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JORNADA

El CGPJ organiza un encuentro para tratar la problemática de los CIE

Una treintena de jueces de toda España, entre ellos los dedicados al control de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), funcionarios de Policía con responsabilidad en estas instalaciones y personal de la Oficina del Defensor del Pueblo asistirán entre hoy y el miércoles a un curso organizado en Madrid por el CGPJ, dirigido a evaluar la situación de estas instituciones y realizar un diagnóstico de sus necesidades.

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Centro de Internamiento de extranjeros Centro de Internamiento de extranjeros

El curso, de temática esencialmente jurídica, permitirá a estos expertos intercambiar experiencias e información con el fin de detectar los problemas actuales y acordar qué medidas de reforma legal o reglamentaria son necesarias para mejorar la gestión de estos centros, cuyo funcionamiento es habitualmente criticado por organizaciones de Derechos Humanos.

Precisamente el debate sobre la protección de estos derechos en los CIES será uno de los asuntos que se tratará en el curso, que incluye una visita al CIE de Aluche según ha explicado a Europa Press el vocal del órgano de gobierno de los jueces Álvaro Cuesta, impulsor del encuentro. Los asistentes también trabajarán con el objetivo de homologar protocolos de actuación en los diferentes centros.

Al finalizar el mismo, los jueces de vigilancia celebrarán una reunión en la sede del CGPJ para analizar las conclusiones e impulsar las reformas estatutarias necesarias.

Foro virtual

Además, el CGPJ tiene previsto impulsar la creación de un foro común virtual en las páginas del CENDOJ -centro de documentación judicial- para que estos magistrados puedan intercambiar experiencias concretas y fijar protocolos de actuación en los centros de internamiento. Las conclusiones del curso y la reunión serán elevadas a la Comisión Permanente del CGPJ.

Ya en febrero de 2015 un grupo de vocales del Consejo inició una ronda para promover que los magistrados dedicados al control de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que operan en España pudieran trabajar siguiendo criterios comunes.

Se trata de actuar ante las frecuentes de ONG y colectivos sociales sobre la exigencia de que se informe adecuadamente a los internos sobre la posibilidad de pedir asilo, se les notifique en tiempo y forma su expulsión o se garantice el libre acceso que, por ley, deberían tener estas entidades a las instalaciones.

En la actualidad, los magistrados van respondiendo a las carencias que detectan en los CIE bien a instancias de las ONG en contacto con los internos, bien por sus propias pesquisas en las visitas periódicas que realizan a las instalaciones.

Los CIE no son cárceles, sino establecimientos policiales donde se recluye a los inmigrantes para ejecutar su expulsión del país. Estas personas pueden permanecer retenidas un máximo de 60 días, al cabo de los cuales deben salir en libertad.

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