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El Colegio de Abogados traslada al ministro de Justicia su rechazo total a la imposición y extensión de tasas judiciales

El decano del Colegio de Abogados de Baleares, Martín Aleñar, ha remitido esta semana una carta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para trasladarle la preocupación de la abogacía balear por el aumento "exagerado" de las tasas judiciales y la extensión de las mismas a jurisdicciones donde antes no existían, medidas que están previstas en el Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia que ahora se encuentra en proceso de tramitación en el Congreso de los Diputados.

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Martín Aleñar, decanod el Colegio de Abogados de Islas Baleares Martín Aleñar

En la carta, el decano da cuenta al ministro del acuerdo que en tal sentido adoptó el pasado día 28 de septiembre la Junta de Gobierno de la corporación colegial, en el que se advierte que la proyectada aplicación del pago de tasas judiciales a toda persona que quiera defender sus derechos y legítimos intereses en determinados órdenes jurisdiccionales y/o solicitar la revisión de aquellas resoluciones que considere injustas, "limitará de forma grave el acceso a la justicia de gran parte de la población, sobre todo en momentos en que la prolongada situación de crisis ha mermado de forma más que considerable los recursos de los ciudadanos".

En similar sentido, el decano de los abogados se ha dirigido, también por carta, a los grupos con representación parlamentaria, a los que solicita que tengan en consideración la propuesta de enmiendas que, contra el aumento de las tasas, ha remitido el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, ha informado el Colegio de Abogados de Baleares en un comunicado.

Finalmente, la abogacía advierte que el citado incremento y la extensión de las tasas presentan un difícil, si no imposible, encaje con el derecho de todo ciudadano a una tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de nuestra Constitución.

Así, se recuerda que el ICAIB fue una de las primeras corporaciones en expresar su rechazo al aumento y la ampliación de las tasas, por entender que su aplicación puede quebrar el principio de igualdad y originar una brecha social, dado que, entiende la abogacía balear, la imposición de las mismas creará, en la práctica, una justicia para ricos y otras para personas con recursos económicos más limitados.

"Y es que, aun cuando los letrados consideran plausibles las propuestas que se dirijan a reducir los tiempos de la justicia y a la descongestión de los tribunales, se oponen con rotundidad a que tal objetivo se realice con medidas que, consideran, supondrán un grave retroceso de los derechos de las personas y de su derecho de defensa", se apostilla en la nota.

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