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FISCAL GENERAL DEL ESTADO

El CGPJ avala la idoneidad de Julián Sánchez Melgar para ser nombrado fiscal general del Estado

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha considerado que el magistrado del Supremo Julián Sánchez Melgar reúne los méritos y requisitos exigidos para ser nombrado fiscal general del Estado y ha avalado en consecuencia su idoneidad para el cargo, para el que fue propuesto el pasado viernes 24 por el Consejo de Ministros.

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Julián Sánchez Melgar Julián Sánchez Melgar

El órgano de gobierno de los jueces ha cumplido así el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.4 y 599.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

Sánchez Melgar tiene acreditados casi 35 años de servicios prestados en la Carrera Judicial, en la que ha ocupado destinos en la antigua Audiencia Territorial de Barcelona, en Juzgados de Reinosa, Miranda de Ebro, Mataró y Santander, como magistrado en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, como presidente de la Audiencia Provincial de Ávila y, desde enero de 2000, como magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Además, desde noviembre de 2014 es magistrado sustituto de control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha sido vocal del Consejo Rector de la Escuela Judicial y es autor de medio centenar de publicaciones entre libros y artículos monográficos, entre ellos “Código Penal. Comentarios y jurisprudencia”, “Ley de Enjuiciamiento Criminal. Comentarios y jurisprudencia” e “Inviolabilidad e inmunidad de diputados y senadores”.

“La verificación del contenido de dicha trayectoria profesional permite concluir que se cumplen en el candidato los requisitos exigidos por la legislación invocada y que, teniendo en cuenta además los méritos reflejados en su currículum y a los efectos del contenido del informe que ha de emitir el Consejo General del Poder Judicial, determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento para el que ha sido propuesto”, señala el acuerdo aprobado por el Pleno.

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