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JUSTICIA

Un juez reabre una causa penal por la muerte ocurrida en un Centro de Internamiento de Extranjeros

La Audiencia Provincial de Madrid estima los recursos interpuestos por la familia de la fallecida y por las acusaciones ejercidas por SOS Racismo Madrid, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino y la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno, según fuentes remitidas por ALTODO.

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La fallecida llegó al CIE de Madrid en 2011 procedente del Centro de Estancia Temporal (CETI) de Melilla, donde le habían realizado analítica de
VIH que dió positivo. En los 38 días que permaneció encerrada en el CIE de Aluche requirió asistencia médica, al menos, en diez ocasiones, sin que en ningún momento se le practicara prueba diagnóstica alguna tendente a averiguar su mal estado de salud.

La Audiencia considera que la investigación se archivó indebidamente, sin indagar los múltiples indicios de posible responsabilidad penal por parte del servicio médico del CIE.

El auto valora la existencia de testigos que manifestaron que llevaba tres semanas enferma con importantes padecimientos. Además, la historia clínica no coincide con el informe remitido por los servicios médicos, contradicciones que, según la Audiencia, "aparentemente tratan de ocultar el conocimiento por parte del personal médico de síntomas relevantes que debieran haber hecho pensar la existencia de padecimientos graves y no fueron tomados en consideración".

En palabras de la Audiencia, los síntomas que presentaba la fallecida, "sumados a la reiteración de solicitud de consultas médicas en el CIE de Aluche, diez ocasiones, obligan a sospechar la existencia de una enfermedad más grave que no fue tomada en consideración", añadiendo que "de haber sido tratada se podría haber evitado el fatal desenlace".

La Audiencia expresa que las personas privadas de libertad en los CIE "no pueden acceder a servicios médicos distintos de los del propio Centro o aquellos a los que éstos les deriven, si lo estiman oportuno", dice el auto y afirma que "es especialmente relevante la posición de garante que atañe a su personal, respecto de personas que están privadas de libertad ambulatoria y no pueden por sí mismas proveerse de una atención médica diferente".

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