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MADRID

Condenan a la Comunidad de Madrid a pagar 18.000 euros a la familia de un menor que sufrió acoso escolar

Según ha resuelto el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 21 de Madrid, que considera que existía una relación "entre el daño al menor y el funcionamiento del servicio público".

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En declaraciones a Europa Press, la madre del menor, Verónica, ha sostenido que la familia está "satisfecha" por esta decisión del juzgado ya que "después de cuatro años de sufrimiento" les han dado la razón y "se ha hecho justicia".

En este sentido, ha aclarado que con la sentencia "se ha demostrado" que el menor "no mentía" ya que éste sufría "unos síntomas que demostraban lo que le estaba ocurriendo". Además, ha insistido en que la dirección del centro en el que estudiaba el menor en ningún momento "hizo nada" por resolver el problema".

"Ha sido un sufrimiento para toda la familia, hemos sido señalados por toda la localidad, pero se ha demostrado lo más importante, que la justicia existe", ha agregado.

Verónica no ha podido contener su indignación al recordar la falta de apoyo recibido por las administraciones cuando ella acudía a buscar ayuda para evitar mayores males a su hijo. Así, ha enumerado las autoridades a las que acudió para denunciar el caso, entre las que ha destacado la propia Consejería de Educación, el Ministerio de Educación o la solicitud de una entrevista con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y de las que no obtuvo ninguna respuesta.

Tras conocer la sentencia, Verónica ha reconocido que el centro educativo en el que estudiaba su hijo "no se ha puesto en contacto" con ellos y que desconocen si la Consejería de educación va a apelar la decisión de los tribunales.

ABOGADA DE LA FAMILIA

Por su parte, la abogada de la familia del menor y letrada de la asociación SOS Bulling, Noelia Rebón, ha explicado que la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo 21 de Madrid "es muy importante" porque da la razón "a los padres de forma integra y anula la orden de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid".

Rebón ha reconocido que si el centro, de titularidad pública, hubiera actuado de forma contundente "no se habría producido esta situación". La abogada ha explicado también cómo el menor vivió episodios de golpes y agresiones desde el curso 2006-2007, año en el que se remontan los hechos".

Según la letrada, "si el centro no hubiera minimizado el caso y hubiera actuado aplicando medidas, el menor no hubiera vivido esta situación" y ha acabado afirmado que el afectado estudia "ahora en otro centro y esta plenamente integrado". Aun así la sentencia no es en firme, por lo que cabe recurso contra ella.

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