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Pleno del CGPJ

El CGPJ aprueba finalmente por mayoría un informe muy crítico con las tasas que plantea el Ministerio de Justicia

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por mayoría el informe que ha elaborado la vocal Margarita Robles sobre el anteproyecto de ley de instauración de tasas judiciales en segunda instancia, que contiene términos muy duros contra la reforma proyectada por el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón.
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Pese a que inicialmente el denominado sector "conservador" se habría posicionado a favor de rebajar el tono del informe, la redacción de la vocal designada a favor del PSOE ha obtenido la mayoría suficiente y será remitido al Ministerio de Justicia, han señalado a Europa Press fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

El texto, cuyo carácter no es vinculante para el Ministerio, critica la filosofía del Anteproyecto que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de marzo, en el que se acomete una completa revisión del sistema de tasas judiciales en segunda instancia.

El Gobierno prevé que las ganancias obtenidas por este concepto aumentarán de 172 a 300 millones de euros, lo que permitirán sufragar el coste de la justicia gratuita, evitar abusos y reducir la litigiosidad, amén de alcanzar una mayor eficacia y racionalización de la Administración de Justicia.

Esta visión no es compartida por el CGPJ, que en el informe aprobado este jueves señala que "más allá de la previsible reducción de la litigiosidad propiciada por el efecto disuasorio de la tasa, no se vislumbra cómo la proyectada reforma puede incrementar la eficacia y racionalización de la Administración de Justicia".

El informe recuerda que en 1986 se erradicó de nuestro ordenamiento la tasa "entre otras razones para propiciar que todos los ciudadanos puedan obtener justicia cualquiera que fuera su situación económica o su posición social", y que su reintroducción en 2002 tuvo un "alcance limitado", al incidir exclusivamente sobre las personas jurídicas.

Alcance de la Doctrina Constitucional

En respuesta a los argumentos de Justicia, que ha venido señalando que la implantación de tasas está avalada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el informe alega que "debe extremarse la prudencia" a la hora de extraer conclusiones sobre el alcance de dicha resolución, pues el tribunal de garantías también remarca que la cuantía de las tasas "no debe impedir u obstaculizar de manera desproporcionada el acceso a la jurisdicción".

Además, el CGPJ cuestiona que el sistema de tasas que se pretende instaurar sea completamente ajeno a los mecanismos de solución extrajudicial, como es la mediación civil y la introducida recientemente para los asuntos mercantiles. Además, sugiere a Justicia la introducción de un cauce que permita recuperar el importe satisfecho cuando la solución extrajudicial sea exitosa.

Igualmente, el informe pide la exención de la tasa en los procesos matrimoniales y plantea la dificultad de aplicar dicha excepción en los referidos a protección de derechos fundamentales tal y como está redactada la norma. Además, critica que se haya introducido la obligatoriedad de que los funcionarios públicos deban contratar abogado y procurador para acudir a un contencioso-administrativo, cuando hasta ahora estaban exentos.

El aumento de las tasas judiciales incide en mayor medida en la apelación --sube 500 euros-- y en la casación --600 euros-- de lo Civil y lo Contencioso-Administrativo; y en la Suplicación --500 euros-- y en la Casación --750 euros-- del orden Social.

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