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MADRID

La Comunidad y el Ayuntamiento colaboran para mejorar las inspecciones, arbitraje y reclamaciones

El convenio garantiza el mayor nivel de eficacia en la protección pública de los derechos de los consumidores. Refuerza la colaboración que se viene manteniendo en el marco del convenio que firmaron en 2003

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Ayuntamiento de Madrid Ayuntamiento de Madrid

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid han suscrito un convenio destinado a establecer el marco de cooperación, colaboración y participación en materia de consumo, entre ambas administraciones, y que afectará a materias tan relevantes como las inspecciones, el arbitraje o la gestión de las reclamaciones. El convenio ha sido suscrito por el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, y el delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Villanueva.

Mediante este instrumento se pretende conseguir la mayor eficiencia posible en la prestación de un servicio público tan demandado por los madrileños como la protección de sus derechos en materia de consumo, aprovechando la experiencia que ha supuesto la vigencia del convenio que ambas administraciones formalizaron en febrero de 2003 para la de protección de los consumidores madrileños.

El convenio estipula que la colaboración y participación en materia de consumo entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid se extenderá a un total de ocho programas, que identifican las líneas de actuación para prestar un servicio de calidad a los ciudadanos.

Así, por ejemplo, dentro de las labores que realizan la OMIC y la Oficina Regional de Información al Consumidor, se acuerda la gestión coordinada de las reclamaciones, solicitudes de información y denuncias de los consumidores, en el marco del Sistema Unificado de Reclamaciones vigente en la región.

Formación a profesionales y educación a consumidores

Entre las actuaciones relativas a formación y educación, se establecerá un programa de formación continua para los profesionales de consumo de las dos administraciones, que garantice un nivel homogéneo de formación y la creación de una red de empleados públicos especializados en la protección al consumidor. También se estipula una programación coordinada de formación específica dirigida tanto a los consumidores en edad escolar como a los adultos.

La cooperación en arbitraje de consumo contempla, entre otras líneas de actuación, la adopción de criterios comunes para la tramitación de solicitudes de arbitraje, cuestión de especial relevancia dado que la vigente normativa estatal es susceptible de diversas interpretaciones cuando, como es el caso de la ciudad de Madrid, concurren diversas Juntas Arbitrales de Consumo en el mismo ámbito territorial.

Evitar duplicidades en la inspección y control de mercado

El programa de inspección y control de mercado contempla la colaboración de ambas administraciones en los procedimientos de Red de Alerta, dirigidos a la detección y retirada del mercado de productos que puedan entrañar algún riesgo para la seguridad de los consumidores. Se acuerda también el establecimiento de un programa general de control de mercado que incorpore los criterios de coordinación en materia de protocolos de inspección, sectores a controlar, resolución de denuncias y el apoyo y asistencia entre los servicios de consumo de ambas administraciones.

En lo relativo a régimen sancionador, ambas partes se comprometen a prestarse mutuamente información, ayuda, asistencia técnica, orientación y asesoramiento en la interpretación de infracciones y sanciones.

El programa de códigos de buenas prácticas de consumo apuesta por el fomento de estos instrumentos de autorregulación empresarial, como instrumentos para elevar el nivel de calidad de los servicios prestados por los empresarios a los consumidores y usuarios madrileños, prestándose apoyo mutuo en la elaboración y aprobación de los códigos desarrollados tanto por la Comunidad como por el Ayuntamiento.

En definitiva, con este convenio que hoy suscriben, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid sientan las bases de colaboración para defender de la forma más eficaz los derechos de los consumidores madrileños, promover la colaboración empresarial en la salvaguarda de estos derechos y, finalmente, para la utilización eficiente de los recursos públicos que ambas administraciones ponen al servicio de todos los madrileños.

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