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Catalá asegura que las próximas reformas legislativas agilizarán la gestión de la Justicia en Castellón

El ministro de Justicia ha explicado a los representantes de las instituciones y los operadores jurídicos de Castellón, las medidas previstas para agilizar la administración de la Justicia en esta provincia, especialmente la sobrecarga que registran algunas unidades judiciales.

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A esta reunión han asistido el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra; el Conseller de Gobernación y Justicia, Luis Santamaría; el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner; el delegado del Gobierno, Serafín Castellano; el subdelegado del Gobierno, David Barelles; el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller; el presidente de la Audiencia Provincial, Jose Manuel Marco; el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Jose Luis Cuesta; el juez decano de Castellón, José Luis Conde-Pumpido; los decanos de los colegios de abogados y procuradores, Antonio Esteban y Carmen Rubio, respectivamente; y los de notarios, Jorge Sos, y de Registradores, José Luis Vives, así como la vicedecana de Graduados Sociales, Amparo Mañez, según un comunicado del Ministerio de Justicia.

Catalá ha reconocido que en la provincia de Castellón el índice de unidades judiciales por cada 100.000 habitantes es un poco inferior a la media nacional y que las unidades judiciales de la provincia, en su conjunto, registran una sobrecarga cercana al 30%.

Con el objetivo de contrarrestar esta situación, Catalá ha destacado que tanto las reformas legislativas que se aprobarán próximamente, -especialmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal y la Ley de Jurisdicción Voluntaria-, como una mejor organización del modelo de Justicia, basado en un sistema de reparto de asuntos entre juzgados más eficiente y el apoyo en las nuevas tecnologías, permitirán mejorar considerablemente el funcionamiento de la Justicia en esta provincia.

En este sentido, ha destacado que el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal incluye nuevos criterios de conexidad para evitar macrojuicios que retrasan la acción de la justicia; limita la duración máxima de la instrucción a 6 meses (o 18 meses en causas complejas); crea el procedimiento penal ‘monitorio’ que en determinados casos permite que la propuesta sancionadora del fiscal sea sentencia firme; generaliza la segunda instancia penal y actualiza las medidas de investigación tecnológica para afrontar nuevas y sofisticadas formas de delincuencia.

En cuanto a la reforma del Código Penal, el ministro ha subrayado la desaparición de las faltas, que pasarán a ser sancionadas vía administrativa o bien como delitos leves, así como la incorporación de un supuesto específico en el futuro artículo 235.4 que endurece los hurtos en producciones agrícolas o ganaderas, -que podrán llegar a estar penados entre uno y tres años-, importante reivindicación de todo el sector agrícola, incluido el valenciano.

La futura Ley de Jurisdicción Voluntaria permitirá que ciertos expedientes hoy residenciados en órganos judiciales puedan ser tramitados por otros operadores jurídicos, además de contar con el arbitraje y la mediación como alternativas reales y efectivas para resolver conflictos, ha explicado el ministro.

Nueva gestión judicial

Rafael Catalá ha comunicado que el Ministerio ha estudiado la litigiosidad en Castellón (anualmente ingresan más de 100.000 asuntos en los tribunales de esta provincia) y ha detectado un descenso en el tercer trimestre de 2014 de 18% en el orden social, y un 3.1% en el civil. También ha señalado que el Ministerio está estudiando en estos momentos la posibilidad de modular la aplicación del sistema de tasas judiciales para evitar, si la hubiera, alguna situación en la que la tasa impidiera el acceso a la tutela judicial efectiva.

También ha recordado que los presupuestos para 2015 han incluido una partida de seis millones de euros para atender, en las Comunidades autónomas con las competencias trasferidas, el aumento de beneficiarios de la justicia gratuita.

En relación a la organización y gestión del modelo de Justicia, Catalá ha destacado que el mantenimiento de la planta judicial actual permitirá a Castellón dar continuidad a los cinco partidos judiciales actuales, aunque se apostará por un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales disponibles a través de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitirá que, cuando un juzgado supere el máximo del módulo de la carga de trabajo, se repartan los asuntos con otros juzgados próximos de carga inferior. En cuanto al número de jueces, de los 31 asignados por el CGPJ a la Comunidad valenciana, tres han sido destinados a Castellón. Además, ha indicado el ministro, en 2015 se convocarán otras 100 plazas de jueces y fiscales.

Nuevas tecnologías

    La mejora de la organización judicial, ha explicado el ministro, debe ir apoyada de un uso masivo de las nuevas tecnologías. En primer término, Catalá ha propuesto que sea Castellón, debido a la idoneidad de su tamaño mediano, el primer lugar para implantar la Oficina Judicial en la Comunidad valenciana. Después, ha destacado que en 2014 se apostillaron electrónicamente 81.000 documentos en la Comunidad valenciana, y se realizaron 7,5 millones de notificaciones a través de Lexnet, de las cuales 850.000 correspondieron a la provincia de Castellón. Pero casi todas ellas estaban vinculadas a los procuradores, por lo que es preciso incidir en la extensión de su uso a otros colectivos.

      Además, Catalá ha asegurado que la sustitución del actual sistema de gestión procesal operativo en el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia por el nuevo Sistema Integrado de Justicia, proporcionará la compatibilidad entre sistemas y la plena interoperabilidad a todas aquellas Comunidades autónomas que soliciten su implantación total o parcial. Otro de los objetivos, según el ministro, es digitalizar los procesos de tramitación y gestión procesal, así como la conexión digital de las oficinas judiciales con los diferentes actores que intervienen en los procedimientos. Esta integración tecnológica permitiría, por ejemplo, remitir electrónicamente desde los juzgados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad requisitorias y medidas cautelares que precisen de su actuación.

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