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XXV Jornadas Nacionales de Jueces Decanos

Catalá destaca las reformas contra la corrupción como uno de los ejes de gobierno en esta legislatura

Así lo ha explicado el ministro de Justicia durante las XXV Jornadas Nacionales de Jueces Decanos que se han celebrado en Vigo con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Miguel Ángel Cadenas.

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El ministro de Justicia ha destacado la modificación de la normativa de financiación de partidos políticos y de la figura del alto cargo como dos de los principales avances en la lucha contra la corrupción, además de la amplia batería de medidas incluidas tras la modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según un comunicado del Ministerio de Justicia.

Entre éstas cabe destacar el aumento generalizado de las penas de inhabilitación especial en determinados delitos como prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, apropiación indebida y administración desleal cometida por funcionario público; la ampliación de los plazos de prescripción en los supuestos más graves; la negación de beneficios penitenciarios a quien no devuelva los recursos desviados así como la definición de un tipo penal específico para actos de financiación ilegal de partidos políticos. También se regulan los delitos de pago de sobornos para obtener ventajas competitivas y se mejora la técnica en cuanto al régimen de responsabilidad de las personas jurídicas.

En lo referente al decomiso de los bienes y efectos del delito, Catalá ha incidido en la relevancia que tiene la aprobación de nuevos instrumentos más eficaces para su recuperación incluyendo el comiso sin sentencia, el comiso ampliado y el de bienes de terceros. Además, la reciente creación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, cuyo desarrollo reglamentario se aprobó mediante Real Decreto el pasado viernes en Consejo de Ministros, tiene como finalidad la localización y recuperación de efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas, su conservación y gestión.

Entre las medidas organizativas más relevantes de esta legislatura el titular de Justicia ha destacado la posibilidad de trabajo en equipo de los jueces en causas complejas y la potenciación de los jueces de adscripción territorial cuya plantilla se ha ampliado. También cobra importancia la posibilidad de extender mediante Real Decreto la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la especialización de juzgados para la resolución de materias específicas que ocasionan gran litigiosidad.

La desjudicialización de determinados supuestos de jurisdicción voluntaria en los que predominan los elementos de naturaleza administrativa, según ha explicado el ministro, logra una mayor efectividad de los derechos del ciudadano sin pérdida de garantías y permite que jueces y magistrados se centren en su labor constitucional primordial de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

El titular de Justicia ha destacado dos medidas con un impacto directo e inmediato para los ciudadanos: la Asistencia Jurídica Gratuita, que eleva los umbrales de renta que dan acceso a este derecho y el Estatuto de la Víctima del Delito, que establece un catálogo general de derechos de las víctimas directas e indirectas de toda clase de delitos, especialmente para las más vulnerables.

El ministro ha defendido el diálogo, el consenso y la participación de los profesionales y operadores del mundo de la Justicia así como la colaboración entre las distintas instituciones como instrumento fundamental para su mejora. En esa línea ha destacado el compromiso del Gobierno con la Justicia, como pilar fundamental del Estado de Derecho, servicio público a los ciudadanos y factor de competitividad y confianza para la recuperación económica y la creación de empleo.

El Ministerio de Justicia ha destinado 64,6 millones en 2016 para la partida tecnológica, un incremento de un 37% respecto al presente ejercicio. Desde que se pusieron en marcha las comunicaciones electrónicas, el conjunto de las Administraciones con competencias en Justicia han ahorrado 18 millones de horas de trabajo y casi 300 millones de euros.​

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