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BALANCE LEGISLATIVO DEL AÑO

La reforma Concursal y el retraso de la edad de la jubilación han sido los protagonistas de 2011

2011 nos ha dejado un gran abanico de reformas legislativas con importantes normas aprobadas. Conozca cuáles son las más importantes y acceda a ellas desde nuestra Librería Virtual.

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El año 2011 ha estado caracterizado por un impulso reformista en el ámbito laboral y en materia de justicia que se ha traducido en una serie de leyes con el fin de regular y adaptar normativamente diversas necesidades que se han ido acuciando en los últimos años. Un abanico legislativo del que a continuación, mencionamos sus aspectos más destacados:

1. La tan esperada reforma de la Ley Concursal

La Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal aporta al instituto del concurso una mayor seguridad jurídica, la apertura de nuevas vías alternativas que buscan el equilibrio entre la viabilidad de la empresa y la necesaria garantía judicial, el impulso de los medios telemáticos, así como la simplificación y la agilización procesal, sin olvidarse de efectuar una notable mejora de la posición de los trabajadores. Asimismo, ayudará a solucionar negociadamente la insolvencia de familias y empresas.

Se trata de una reforma global porque introduce una serie de importantes modificaciones que pretenden corregir errores de enfoque detectados en la práctica, así como suplir las carencias de la ley, a menudo cubiertas por la jurisprudencia de juzgados mercantiles.

La Ley presta especial atención a las soluciones preconcursales, como mecanismos alternativos que faciliten eludir la necesidad de ir a concurso, y ofrece una salida a la situación de insolvencia del deudor, lo que permitirá descongestionar los juzgados de lo mercantil. La ley ayuda a las empresas en cuanto a los acuerdos de refinanciación pues profundiza en "alternativas" al concurso o los institutos preconcursales y se detiene en las cuestiones sociales ampliando la protección de los trabajadores.

Con el fin de reducir tiempos y costes del proceso concursal, se prevé que el juez podrá aplicar el procedimiento abreviado cuando considere que el concurso reviste escasa complejidad, atendiendo a que una serie de datos objetivos y sin perjuicio de la posible valoración individual que en cada caso pueda hacer. También, en otros casos, como cuando el deudor presente una propuesta anticipada de convenio, de transmisión de la empresa o cese de la actividad sin trabajadores a su cargo.

La reforma de la Ley Concursal también pretende mejorar la posición de los trabajadores en los concursos e incorporar las modificaciones de la reciente reforma laboral aprobada por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Se garantiza el respeto de los derechos de los trabajadores afectados por la situación de una empresa en crisis, adaptando la Ley Concursal, para que la declaración del concurso tenga en este sentido el menor impacto posible y reiterando el principio esencial de que las cuestiones laborales sometidas al proceso concursal deben tener en cuenta los principios inspiradores de la rama social del Derecho.

2. Mayor seguridad jurídica con la agilización procesal

La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal trata de introducir mejoras que permitan agilizar los distintos procedimientos, sin merma de las garantías para el justiciable. Las medidas que se pretenden adoptar afectan al orden jurisdiccional civil y contencioso-administrativo, así, unas encaminadas a optimizar los procedimientos, otras a suprimir trámites procesales innecesarios o a sustituirlos por otros más breves y otras, están orientadas a limitar el uso abusivo de instancias judiciales.

En materia de costas procesales para los procesos de única o primera instancia se incorpora el criterio del vencimiento, con la posibilidad de que el órgano judicial pueda exonerar de las mismas cuando concurran circunstancias que justifiquen su no imposición.

Se introducen determinadas modificaciones que implican una mejora y racionalización técnica, como la supresión de trámites innecesarios en la fase probatoria, la eventual supresión de la vista cuando las partes están de acuerdo, o un más adecuado y clarificado régimen jurídico de las medidas cautelares más urgentes.

3. La unificación en materia laboral

La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social tiene como fin acelerar la resolución de conflictos en el reconocimiento de la prestación por dependencia, al pasarse de la vía contencioso administrativa actual a tramitarse en la jurisdicción social.

De esta manera, se agilizará la resolución de las demandas presentadas por las dificultades o demoras que sufren las solicitudes de estas ayudas, derivados de los problemas surgidos en la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad de las personas que requieren esta prestación.

Gracias a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, los tribunales de este orden jurisdiccional asumirán todos los asuntos relativos a accidentes laborales, seguridad e higiene en el trabajo y vulneración de derechos en el ámbito laboral, especialmente acoso y discriminación.

