas a las artes e industrias culturales, en régimen de concurrencia competitiva, y se desarrollen programas de promoción y asistenciales.

En sintonía con lo anterior, el Gobierno deberá proceder, en consonancia con la futura legislación europea sobre propiedad intelectual y con el reparto competencial que en esta materia prevé la Constitución, a la creación de una Agencia Española de Propiedad Intelectual como organismo público, dependiente del Ministerio de Cultura, que cohesione, coordine, controle y dirija bajo el imperio de la ley y el interés público el funcionamiento de las entidades de gestión.

Además, el Congreso exhorta al Ministerio de Cultura a ejercer eficazmente las competencias que le atribuye el artículo 159 de la Ley de Propiedad Intelectual, de vigilancia de las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual sobre el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en ella.

A estos efectos, y en concreto, respecto a la Sociedad General de Autores y Editores, el Ministerio de Cultura deberá, en primer lugar, exigir toda la información sobre las actuaciones presuntamente irregulares, tanto de la entidad de gestión como de las entidades que esta haya creado.

En segundo lugar, deberá ordenar una inspección, en caso de que no se aporte toda la información. También deberá ordenar una auditoría externa, financiada por el Ministerio, y ordenar un examen de las auditorías internas, encargadas y pagadas por la propia SGAE, a fin de detectar las irregularidades que puede haber en ellas.

En último lugar, el Ministerio deberá designar, con carácter extraordinario, un representante que asista con voz pero sin voto, a las asambleas generales y reuniones de la Junta Directiva y de otros órganos de la entidad, hasta que el funcionamiento de la entidad vuelva a la normalidad.

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