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JUSTICIA/PENAL

La Comisión Europea propone reforzar el intercambio de datos sobre antecedentes penales

La Comisión Europea ha propuesto facilitar el intercambio de antecedentes penales que tengan en la UE ciudadanos de terceros países ampliando las funciones del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).

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Será una actuación clave de la Agenda Europea de Seguridad con la que se quiere mejorar la cooperación entre autoridades nacionales en la lucha contra el terrorismo y otras formas de delincuencia transfronteriza grave, según ha informado Comunicae.

La iniciativa garantizará que se aprovechen plenamente las potencialidades de ECRIS, que facilita ya en gran medida el intercambio de datos penales de los ciudadanos de la UE.

Vára Jourová, Comisaria de Justicia, Consumo e Igualdad de Género, ha manifestado: «Los atentados de noviembre en París han confirmado la necesidad urgente de una cooperación judicial más sólida y sin fisuras en toda la UE. ECRIS representa una herramienta importante contra la delincuencia transfronteriza que permite a los Estados miembros intercambiar información sobre condenas dictadas precedentemente en cualquier punto de la UE. Hoy proponemos ampliar las funciones de esta herramienta para facilitar el acceso a los registros de condenas de ciudadanos de terceros países. Jueces, fiscales y policía estarán así mejor equipados para una cooperación que abarque toda la UE y garantice la seguridad de todos los ciudadanos en cualquier punto de la UE. Incluyendo las huellas digitales de todos los ciudadanos de terceros países contaremos con una herramienta potente para abordar el problema de las identidades falsas.»

Creado en 2012, ECRIS posibilita que las autoridades judiciales nacionales reciban información sobre condenas penales previas en otros Estados miembros para fines procesales u otros como la investigación penal. Ello permite un intercambio de información rápido y eficiente entre autoridades nacionales y contribuye a mejorar la prevención y la lucha contra la delincuencia transfronteriza y el terrorismo. En la actualidad, los Estados miembros intercambian cada año en toda la UE a través de ECRIS unas 288.000 solicitudes de información sobre condenas penales previas.

En el marco de la Agenda Europea de Seguridad, la Comisión está procediendo a adaptarse a amenazas nuevas y cambiantes garantizando un acceso fácil en ECRIS a las condenas penales de nacionales de terceros países dictadas en la UE. Con esto se conseguirá un intercambio eficaz de datos penales que abarque por igual a los ciudadanos de la UE y a los de terceros países, lo que aportará los siguientes beneficios:

- Garantizar una mayor seguridad a todos los ciudadanos de la UE: Que las autoridades nacionales compartan más su información contribuirá a mejorar y acelerar la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, lo que aumentará la protección de los ciudadanos en toda la UE.

- Impulsar y mejorar la cooperación judicial: Simplificar la búsqueda de antecedentes penales de ciudadanos de terceros países incitará a las autoridades nacionales a servirse más de ECRIS.

- Reducir costes y mejorar la eficiencia: Incluyendo en ECRIS un índice de datos penales de los ciudadanos de terceros países, los Estados miembros que busquen antecedentes penales de estos no tendrán ya que enviar una solicitud de información a cada Estado miembro. Ello reducirá los costes y la carga administrativa de las autoridades nacionales y facilitará asimismo a los ciudadanos de terceros países demostrar su falta de antecedentes (por ejemplo, para conseguir un empleo).

- Mejorar la identificación con intercambio de huellas digitales: Para gestionar las dificultades que puedan surgir para identificar a los nacionales de terceros países y atajar el uso de identidades falsas, las huellas digitales formarán también parte de los datos de información penal que se intercambien.

Próximas medidas

La comisaria Jourová presentará la propuesta en el Consejo Informal de Justicia y Asuntos de Interior del 26 de enero de 2016. Posteriormente, la propuesta se someterá a discusión en el Consejo de Ministros y en el Parlamento Europeo. Una vez finalice el proceso legislativo, la Directiva entrará en vigor un año después de su publicación en el Diario Oficial. La Comisión supervisará con atención su aplicación para calibrar su eficacia.

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