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VIOLENCIA DE GÉNERO

CGPJ pide reformar el Código Penal para "acabar con los problemas técnicos" de la Ley contra la violencia de género

El Grupo de Expertos en violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicita modificar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otras normas, para "acabar con los problemas técnicos" tanto "de interpretación" como "de aplicación" que según la institución, presenta en su aplicación la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género.
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En un informe que analiza los cinco años de aplicación de la norma, el grupo de expertos propone, entre otras medidas, modificar la Lecrim para que no se aplique la dispensa de no declarar a la que pueden acogerse los parientes del procesado, incluso si han sido víctimas del mismo, y, en su lugar, se permita la lectura en el juicio de la declaración que les fue tomada durante la instrucción.

En materia de Código Penal, el CGPJ propone que se introduzcan la suspensión del régimen de visitas, de la guardia y custodia y de la patria potestad como penas concretas, privativas de derechos e independientes de otras medidas, para que así el juez pueda adoptarlas acordando una o varias, en función de lo motivadas que estén. Los jueces consideran que la redacción actual del artículo 48, que regula estas sanciones, es "confusa" y tiene "cierto automatismo", lo que impide que el magistrado pueda "ponderar".

Los jueces piden, además, que se elimine el artículo 57.2, por el que se impone automáticamente la orden de alejamiento en todas las condenas por violencia doméstica y de género. Aunque los expertos reconocen que tras el primer episodio de maltrato el riesgo "se incrementa", consideran que imponer el alejamiento forzoso en todos los casos puede acarrear "situaciones indeseadas".

El informe aborda la sustitución de las penas privativas de libertad y pide un "tratamiento unitario" para los programas de rehabilitación de maltratadores en estos casos, y solicitan que sólo puedan gozar de una suspensión quienes sigan programas de reeducación y tratamiento psicológico que cumplan una serie de estándares prediseñados. Piden la misma fórmula para delitos de violencia doméstica y solicitan que se amplíe también a la fase de instrucción del delito.

Sobre este asunto proponen extender las medidas de libertad vigilada a los delitos de violencia de género y demás que sean competencia de los Juzgados de Violencia contra la Mujer, ya que actualmente sólo están contempladas para los delitos sexuales y el terrorismo.

Por último, solicita que se modifiquen los artículos que resultaron más polémicos de la ley (153.1, 171.4, 172.2 y 148, que agravan las penas para los hombres) por la proliferación de recursos de inconstitucionalidad que provocaron. Para los jueces, el respaldo del Tribunal Constitucional "no ha eliminado la disparidad de las respuestas judiciales, afectando a la seguridad jurídica".

ALERTAN SOBRE EL FALSO SÍNDROME DE ALIENACIÓN

Otros de los cambios que proponen los expertos tienen que ver con los tipos penales con propuestas como que permitir la violación consentida de la orden de alejamiento no sea un atenuante del delito y no pueda derivar en responsabilidades penales para la víctima. Además, proponen medidas en otros ámbitos, como ampliar las competencias de los Juzgados especializados en Violencia Sobre la Mujer para que puedan llevar los quebrantamientos de órdenes de alejamiento o estudiar la exclusión de la atenuante de reparación del daño para estos delitos-

Asimismo, el informe se refiere al "constructo denominado síndrome de alienación parental" porque "se constata" su presencia en el ámbito de la Administración de Justicia "pese a carecer de base científica que lo avale". Por eso, el CGPJ recomienda a los profesionales relacionados con la violencia de género "que estén alerta ante la presencia de este supuesto síndrome" y eliminen los contenidos formativos "que aparezcan cargados de prejuicios".

Finalmente, los jueces abordan a las pulseras de localización para maltratadores. el CGPJ considera que el protocolo puesto en marcha por las administraciones "es insuficiente" porque se ha aplicado para el cumplimiento de las medidas cautelares y no al de las penas. "Tampoco se han desarrollado hasta las fecha las previsiones" que contiene el CP sobre este asunto, concluyen los expertos, que consideran "urgente" medidas que hagan "efectivo el derecho de la víctima a su seguridad".

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