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JUSTICIA

El CGPJ propone a Justicia reducir a la mitad los partidos judiciales porque la atención "no puede medirse en kilómetros"

Plantea que el desplazamiento no exceda de una hora y que se creen servicios de atención a las víctimas y puntos de encuentro familiar
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Gabriela Bravo Gabriela Bravo

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha configurado un "documento de trabajo" que apuesta por reducir a la mitad el número de partidos judiciales, que pasaría de los actuales 431 a una cifra de entre 190 y 200 unidades. El Consejo dará traslado de esta propuesta al Ministerio de Justicia y abrirá el plazo durante dos semanas para que los vocales emitan sus sugerencias.

La portavoz del Consejo del Poder Judicial, Gabriela Bravo, ha explicado este jueves en la sede de su institución que el escrito recoge las bases y principios básicos para el diseño de una nueva demarcación judicial en aras de ganar en especialización, eficacia y agilización en el trabajo de los juzgados y tribunales.

Las observaciones de los vocales serán debatidas en un pleno extraordinario que se convocará el próximo 3 de mayo y en el que se aprobará definitivamente el nuevo "mapa" de órganos judiciales. Acto seguido, se transmitirá a los órganos gubernativos periféricos para que las salas de gobierno y las juntas de jueces de todo el territorio puedan enriquecer el texto con sus propuestas.

Bravo ha recordado que la actual configuración fue fijada en la Ley Orgánica de Demarcación y Planta Judicial de 1988, por lo que, habiendo transcurrido más de 20 años, se hace oportuno "abrir el debate" sobre este modelo. En su opinión, no tiene sentido llevar a cabo este cambio de forma "aislada" sino que debe enmarcarse en el resto de reformas que estudia el Ministerio.

Posibilidad de aumentar el número de jueces

Dicho esto, ha destacado que el nuevo modelo permitirá un adecuada implantación de la Oficina Judicial y superar así los "problemas" detectados en los últimos meses. "Permite que podamos aumentar el número de jueces sin necesidad de aumentar el número de funcionarios judiciales", ha añadido.

Según ha dicho, se desvinculará también el concepto de juez unido al del órgano unipersonal al tiempo que se optimizarán los recursos en atención al "delicado" momento económico. "La atención y la proximidad de la Justicia al ciudadano no puede medirse en kilómetros, sino en tiempo y servicios".

Aboga así por reducir la presencia del ciudadano en las oficinas judiciales a los supuestos "estrictamente necesarios" y fomentar el uso de las nuevas tecnologías. Entiende que la implantación del nuevo mapa judicial debe ser progresiva y apostar por una Justicia titular, relegando los interinos a supuestos excepcionales.

Valorar las circunstancias de cada territorio

La reordenación de los partidos judiciales debe atender a las circunstancias geográficas, políticas y económicas de cada territorio, según ha destacado Gabriela Bravo, que ha señalado que las circunscripciones resultantes deberían tener una población superior a 100.000 habitantes para que el desplazamiento desde los núcleos de población hasta la cabecera no exceda de una hora.

"La separación de órdenes jurisdiccionales exige un mínimo de ocho juzgados para garantizar un funcionamiento correcto de la administración de Justicia, por lo que las agrupaciones han de tender a reunir un mínimo de órganos que permita alcanzar esta cifra", sugiere el Consejo.

"La aplicación de estos criterios permitirá la reducción de los actuales 431 partidos judiciales a menos de la mitad, entre 190 y 200. En el 90% de las circunscripciones resultantes podrá procederse a la separación de jurisdicciones y la correspondiente especialización de los jueces; al despliegue de la nueva oficina judicial con servicios procesales y de ejecución comunes; a la implantación de gabinetes y servicios de todo tipo, y a la aplicación de las tecnologías que garanticen una mayor proximidad y un mejor servicio público", indica.

El documento pone de manifiesto que la ciudadanía exige una serie de servicios externos, como gabinetes psico-sociales de familia, puntos de encuentro familiar, servicios de atención a las víctimas, unidades de valoración de riesgo en casos de violencia de género, servicios de mediación civil y penal o unidades de Policía Judicial. "Cuya operatividad eficiente impone que su implantación permita dar servicio a varias unidades judiciales", concluye.

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