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JUSTICIA

La Comunidad de Madrid aprueba una partida de 12 millones para el pago de justicia gratuita

Se destinará al Consejo General de Procuradores y a los Colegios de Abogados por la prestación de este servicio

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Colegio de Abogados de Madrid Colegio de Abogados de Madrid

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó hoy una partida de 12 millones de euros para el pago de la prestación de servicios de asistencia gratuita que realiza tanto el Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores como del Consejo de Colegios de Abogados de Madrid, que incluye el de Madrid capital y el de Alcalá de Henares.

Según explicó el vicepresidente, consejero de Cultura y Deporte, y portavoz del Ejecutivo autonómico, Ignacio González, con este acuerdo se demuestra el compromiso del Gobierno regional en solucionar el conflicto existente con los colegios de abogados y mantener la colaboración con
todas las partes implicadas en el proceso para que el derecho de Justicia gratuita lo reciba quien realmente lo necesita.

De esta forma, el Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid recibirá 10,8 millones de euros y el de procuradores 1,1 millones de euros,
correspondientes a la tramitación de 124.791 expedientes. González recordó que la asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad está garantizada para todos aquellos ciudadanos que la necesiten y para ello, el Gobierno regional, a pesar de la crisis y de las políticas de austeridad puestas en marcha, seguirá habilitando las partidas económicas necesarias para su correcta prestación.

El gasto autorizado hoy en la reunión del Consejo de Gobierno permitirá cubrir los honorarios profesionales de procuradores y abogados por sus
servicios. En el caso de los primeros, incluyen las actuaciones profesionales de la procuraduría y en el de los segundos, la asistencia letrada al detenido y la tramitación de expedientes de solicitud de asistencia jurídica gratuita.

Esta partida también incluye los costes de funcionamiento de los propios colegios, fijados en 30 euros por expediente tramitado en el caso del Colegio de Abogados y en 3 euros en el caso de procuradores. Además, se debe sumar un 11,5% de gastos de infraestructuras de estas organizaciones.

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