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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Vocales critican en el último Pleno del CGPJ su escaso peso político para frenar reformas como la de las tasas

El CGPJ ha celebrado el que previsiblemente será su último Pleno antes de la renovación de sus miembros, que ha aprobado un balance general de su actividad.

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Margarita Robles Margarita Robles

Esta crítica ha recibido, en términos generales, el apoyo de otros vocales que también han planteado voto particular al balance general, según las mismas fuentes, entre ellos el de Félix Azón, Manuel Almenar, Carles Cruz, Ramón Camp, Manuel Torres-Vela o Margarita Uría.

El texto señala que la situación que deja el actual CGPJ no les puede permitir estar satisfechos "al evidenciarse el escaso peso político que ha tenido este Consejo, para evitar reformas muy negativas para la Administración de Justicia y los ciudadanos, en materias en las que los propios informes del Consejo ponían de relieve los negativos efectos que iban a producirse".

Entre estas reformas, cita la Ley de Tasas, que según esta vocal dificulta el acceso de los ciudadanos a la obtención de una tutela judicial efectiva, imponiendo el pago de cantidades para acceder a los tribunales, lo que sin duda generan diferencias entre aquellos en función de sus capacidades económicas.

"El CGPJ no consiguió que su informe a esa Ley, que ponía de relieve tales cuestiones, fuera tenido en cuenta", agrega el texto.

Dice también este voto particular que frente a unos órganos judiciales en muchos casos saturados de trabajo y con falta de medios "no solo no se ha conseguido que se nos escuchara por el Gobierno creando nuevos órganos e intentando paliar sus carencias, sino que con la pretendida excusa de la austeridad se aprobó el 28 de Diciembre de 2.012 una reforma que además de prescindir del trabajo y esfuerzo de 1200 jueces y magistrados sustitutos, obliga a jueces/as y magistrados/as, muy sobrecargados de trabajo, a sustituirse entre sí, lo que sin duda alguna generará aún más retrasos en la Administración de Justicia en detrimento de los ciudadanos".

Reconocen por ello que el órgano de gobierno de los jueces no parece que haya cumplido suficientemente su función de velar por una Justicia ágil, eficaz y cercana al ciudadano.

Valoran sin embargo que, "por suerte, en este contexto de crisis económica, la judicatura española está trabajando, pese a todos los problemas estructurales y se encuentra comprometida en aspectos de tanta relevancia, como la lucha contra la corrupción, los desahucios injustos, las restricciones de derechos derivados de la reforma laboral, las abusivas clausulas bancarias (preferentes, clausulas suelo, etc.)".

Sobre la reforma del propio órgano, los vocales señalan que tampoco se tuvieron en cuenta sus observaciones y que las competencias del nuevo Consejo que ahora se esta renovando "se reducen, limitándose y constriñendo su funcionamiento, en favor del Poder Ejecutivo, en clara contradicción con lo pretendido por la Constitución al crear el Consejo General del Poder Judicial".

Tras reconocer la labor del Consejo en otros aspectos, el texto reconoce que, por lo que se refiere a los nombramientos de carácter discrecional, "lo cierto es que la opinión generalizada en materia de nombramientos no ha cambiado, y la consideración que hay es que éstos no responden sólo a criterios de mérito y capacidad.

Es cierto que estos criterios han sido tenidos en cuenta, pero no hemos motivado o justificado suficientemente los que se han hecho, y el juego de mayorías previsto en la Ley ha obligado a pactos que no han contribuido a la transparencia".

"Tampoco ha contribuido a mejorar la imagen en este ámbito, la falta de publicidad y el oscurantismo que en ocasiones ha rodeado a las propuestas para organismos, misiones y tribunales internacionales", concluye.

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