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CANARIAS

Canarias no contará con nuevos órganos judiciales en 2012 por los recortes, según el TSJC

La interinidad del personal y el déficit estructural se colocan entre los principales problemas de la Justicia en Canarias
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Justicia,legal

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro Feliciano, ha informado de que la Comunidad Autónoma no contará con nuevos órganos judiciales en 2012 como consecuencia de los restricciones económicas, tanto a nivel del Ministerio de Justicia como de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

Así lo ha aseverado esta mañana en sede parlamentaria en la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico, donde ha dado a conocer el contenido de la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias correspondiente al año 2010.

Antonio Castro Feliciano ha resaltado la dificultad con la que se ha encontrado la Administración de Justicia en cuanto a la puesta en funcionamiento de los órganos judiciales programados en el año 2010 en Canarias.

Así, de los siete propuestos para el pasado año, y como consecuencia de las restricciones económicas, se ha tenido que reducir el número de órganos judiciales que estaban previstos.

En su opinión, este hecho refleja que ha habido "un retraso significativo" en este sentido, y a ello hay que sumar que tampoco se ha programado la creación de nuevas unidades judiciales ni en 2011 ni en 2012.

En consecuencia, indicó que el TSJC está haciendo gestiones ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que de los jueces de las promociones que actualmente se encuentran en la Escuela Judicial, de los cuales hay un número importante de canarios, sean destinados a Canarias u ofrezcan un concurso de plazas de jueces de adscripción territorial, lo que "podría reforzar los juzgados que requieran un apoyo puntual".

PROBLEMA DE INTERINIDAD

Otro de los problemas que se desprenden de la Memoria del TSJC es el de la interinidad del personal al servicio de la Administración de Justicia, así como el déficit estructural en la organización de los distintos estamentos judiciales.

Según el máximo responsable del TSJC, "esto hace necesario la adecuación de la planta judicial a las necesidades reales que exige una sociedad moderna, así como la dotación de medios técnicos para que la respuesta judicial responda a la exigencia de los problemas reales que se han de resolver".

En este sentido, Antonio Castro añadió que la formación adecuada de los jueces y secretarios sustitutos, así como de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, es "una asignatura pendiente" que se ha de afrontar desde las distintas administraciones para mejorar el funcionamiento de los órganos judiciales en Canarias.

También ha considerado necesario reforzar los órganos judiciales ya existentes para garantizar el derecho de los ciudadanos a la tutela efectiva. "Es una fórmula alternativa que, con inversiones menos importantes, puede resultar efectiva para la agilización de la Administración de Justicia", comentó.

La propuesta del TSJC en este sentido es optimizar los recursos con los que se cuenta e invertir en aquellos otros que puedan suponer un menor coste, por ejemplo, en los servicios comunes procesales para que --con infraestructuras adecuadas-- se hagan cargo de los correspondientes a todos los juzgados de un mismo partido judicial o de los órganos colegiados radicados en una misma sede.

A todo ello se tendría que sumar el estudio de un plan de infraestructuras en la Comunidad Autónoma, pues desde el TSJC se estima conveniente la construcción de nuevos edificios judiciales y la agrupación de sedes para dar un mejor servicio público al ciudadano.

DATOS ESTADÍSTICOS

La tasa de ligitiosidad en Canarias en el año 2010, tal y como detalló Antonio Castro, se cifró en 212,3 asuntos por cada 1.000 habitantes, sólo superada por Andalucía y la Comunidad de Madrid. Dicha tasa se ha reducido levemente respecto a 2009.

Asimismo, la tasa de resolución se situó el pasado ejercicio por encima de la media de nacional, y aunque la situación no es óptima, refleja la alta movilidad del personal judicial, tal y como aclaró el presidente del TSJC.

Mientras, la tasa de pendencia en Canarias sigue siendo alta, superada únicamente por los órganos de Castilla-La Mancha, la Región de Murcia, Baleares y la Comunidad Valenciana.

En términos comparativos, en los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma se ingresaron en 2010 poco más de 452.000 asuntos, 2.056 menos que en 2009 (-0,45%), y se resolvieron 3.474 más que en 2009 (+0,79%), habiéndose dictado 88.906 sentencias, 295.619 autos y 31.029 decretos.

En cuanto a violencia de género, el número de denuncias por cada 10.000 mujeres en el primer trimestre de 2011 fue de 1.947, lo que supone un 18,37 por ciento, sólo superado por Baleares y la Región de Murcia, siendo el porcentaje del conjunto de España de 13,66 por ciento.

Para Antonio Castro, "es preciso que todas las administraciones implicadas y las mujeres víctimas de violencia de género desarrollen todos los resortes que estén a su alcance para erradicar este problema y que las mujeres confíen en el sistema judicial y no se echen atrás a la hora de denunciar y mantener la misma contra sus agresores".

En este contexto, resaltó respecto a los servicios auxiliares de los juzgados de violencia de género la inexistencia generalizada de unidades de valoración forense integral, que han de ser organizados por la Comunidad Autónoma con competencias transferidas.

AGILIZAR LA JUSTICIA

En otro orden de cosas, el presidente del Tribunal de Justicia de Canarias también ha dado a conocer su deseo de que la entrada en vigor de la Ley de medidas de agilización procesal permita agilizar los distintos procedimientos judiciales en el archipiélago. Desde su punto de vista, lo mismo ha de esperarse de la entrada en vigor de la Ley concursal y de la nueva Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

"Dichas reformas --señaló-- permitirán a juzgados y tribunales mejorar el servicio público que prestan a los ciudadanos, facilitando que los procesos abiertos en la jurisdicción civil y contencioso-administrativa sean más rápidos y ágiles, con el correspondiente ahorro de costes sin merma de las garantías procesales de los usuarios de la Justicia".

De igual forma, Antonio Castro también ha resaltado la puesta en funcionamiento de los servicios procesales comunes como paso previo a la implantación de la nueva oficina judicial. "La creación de estos servicios y la puesta a disposición de los órganos judiciales de herramientas informáticas avanzadas, permitirá en un corto periodo de tiempo la normalización del expediente judicial digital y una significativa reducción del soporte papel", agregó.

Por último, hizo hincapié en que "invertir en Justicia es invertir en resolver la crisis". En su opinión, "la Justicia, junto con la Sanidad y la Educación, es una necesidad y debe ser una prioridad, pues si la Justicia no funciona, difícilmente vamos a salir de la crisis".

"Un defectuoso funcionamiento de la Justicia lesiona ineludiblemente los derechos fundamentales de los ciudadanos que acuden a los juzgados y tribunales a demandar. Es precisamente la falta de agilidad de la Justicia la que genera --junto a otros factores-- la paralización económica y el colapso crediticio, pues no existen cauces eficaces para dotar al mercado de seguridad jurídica", concluyó.

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