Evitará el peregrinaje jurisdiccional en casos que ahora concluyen en procesos paralelos en los juzgados de lo Social, Civil o en el Contencioso-administrativo y, al clarificar el orden judicial competente, y se mejorará la tutela judicial efectiva, lo que representa mayor seguridad para el mercado laboral, más transparencia y menor gasto para empresas y trabajadores. Quedan al margen los casos penales, litigios sobre recaudación de la Seguridad Social y las excepciones derivadas de los procesos concursales.

4. En busca de la flexibilización en las empresas

El Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva pretende introducir mayor flexibilidad interna en las empresas, de forma que cuando sufran cambios o atraviesen situaciones de dificultad, sea posible su adaptación a las nuevas condiciones, con el objetivo de mantener el empleo, en lugar de ir al despido, como sucede ahora.

También busca que los trabajadores puedan tener mayor participación en esa flexibilidad interna y aumentar con ello la seguridad sobre el mantenimiento de los puestos de trabajo, así como agilizar la negociación de los convenios.

Se da prioridad a la aplicación del convenio de empresa en relación al sectorial en aspectos como salario base y complementos salariales; retribución de horas extras y de trabajo a turnos; horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos y planificación de vacaciones; adaptación de la clasificación profesional; adaptación de las modalidades de contratación; y medidas para la conciliación de vida y trabajo.

Estos cambios aumentan la capacidad de la negociación colectiva en la empresa para potenciar la flexibilidad interna y adaptar las condiciones laborales a las circunstancias específicas y concretas de las empresas.

Por otro lado, la capacidad de ordenar la negociación colectiva se reserva a los convenios sectoriales estatales y de Comunidad Autónoma, dejándose de reconocer ese papel a los convenios provinciales.

5. El acceso a la abogacía queda regulado

El Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales, aprobado por Real Decreto, es una norma que tiene como objetivo principal mejorar la capacitación profesional de abogados y procuradores, con el fin de que los ciudadanos tengan garantizado un asesoramiento, una defensa jurídica y una representación técnica de mayor calidad.

Para alcanzar este objetivo, esta Ley establece un sistema de formación basada en la excelencia con tres pilares básicos: realización de un curso formativo específico; desarrollo de un periodo de prácticas y, en tercer lugar, una prueba para la evaluación de la aptitud profesional.

Quienes deseen realizar el curso deberán estar en posesión de un título universitario que acredite determinadas competencias jurídicas, que se indican en el Real Decreto, y que se consideran adquiridas por los licenciados o graduados en Derecho.

Los planes de estudio de los cursos formativos deberán comprender 60 créditos ECTS dirigidos a proporcionar las competencias profesionales necesarias para el ejercicio de la abogacía y de la procura, conforme a unos estándares de calidad homologables con los países de la UE.

6. El polémico retraso de la edad de jubilación

El aspecto que sin duda, ha sido más polémico en cuanto a alcanzar consenso de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, ha sido la reforma de las pensiones. En este sentido, la edad de jubilación se incrementa progresivamente hasta los 67 años en un período transitorio de 15 años, que comienza en 2013 y culmina en 2027. Las personas discapacitadas podrán jubilarse de forma anticipada con 25 años cotizados.

La Ley, de carácter integral, contribuye a reforzar la sostenibilidad económica del sistema, supone pasar de un sistema de jubilación imperativa a otro de jubilación flexible, aumenta la relación entre lo que se cotiza y lo que se percibe (contributividad) y la solidaridad, mediante una adecuada coordinación entre los ámbitos contributivo y no contributivo.

Esta reforma de la Seguridad Social entrará en vigor el 1 de enero de 2013 y se aplicará de forma paulatina en un período transitorio de 15 años, que culminará en 2027. A partir de esa fecha, cada cinco años se revisarán los parámetros del sistema por las diferencias de la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Los cálculos se harán conforme a las previsiones de los organismos oficiales.

7. La Justicia se vuelve electrónica

La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia nació para regular los aspectos básicos del derecho a la utilización de las tecnologías de la información por parte de los ciudadanos y profesionales en sus relaciones con la Administración de Justicia, así como establecer las condiciones necesarias para poder tramitar íntegramente en formato electrónico todos los procedimientos judiciales.

De este modo, se sientan las bases para alcanzar la plena tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, abandonando los obsoletos legajos en formato papel. La transmisión electrónica de datos y la conservación de los mismos en bases de datos electrónicas sustituirán a las notificaciones tradicionales y a los viejos archivos judiciales.

