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JUSTICIA

El Congreso pide al Gobierno modificar el Código Penal para reconocer como delito los matrimonios forzados en menores

El Pleno del Congreso ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno a modificar el Código Penal, de igual forma que ya lo han hecho otros países de la UE, para reconocer como un delito específico los matrimonios forzados en niñas menores.
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Alianza, anillo, boda

En la enmienda transaccional, apoyada por todos los grupos y a la que tuvo acceso Europa Press, se pide en concreto al Gobierno que cambie el Código Penal para incluir el matrimonio forzoso bien como un delito específico dentro del 'Titulo VI delitos contra la libertad', bien como un tipo agravado dentro del delito de coacciones, o bien como delito específico de los delitos contra las relaciones familiares.

Es más, se quiere con esta iniciativa que el Gobierno refuerce los mecanismos de protección a las víctimas durante el proceso de denuncia, para evitar que sean secuestradas o víctimas de violencia de género, así como que, en el plazo de seis meses, se elabore una estrategia específica para abordar de manera integral este fenómeno.

ALOJAMIENTO ESPECÍFICO PARA LAS VÍCTIMAS

Crear lugares de alojamiento específico, favoreciendo la autonomía de las mujeres en situación de urgencia, distribuidos por todo el territorio, y establecer un fondo de ayudas dirigido a las actuaciones de las asociaciones y entidades en defensa de los derechos de las mujeres, así como desarrollar acciones a nivel local y regional, en el marco de los planes de igualdad o de políticas de integración, son otras de las premisas planteadas al Ejecutivo.

Igualmente, se reclama al Gobierno la creación de una orden de protección específica para las víctimas de matrimonios forzosos, mejorando así su atención, además de impulsar que la UE convierta la lucha contra el matrimonio forzoso en una acción prioritaria en el marco de sus relaciones con los terceros países mediante la 'cláusula de derechos humanos'.

Además, se solicita al Gobierno que desarrolle, en colaboración con las comunidades autónomas, y junto con profesionales sociosanitarios, de la enseñanza, organizaciones propias de inmigrantes, mediadores culturales y las ONG que trabajen en estos ámbitos, programas de divulgación e información dirigidos tanto a la población susceptible de ser víctima de los matrimonios forzados como a la sociedad en general.

El objetivo de estas actividades sería conseguir la sensibilización de la población ante este fenómeno, así como reducir el número mediante políticas de prevención, tanto en España como en los países de origen.

SOLUCIÓN A LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

La portavoz del PP en la Comisión de Igualdad, la diputada Susana Camarero, ha sido la encargada de defender la propuesta inicial que, según ha argumentado, pretende poner solución a una violación de los derechos humanos, así como dar un tratamiento legal a este tipo de matrimonios forzados.

"Una cuestión milenaria que no sólo ocurre en tierras exóticas ya que con la llegada de la inmigración vuelven a estar en el actualidad en España", ha apuntado, al mismo tiempo que ha calificado esta práctica de "atentado contra la libertad de la mujer" así como contra su propia vida.

"España, como país acogedor, debe servir de ejemplo de democracia donde se respetan los derechos fundamentales de las mujeres. La inmigración nos ha obligado a legislar prácticas que chocan con una sociedad democrática como la nuestra, a mejorar los derechos libertad e igualdad de todas las niñas vengan de donde vengan", ha agregado.

UNA LACRA VIGENTE EN ESPAÑA

Desde IU-ICV, Nuria Buenaventura ha argumentado que se trata de un tema que debe preocupar porque está vigente en España, tanto en casos católicos, como en musulmanes e hindús, así como en etnias españolas.

En este sentido, ha detallado que el contexto familiar puede reaccionar negativamente ante un comportamiento occidentalizado, como negarse a casarse con un hombre por obligación, porque consideran que el honor familiar queda dañado, así como el prestigio de la familia.

"Son pocos los casos de las víctimas que lo denuncian, pero la denigración de la dignidad humana obliga a abordar este tema, ser objetivo de prevención", ha apostillado

Por su parte, la diputada de CiU, Mercé Pigem ha esgrimido que los matrimonios forzosos representan una práctica de "anacrónicas tradiciones", a la vez que suponen una "grave vulneración de los derechos humanos" que imponen a los estados democráticos la obligación de articular medidas.

Poner el acento en la prevención es uno de los puntos que los nacionalistas catalanes han defendido, entre las que se encuentran medidas de alejamiento, por ejemplo. Si bien ha insistido en quedebe ser el Consejo de Estado el que emita, de manera urgente, un informe sobre si la legislación española vigente es suficiente y adecuada para combatir el fenómeno.

Desde el PSOE, Carmen Juanes, ha tachado la iniciativa de "oportunista". A su juicio, el PP no puede decir que existe una laguna de impunidad en la materia, porque según ha indicado, obligar a alguien a establecer un matrimonio forzado sí está penado en el Código Penal en casos de coacción, por ejemplo.

Por parte del PNV, el diputado Emilio Olabarria, ha calificado de "pertinentes" las reflexiones del PP sobre estas prácticas al mismo tiempo que cree que existen varios delitos de esta naturaleza, que han provocado que países más sospechosos de no poseer una doctrina criminológica relevante lo hayan tipificado como tal, como Reino Unido por ejemplo.

"Vulnera entre otras cosas la Declaración Universal de los derechos humanos de las mujeres, y de los derechos del niño. Merece la consideración de patología meritoria en un Código Penal como el español", ha apuntado.

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