Se crea la sede judicial electrónica como punto de acceso único, a través del cual se realizarán todas las actuaciones que lleven a cabo ciudadanos y profesionales con la Administración de Justicia.

Asimismo, se establece el marco legal necesario para hacer realidad la plena interoperabilidad entre las distintas aplicaciones que se usan en los juzgados y tribunales, así como se garantiza la seguridad de la información almacenada en las mismas.

8. Un registro único, informatizado y accesible

La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil configura este registro como una base de datos única que permite compaginar la unidad de la información con la gestión territorializada y la universalidad en el acceso. Así, un Registro Civil electrónico exige una estructura bien distinta de la actual, estructura que, además, ha de tener presente a las Comunidades Autónomas y mucho más sencilla que la existente hoy en día.

El nuevo Registro Civil se articula en tres órganos sin dependencia jerárquica y con funciones muy específicas: las oficinas generales, serán la unidad básica del Registro Civil y encargadas de las funciones ordinarias. Oficina Central y Oficinas Consulares, son las dependencias del Registro Civil en el extranjero.

9. Ley de Arbitraje

La Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado, tiene como objetivo impulsar los sistemas alternativos de resolución de conflictos o controversias, reduciendo así la carga de trabajo de los tribunales y los costes. Asimismo, otorga mayor rapidez y conformidad con la resolución por laudo, al haber sido dictado por árbitros designados por las partes.

Con la reforma se pretende potenciar el uso del arbitraje y reforzar la posición internacional de España como corte de arbitraje, sobre todo en relación con los países iberoamericanos. Una de sus grandes novedades es que establece un procedimiento arbitral para resolver las controversias jurídicas relevantes que puedan surgir entre la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, o entre dos o más de ellos.

10. Comienza la reforma del proceso penal

Por último, cabe destacar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que, en fase de tramitación, tiene como objetivo introducir un mayor control judicial. Frente al modelo actual, constituido por el juez instructor que investiga y el juez o tribunal que juzga, el nuevo modelo dispone la existencia de un juez de garantías (que controla la investigación del fiscal), un juez de la audiencia preliminar (que determina si existen elementos suficientes para sostener la acusación) y el juez o tribunal que finalmente juzgará la causa. Una reforma compleja y de enorme calado que requiere mucho debate y un procedimiento legislativo muy extenso.

Esta reforma está constituida por dos anteproyectos de ley de máxima trascendencia: uno de carácter orgánico, 'Desarrollo de los Derechos Fundamentales Vinculados al Proceso Penal', para dar cumplimiento a los artículos 81.1 y 55.2 de la Constitución; y otro, de carácter ordinario, que se concreta en la nueva 'Ley de Enjuiciamiento Criminal', que regula las condiciones de ejercicio de esos derechos así como todos los elementos procedimentales que integran el citado proceso. Con ambos anteproyectos, que son complementarios, se establece un tratamiento jurídico unitario y una regulación actualizada de todas las instituciones procesales penales.

La necesidad de esta nueva norma, reclamada también por todos los sectores jurídicos, se fundamenta en el hecho de que en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882, conviven normas redactadas a lo largo de tres siglos, que han de ser reinterpretadas constantemente por los jueces, lo que lógicamente genera inseguridad jurídica. Este anteproyecto, con el que el Gobierno también cumple sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, representa un paso muy significativo en el proceso de modernización de la Justicia. De hecho, el orden penal acumula en torno al 70% de la litigiosidad en España.

¿Qué nos depara 2012?

La legislatura que comenzará el nuevo Gobierno tendrá, según ha indicado en varias ocasiones el futuro presidente del Ejecutivo Mariano Rajoy, un marcado espíritu reformista en materia de Justicia. Alerta de una gran falta de medios, una importante carencia de personal y alto porcentaje de funcionarios interinos, muchos de ellos, según el líder del PP, "sin las formación suficiente a pesar de que se encargan de ejecuciones penales".

Por lo tanto, el nuevo Gobierno abogará, entre otros aspectos, por:

-Una incorporación masiva de nuevas tecnologías.

-Reforzamiento de atención y derechos a las víctimas de delitos.

-Pleno funcionamiento de la Oficina Judicial, que descargue al juez de las funciones que no le son propias.

-Reforma de la Ley Concursal.

-Incremento de número de jueces por habitante.

-Extensión de los juicios rápidos al ámbito civil e impulsarlos en el ámbito penal.

-Reforma de los registros civiles.

-Clarificación del sistema de recursos, entre ellos el de Amparo.


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